El conflicto armado en Colombia ha sido una disputa por la democracia que terminó convertida en guerra contra la democracia, de la cual solo saldremos fortaleciendo la democracia. Ese es el planteamiento central del segundo capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad, cuyo título es el de esta columna.
Por apropiarse de la democracia, o por supuestamente defenderla, los actores armados pasaron por encima de ella, violando la legalidad y cometiendo crímenes para tratar de ganar legitimidad entre la sociedad o en una parte de esta. El Estado, además, abusó de la legalidad, mediante instrumentos como el estado de sitio y la creación legal de grupos paramilitares por decretos legislativos o por leyes y decretos-leyes, como los que autorizaron las Convivir. La ciudadanía osciló entre el apoyo a la paz en algunos momentos, como en 1998 y 2014, o a la guerra, como en 2002 y 2016.
En esta contienda por la legitimidad fue central la noción del “enemigo interno”, con la cual el Estado estigmatizó como potencial combatiente y objetivo militar a quien pensara distinto. Engendrada en la Guerra Fría, dicha noción condujo a graves violaciones de derechos humanos, a la estigmatización del movimiento social y al tratamiento militar de los conflictos políticos.
“La democracia también se cerró debido a las guerrillas”, dice el informe. “El afán de hacer una guerra popular las llevó a que buscaran dinero a través de acciones como el secuestro” y a convertir en blancos de violencia a quienes consideraran “enemigos de clase”.
Se asestó así un duro golpe al corazón de la democracia, dificultando la alternación en el poder y la aceptación del pluralismo, en vez de lo cual predominó una atmósfera de polarización y exclusión política. En algunos territorios, se tradujo en un “poder dual”, ejercido en parte por las guerrillas y en parte por el Estado, especialmente en zonas donde pudieron controlar rentas mineras, tierras o la contratación pública. Esto se agudizó y se hizo más complejo por el narcotráfico, que tuvo alianzas y confrontación con la insurgencia, además de una estrecha relación con el paramilitarismo y con políticos regionales, gobiernos locales, el Congreso y la rama Ejecutiva, entre otros poderes.
Las élites políticas y económicas pusieron freno a las reformas sociales necesarias para consolidar la paz lograda en diversos momentos, bien fuera en los inicios del Frente Nacional, en la política de apertura democrática impulsada por Belisario Betancur o luego de la Constitución de 1991. “La paz requiere reformas para cambiar no solo la exclusión social y política, sino también la inequidad y la injusticia social. La convivencia, la no repetición y la reconciliación nacional necesitan ser un proyecto que permee todas las instituciones, los planes de gobierno, la cultura, el espacio simbólico y, sobre todo, a cada individuo, y, en especial, a los líderes. Solo así se podrá lograr construir una nación pacífica. La nación del ‘no matarás’”.
Al igual que la sociedad, la democracia colombiana está herida, hay que curarla y es posible y urgente hacerlo. Gracias, Comisión de la Verdad.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).