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2 Dec 2021 - 5:30 a. m.

Rumbo a la “lista negra”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está preocupada “por la persistencia estructural de la violencia en Colombia”. Así lo expresó en el Comunicado 316/21, divulgado el 25 de noviembre, donde se alarma por “el aumento en el número de asesinatos en el país, que, según el Ministerio de Defensa, totalizaron 11.509 casos hasta el 4 de noviembre, lo cual representa un incremento del 15,5 % en relación con los 9.962 hechos registrados en el mismo período del año 2020”, y destaca el aumento de un 20 % de los feminicidios.

También se refiere a la “violencia contra personas defensoras y con liderazgo social, excombatientes, así como masacres en los departamentos de la región del Pacífico —en particular en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca—, Antioquia y Norte de Santander que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas”. Advierte que, “(s)egún la Defensoría del Pueblo, se registra el asesinato de 78 personas en el primer semestre del año. A su vez, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió 180 alegaciones de homicidios de personas defensoras, entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2021, de las cuales ha verificado 67 y 83 están pendientes, mientras 30 se encuentran en estudio”. Resaltó igualmente que “la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia ha señalado que, entre enero y septiembre del presente año, fueron asesinadas 44 personas excombatientes, firmantes del Acuerdo de Paz”.

Ante esta vergüenza, “(l)a CIDH insta al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales. Le recuerda su deber de proteger y garantizar de manera práctica y efectiva la vida y la integridad personal, y le exhorta a reforzar las investigaciones y sancionar a los autores materiales e intelectuales”. Por todo lo anterior, “la Comisión Interamericana reafirma su plena convicción sobre la necesidad de fortalecer la implementación integral del Acuerdo de Paz y ofrece sus herramientas de cooperación técnica para contribuir en este proceso”.

Luego de su visita al país del 8 al 10 de junio de este año, la Comisión anunció “la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”. El Gobierno reaccionó contra ese anuncio diciendo que “aceptar el seguimiento de las recomendaciones desvirtúa su carácter no vinculante”. Pero olvidó que la Comisión está facultada para preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones, y publicarlos del modo que juzgue oportuno (art. 58 del reglamento). Además, la Comisión puede incluir a un Estado en el Capítulo IV.B (la “lista negra”) de su informe anual a la Asamblea General cuando verifique “la comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones con la Convención Americana de Derechos Humanos y se expone a ser incluido en el Capítulo IV.B el próximo año. Lo peor de eso es que significa una seria desprotección de los derechos básicos de la población colombiana.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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