No cesa el asesinato de líderes y lideresas sociales. El 18 de mayo, tropas del Ejército asesinaron a Emérito Digno Buendía Martínez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Coordinación de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM). El 16 de mayo fue asesinado por otros perpetradores Jorge Enrique Oramas, reconocido ambientalista, que se oponía a la explotación minera en los farallones de Cali. El 4 de mayo, Carlos Andrés Sánchez Villa, vicepresidente de Acción Comunal de la vereda Caño Raya (Tibú, Norte de Santander). El 29 de abril, el dirigente campesino Álvaro Narváez Daza, junto con su esposa, María Delia Daza Rodríguez, su hija, Cristina Narváez Daza, y su nieta de 15 años, Katherine López. Entre el 1º de enero y el 30 de abril de este año la Comisión Colombiana de Juristas ha registrado 87 asesinatos y una desaparición forzada de líderes y lideresas sociales: uno cada día en enero y febrero (30 y 28, respectivamente) y uno cada dos días en marzo y abril (16 y 14, respectivamente). De continuar en esa proporción, el total de estos asesinatos en 2020 llegaría a 264.
264 fueron también los asesinatos de líderes y lideresas sociales registrados en 2019. El Gobierno quiso hacer creer que en 2019 hubo menos homicidios contra estas víctimas que en 2018. En gracia de discusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le aceptó esa afirmación, en un informe sobre las agresiones contra líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos entre el 1º de enero de 2016 y el 6 de diciembre de 2019, fecha de publicación del informe. Se trata de un juicioso estudio de 129 páginas, basado en una visita practicada al país entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 2018, así como en 13 audiencias celebradas en la CIDH y en entrevistas e informes recibidos de autoridades nacionales y miembros de la sociedad civil. De sus valiosas recomendaciones convendría destacar tres, sobre la resistencia del Gobierno a aceptar la gravedad del fenómeno:
Si bien la fuerza pública no es la principal causante de estos homicidios, el Gobierno no debe empecinarse en negar la responsabilidad de miembros del Ejército y de la Policía en algunas de estas muertes. En los cuatro primeros meses de 2020 se atribuyen cinco casos a las disidencias de las Farc, tres a civiles, dos a las Autodefensas Gaitanistas, ocho a grupos armados sin identificar, 65 a autor no identificado, pero tres al Ejército y dos a la Policía.
Sería saludable, de otra parte, organizar, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, un registro oficial de los casos de agresiones contra estas víctimas, de tal manera que pueda tenerse una visión rigurosa del fenómeno, como base para resolverlo.
Es indispensable, además, superar la impunidad a través de investigaciones que revelen quién está detrás de estas agresiones. No es sano conformarse con la afirmación de la Fiscalía que asegura que ha esclarecido más del 50 % de los casos porque ha identificado a algunos autores materiales. ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes son las Águilas Negras? ¿Sirven para algo las “investigaciones exhaustivas” al respecto?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
No cesa el asesinato de líderes y lideresas sociales. El 18 de mayo, tropas del Ejército asesinaron a Emérito Digno Buendía Martínez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la Coordinación de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM). El 16 de mayo fue asesinado por otros perpetradores Jorge Enrique Oramas, reconocido ambientalista, que se oponía a la explotación minera en los farallones de Cali. El 4 de mayo, Carlos Andrés Sánchez Villa, vicepresidente de Acción Comunal de la vereda Caño Raya (Tibú, Norte de Santander). El 29 de abril, el dirigente campesino Álvaro Narváez Daza, junto con su esposa, María Delia Daza Rodríguez, su hija, Cristina Narváez Daza, y su nieta de 15 años, Katherine López. Entre el 1º de enero y el 30 de abril de este año la Comisión Colombiana de Juristas ha registrado 87 asesinatos y una desaparición forzada de líderes y lideresas sociales: uno cada día en enero y febrero (30 y 28, respectivamente) y uno cada dos días en marzo y abril (16 y 14, respectivamente). De continuar en esa proporción, el total de estos asesinatos en 2020 llegaría a 264.
264 fueron también los asesinatos de líderes y lideresas sociales registrados en 2019. El Gobierno quiso hacer creer que en 2019 hubo menos homicidios contra estas víctimas que en 2018. En gracia de discusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le aceptó esa afirmación, en un informe sobre las agresiones contra líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos entre el 1º de enero de 2016 y el 6 de diciembre de 2019, fecha de publicación del informe. Se trata de un juicioso estudio de 129 páginas, basado en una visita practicada al país entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 2018, así como en 13 audiencias celebradas en la CIDH y en entrevistas e informes recibidos de autoridades nacionales y miembros de la sociedad civil. De sus valiosas recomendaciones convendría destacar tres, sobre la resistencia del Gobierno a aceptar la gravedad del fenómeno:
Si bien la fuerza pública no es la principal causante de estos homicidios, el Gobierno no debe empecinarse en negar la responsabilidad de miembros del Ejército y de la Policía en algunas de estas muertes. En los cuatro primeros meses de 2020 se atribuyen cinco casos a las disidencias de las Farc, tres a civiles, dos a las Autodefensas Gaitanistas, ocho a grupos armados sin identificar, 65 a autor no identificado, pero tres al Ejército y dos a la Policía.
Sería saludable, de otra parte, organizar, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, un registro oficial de los casos de agresiones contra estas víctimas, de tal manera que pueda tenerse una visión rigurosa del fenómeno, como base para resolverlo.
Es indispensable, además, superar la impunidad a través de investigaciones que revelen quién está detrás de estas agresiones. No es sano conformarse con la afirmación de la Fiscalía que asegura que ha esclarecido más del 50 % de los casos porque ha identificado a algunos autores materiales. ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes son las Águilas Negras? ¿Sirven para algo las “investigaciones exhaustivas” al respecto?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)