El conflicto armado en Colombia lamentablemente no ha terminado, pese al importante acuerdo de paz logrado con las Farc. Poner fin a la guerra de más de medio siglo con el más numeroso y mejor organizado grupo insurgente en el país es un logro valiosísimo, que se traduce en bienestar para el conjunto de la población, pese a la visceral resistencia de sus detractores. Sus resultados en materia de disminución sustancial del número de víctimas son palpables. Es de esperar que resultados adicionales se sigan haciendo evidentes en materia de justicia, verdad y reparación en los próximos meses, así como en restitución de tierras, desarrollo rural, sustitución de cultivos, inclusión política y fortalecimiento institucional.
Pero subsisten actores y factores de guerra que es necesario enfrentar. Tres grandes retos, si no cuatro, se vislumbran en esta materia: el Eln, los sucesores de los grupos paramilitares y la disidencia de las Farc. Difícil saber todavía si los autores del repudiable atentado perpetrado en el Centro Andino de Bogotá el pasado 19 de junio constituyen un cuarto desafío.
En relación con todos estos retos el Estado debería desplegar su máxima capacidad de acción y de combinación de modalidades de tratamiento. Tratándose de grupos que actúan militarmente, la acción militar de parte del Estado no puede eludirse. Pero debe complementarse con una eficiente actividad investigativa y judicial. Además, donde sea posible, deberían desarrollarse mecanismos para una terminación voluntaria de las hostilidades.
Esto último es lo que se está intentando con el Eln en Quito. La negativa de este grupo a renunciar al secuestro dificulta la solución del problema. También, su planteamiento sobre el sujeto de la negociación: “Es indispensable —dicen— que se comprometa a todos los sectores de la sociedad (…) a diseñar el proceso, a participar en él y a implementarlo”. Quizá sea necesario que esos sectores le reclamen al Eln que deponga tales actitudes, por inaceptables e inviables, y que concrete un acuerdo de paz lo más pronto posible, ahora que hay un ambiente todavía favorable para que entre a la vida política legal sin armas.
Con los grupos sucesores del paramilitarismo se cometió el error de considerarlos ajenos al conflicto armado por el solo hecho de que el Gobierno anterior les cambió de nombre y los bautizó como “Bacrim”. Se llegó a desconocer el derecho de las víctimas de sus acciones a recibir el apoyo estatal, por no tener supuestamente vinculación con el conflicto. Afortunadamente esa aberración fue corregida por la Corte, al advertir que “no se puede ignorar la situación de las víctimas de actos violentos de las bandas criminales que emergieron luego del proceso de desmovilización de grupos paramilitares y cuyo surgimiento tampoco puede verse de manera aislada del proceso de reinserción” (Sent. T-290/16). Ahora se acaba de crear un Grupo Élite, integrado por 1.088 hombres y mujeres de la Policía, para coordinar la información de inteligencia al respecto y enfrentarlos.
Ojalá con las disidencias de las Farc no se repita el error de considerarlos como grupos sin vinculación con el conflicto, en perjuicio de las víctimas y de la paz.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El conflicto armado en Colombia lamentablemente no ha terminado, pese al importante acuerdo de paz logrado con las Farc. Poner fin a la guerra de más de medio siglo con el más numeroso y mejor organizado grupo insurgente en el país es un logro valiosísimo, que se traduce en bienestar para el conjunto de la población, pese a la visceral resistencia de sus detractores. Sus resultados en materia de disminución sustancial del número de víctimas son palpables. Es de esperar que resultados adicionales se sigan haciendo evidentes en materia de justicia, verdad y reparación en los próximos meses, así como en restitución de tierras, desarrollo rural, sustitución de cultivos, inclusión política y fortalecimiento institucional.
Pero subsisten actores y factores de guerra que es necesario enfrentar. Tres grandes retos, si no cuatro, se vislumbran en esta materia: el Eln, los sucesores de los grupos paramilitares y la disidencia de las Farc. Difícil saber todavía si los autores del repudiable atentado perpetrado en el Centro Andino de Bogotá el pasado 19 de junio constituyen un cuarto desafío.
En relación con todos estos retos el Estado debería desplegar su máxima capacidad de acción y de combinación de modalidades de tratamiento. Tratándose de grupos que actúan militarmente, la acción militar de parte del Estado no puede eludirse. Pero debe complementarse con una eficiente actividad investigativa y judicial. Además, donde sea posible, deberían desarrollarse mecanismos para una terminación voluntaria de las hostilidades.
Esto último es lo que se está intentando con el Eln en Quito. La negativa de este grupo a renunciar al secuestro dificulta la solución del problema. También, su planteamiento sobre el sujeto de la negociación: “Es indispensable —dicen— que se comprometa a todos los sectores de la sociedad (…) a diseñar el proceso, a participar en él y a implementarlo”. Quizá sea necesario que esos sectores le reclamen al Eln que deponga tales actitudes, por inaceptables e inviables, y que concrete un acuerdo de paz lo más pronto posible, ahora que hay un ambiente todavía favorable para que entre a la vida política legal sin armas.
Con los grupos sucesores del paramilitarismo se cometió el error de considerarlos ajenos al conflicto armado por el solo hecho de que el Gobierno anterior les cambió de nombre y los bautizó como “Bacrim”. Se llegó a desconocer el derecho de las víctimas de sus acciones a recibir el apoyo estatal, por no tener supuestamente vinculación con el conflicto. Afortunadamente esa aberración fue corregida por la Corte, al advertir que “no se puede ignorar la situación de las víctimas de actos violentos de las bandas criminales que emergieron luego del proceso de desmovilización de grupos paramilitares y cuyo surgimiento tampoco puede verse de manera aislada del proceso de reinserción” (Sent. T-290/16). Ahora se acaba de crear un Grupo Élite, integrado por 1.088 hombres y mujeres de la Policía, para coordinar la información de inteligencia al respecto y enfrentarlos.
Ojalá con las disidencias de las Farc no se repita el error de considerarlos como grupos sin vinculación con el conflicto, en perjuicio de las víctimas y de la paz.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).