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En la columna pasada se indicó que la Comisión de la Verdad ve una Colombia enferma y nuestra democracia herida, donde las víctimas del conflicto armado son, en su mayoría, población civil, y ausculta a los principales actores de ese conflicto: la fuerza pública, el entramado paramilitar y la insurgencia. Aquí se presenta la segunda parte de dicho diagnóstico:
Un elemento agravante es el narcotráfico. Por lo pronto, es motor del paramilitarismo. También ha estado presente de diferentes maneras en las guerrillas. E igualmente en el Estado, pues la “guerra contra las drogas” ha sido una política contrainsurgente, en perjuicio de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Hay que superar la visión bélica del narcotráfico, y diseñar una política que facilite el sometimiento a la ley de los grupos armados, dice el informe.
Otro elemento agravante es la impunidad, pues de 9’363.124 víctimas solo se han investigado judicialmente 223.282 delitos y son escasas las sentencias. El Estado facultó a los tribunales militares para procesar a civiles, y a la justicia militar para encubrir los delitos cometidos por militares durante el conflicto armado. Los grupos paramilitares y guerrilleros han asesinado y hostigado a jueces y a fiscales. Por eso, la justicia que se imparta a través de la Jurisdicción Especial para la Paz será determinante para superar “la desesperanza, la violencia y la desigualdad ante la ley” y para lograr una “paz verdadera” en Colombia.
En gran medida el conflicto armado ha estado determinado por el acaparamiento de la tierra en desmedro de poblaciones campesinas. Es un fenómeno que viene desde la Colonia, y que se acentuó por la conversión de poderosos narcotraficantes en terratenientes y por la descentralización del Estado, que facilitó, sin quererlo, una alianza de políticos locales con usurpadores de tierras, funcional al clientelismo. Colombia tiene uno de los peores índices mundiales de concentración de tierras: 0,92 de Gini, que contrasta con 0,57 en Europa, 0,56 en África, 0,55 en Asia y 0,79 en América Latina. Nueve millones de personas han sido desplazadas y más de seis millones de hectáreas han sido usurpadas.
Ese acaparamiento se basó, a su vez, en un profundo racismo contra indígenas, afrocolombianos y poblaciones pobres, también desde la Colonia. Muchos de ellos terminaron siendo considerados como “enemigos internos” por los ideólogos del Estado. Por su parte, las guerrillas aplicaron el concepto de “enemigos de clase” para justificar sus acciones. El resultado de estas visiones descalificatorias de la persona diferente fue una catástrofe de dimensiones colosales.
Esta mentalidad discriminatoria, traducida en un monumental despojo de tierras, realizado con gran impunidad por agentes estatales, paramilitares y guerrillas, relacionados con el narcotráfico, ha generado una sociedad desconfiada y enferma, una democracia herida e imperfecta y una población civil afectada por la guerra, supuestamente efectuada por combatientes. Este es el diagnóstico sobre el cual la Comisión de la Verdad formula sus recomendaciones.
Gracias, Comisión de la Verdad.
*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra
