POBREZA E INEQUIDAD, AGRAVADAS por los tratados de libre comercio y por la persistencia del conflicto armado, son las preocupaciones principales sobre Colombia expresadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el pasado 21 de mayo.
Este organismo, integrado por 18 expertos de todo el mundo, concluyó así su análisis del informe que cada cinco años debe rendirle el Gobierno colombiano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El próximo informe debe ser presentado el 30 de junio de 2015. Es decir, que este dictamen es el balance de la política social del actual Gobierno y el punto de partida del que se inicia.
Al Comité le alarmaron los niveles de pobreza (46%) y extrema pobreza (17,8%), y especialmente de extrema pobreza en zonas rurales (32,6%), que es casi el doble del promedio nacional. Para erradicar la pobreza, el Comité recomendó “revisar el sistema impositivo, de tal forma que se reduzcan las desigualdades entre los diferentes grupos de la población”. Hizo énfasis en que se asegure el derecho de consulta a las poblaciones indígenas y afrocolombianas sobre proyectos de infraestructura, desarrollo y minería en sus territorios. De igual modo, lamentó la ausencia de reforma agraria, expresamente recomendada en informes anteriores. También resaltó las altas tasas de desempleo y subempleo, y su impacto negativo sobre la seguridad social.
Al referirse a los tratados de libre comercio, el Comité reiteró su preocupación especial por las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Pidió que se tomen medidas eficaces para proteger los derechos de la población contra los efectos negativos de tales tratados. Por lo pronto, recomendó revisar las disposiciones sobre propiedad intelectual del tratado firmado con Estados Unidos, para evitar el incremento del precio de las medicinas.
Al Comité también le inquietaron la persistencia del conflicto armado y sus consecuencias negativas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente hizo mención del reclutamiento forzado y el asesinato de niños, la violencia sexual y el asesinato de mujeres y niñas por actores armados (incluida la Fuerza Pública), así como el asesinato de sindicalistas y su impunidad.
Otros temas, que mucha gente en el país ve como naturales, impactaron por el contrario al Comité: ausencia de educación primaria gratuita y obligatoria, mortalidad materna e infantil, vivienda, agua potable, desnutrición y siete grandes problemas adicionales.
Razón tiene el Presidente en calificar su política social como un precario huevito. La inequidad, los efectos negativos de los tratados de libre comercio y la persistencia del conflicto armado (que para el Gobierno no existe) no pueden enfrentarse eficazmente con limosnas de programas clientelistas como Familias en Acción o Familias Guardabosques, de los que tanto se ufana el actual Jefe del Estado. Según el Comité, urge que su sucesor sí corrija este equivocado “rumbo”.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.
POBREZA E INEQUIDAD, AGRAVADAS por los tratados de libre comercio y por la persistencia del conflicto armado, son las preocupaciones principales sobre Colombia expresadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el pasado 21 de mayo.
Este organismo, integrado por 18 expertos de todo el mundo, concluyó así su análisis del informe que cada cinco años debe rendirle el Gobierno colombiano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El próximo informe debe ser presentado el 30 de junio de 2015. Es decir, que este dictamen es el balance de la política social del actual Gobierno y el punto de partida del que se inicia.
Al Comité le alarmaron los niveles de pobreza (46%) y extrema pobreza (17,8%), y especialmente de extrema pobreza en zonas rurales (32,6%), que es casi el doble del promedio nacional. Para erradicar la pobreza, el Comité recomendó “revisar el sistema impositivo, de tal forma que se reduzcan las desigualdades entre los diferentes grupos de la población”. Hizo énfasis en que se asegure el derecho de consulta a las poblaciones indígenas y afrocolombianas sobre proyectos de infraestructura, desarrollo y minería en sus territorios. De igual modo, lamentó la ausencia de reforma agraria, expresamente recomendada en informes anteriores. También resaltó las altas tasas de desempleo y subempleo, y su impacto negativo sobre la seguridad social.
Al referirse a los tratados de libre comercio, el Comité reiteró su preocupación especial por las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Pidió que se tomen medidas eficaces para proteger los derechos de la población contra los efectos negativos de tales tratados. Por lo pronto, recomendó revisar las disposiciones sobre propiedad intelectual del tratado firmado con Estados Unidos, para evitar el incremento del precio de las medicinas.
Al Comité también le inquietaron la persistencia del conflicto armado y sus consecuencias negativas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente hizo mención del reclutamiento forzado y el asesinato de niños, la violencia sexual y el asesinato de mujeres y niñas por actores armados (incluida la Fuerza Pública), así como el asesinato de sindicalistas y su impunidad.
Otros temas, que mucha gente en el país ve como naturales, impactaron por el contrario al Comité: ausencia de educación primaria gratuita y obligatoria, mortalidad materna e infantil, vivienda, agua potable, desnutrición y siete grandes problemas adicionales.
Razón tiene el Presidente en calificar su política social como un precario huevito. La inequidad, los efectos negativos de los tratados de libre comercio y la persistencia del conflicto armado (que para el Gobierno no existe) no pueden enfrentarse eficazmente con limosnas de programas clientelistas como Familias en Acción o Familias Guardabosques, de los que tanto se ufana el actual Jefe del Estado. Según el Comité, urge que su sucesor sí corrija este equivocado “rumbo”.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.