La noción de “seguridad humana” se ha abierto paso en Naciones Unidas en contraposición a la de seguridad nacional, que solía beneficiar solo a un grupo gobernante. Es “el derecho de todas las personas a vivir libres del temor y la miseria, y disponer de iguales oportunidades” para disfrutar de sus derechos y desarrollar su potencial (As. Gral, res. 66/290, sept. 10/12, párr. 3-a).
Además de ser una seguridad para todos, es una seguridad frente a todos los factores de inseguridad: delincuencia común y grupos insurgentes, por supuesto, pero también grupos paramilitares y agentes estatales infractores. Su finalidad debe ser la realización de los derechos humanos y el medio para lograrla también debe ser el respeto de los derechos humanos, so pena de convertirse en un factor de inseguridad. Debe ser especializada, porque la fuerza que la acompaña requiere ser ejercida por funcionarios formados con observancia del principio de distinción, sin involucrar a los civiles. Debe asimismo ser integral y no solo resultado de la fuerza, por “la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales (párr. 3-c).
El Gobierno ha formulado una “Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”. Uno de sus objetivos estratégicos es “proteger a la población y contribuir a su bienestar”. Además, incluye entre ellos “la defensa del agua, la biodiversidad y los recursos naturales”. Ojalá se traduzca en seguridad para todos, aunque se hace alusión con frecuencia a la preservación de los “intereses nacionales”, concepto más cercano al de seguridad nacional. Ojalá también resulte vigorosa frente a paramilitares y agentes estatales torcidos, que habrían podido ser mencionados inequívocamente.
El “reconocimiento pleno de los derechos humanos” se enuncia como uno de los propósitos de la política de seguridad. Habría sido mejor una referencia explícita al respeto de los derechos humanos también como medio para ejecutarla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de advertir que en Colombia “no es claro si la actual doctrina militar aún contiene nociones o conceptos” que puedan poner en riesgo a la población civil. Consideró imprescindible por tanto que el Estado garantice una amplia deliberación al respecto para que los medios y métodos de guerra se ajusten al derecho (sentencia caso Víctor Isaza, párr. 207).
Esa deliberación debería extenderse por igual al análisis del carácter especializado e integral de la política de seguridad. El Gobierno habla de una “transformación estratégica con la que se busca superar la tradicional estrategia de control militar del territorio y sumar el acompañamiento de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil”. Si eso significa una vigorosa presencia del Estado social de derecho en los territorios más afectados por la violencia, bienvenida sea la iniciativa. Pero si se convierte en una militarización de las agencias civiles del Estado, la perspectiva puede ser espeluznante. Y sin vergüenza alguna se anuncia la aspiración de formar una red de informantes de un millón de ciudadanos. Mal presagio.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
La noción de “seguridad humana” se ha abierto paso en Naciones Unidas en contraposición a la de seguridad nacional, que solía beneficiar solo a un grupo gobernante. Es “el derecho de todas las personas a vivir libres del temor y la miseria, y disponer de iguales oportunidades” para disfrutar de sus derechos y desarrollar su potencial (As. Gral, res. 66/290, sept. 10/12, párr. 3-a).
Además de ser una seguridad para todos, es una seguridad frente a todos los factores de inseguridad: delincuencia común y grupos insurgentes, por supuesto, pero también grupos paramilitares y agentes estatales infractores. Su finalidad debe ser la realización de los derechos humanos y el medio para lograrla también debe ser el respeto de los derechos humanos, so pena de convertirse en un factor de inseguridad. Debe ser especializada, porque la fuerza que la acompaña requiere ser ejercida por funcionarios formados con observancia del principio de distinción, sin involucrar a los civiles. Debe asimismo ser integral y no solo resultado de la fuerza, por “la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales (párr. 3-c).
El Gobierno ha formulado una “Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”. Uno de sus objetivos estratégicos es “proteger a la población y contribuir a su bienestar”. Además, incluye entre ellos “la defensa del agua, la biodiversidad y los recursos naturales”. Ojalá se traduzca en seguridad para todos, aunque se hace alusión con frecuencia a la preservación de los “intereses nacionales”, concepto más cercano al de seguridad nacional. Ojalá también resulte vigorosa frente a paramilitares y agentes estatales torcidos, que habrían podido ser mencionados inequívocamente.
El “reconocimiento pleno de los derechos humanos” se enuncia como uno de los propósitos de la política de seguridad. Habría sido mejor una referencia explícita al respeto de los derechos humanos también como medio para ejecutarla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de advertir que en Colombia “no es claro si la actual doctrina militar aún contiene nociones o conceptos” que puedan poner en riesgo a la población civil. Consideró imprescindible por tanto que el Estado garantice una amplia deliberación al respecto para que los medios y métodos de guerra se ajusten al derecho (sentencia caso Víctor Isaza, párr. 207).
Esa deliberación debería extenderse por igual al análisis del carácter especializado e integral de la política de seguridad. El Gobierno habla de una “transformación estratégica con la que se busca superar la tradicional estrategia de control militar del territorio y sumar el acompañamiento de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil”. Si eso significa una vigorosa presencia del Estado social de derecho en los territorios más afectados por la violencia, bienvenida sea la iniciativa. Pero si se convierte en una militarización de las agencias civiles del Estado, la perspectiva puede ser espeluznante. Y sin vergüenza alguna se anuncia la aspiración de formar una red de informantes de un millón de ciudadanos. Mal presagio.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).