Tercer aviso sobre “falsos positivos” y otros crímenes
Por tercera vez, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le ha dicho a Colombia que no ve suficientes resultados en materia de justicia contra los principales responsables de los mal llamados “falsos positivos”, o sea, los asesinatos perpetrados por militares contra civiles para ser presentados engañosamente como guerrilleros muertos en combate.
“Desde 2012, dos coroneles, dos tenientes coroneles, 12 mayores, ocho capitanes y 29 tenientes han sido condenados por este tipo de conducta”, afirma en el informe publicado el pasado 14 de noviembre. Se trata de un “examen preliminar” sobre Colombia que desde 2004 efectúa esa Fiscalía en relación con crímenes de lesa humanidad y de guerra (estos últimos a partir de 2009), que eventualmente serían presentados ante la Corte si en nuestro país no se hace justicia sobre ellos.
El informe reconoce que se han iniciado investigaciones contra 14 comandantes y que un caso contra un general ha pasado a la etapa de juicio, pero advierte que “no ha recibido información detallada de las autoridades colombianas acerca de los casos que estarían siendo investigados”. En su informe de 2012, esa Fiscalía había reprochado enérgicamente al Estado el hecho de que “los procesos han fracasado ostensiblemente en enfocarse sobre las personas que habrían tenido la mayor responsabilidad por la comisión de estos crímenes”. En el de 2013 anunció que “seguiría supervisando el progreso de estas investigaciones para ver si ellas arrojan luz sobre el contexto y las circunstancias de estos crímenes y si al final buscan esclarecer la presunta responsabilidad de altos mandos por la comisión de los más graves crímenes, bien sea como perpetradores o en virtud de su responsabilidad como comandantes”.
Es que, además, la cantidad de asesinatos cometidos bajo esta modalidad es descomunal: 4.190 víctimas tiene registradas la Fiscalía colombiana, en relación con 2.241 casos que está investigando, según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con datos a julio de 2016. Y se han dictado, hasta febrero de 2016, 817 sentencias contra 961 miembros de la fuerza pública, pero ninguno de ellos de alto rango.
Por ello, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se manifiesta vigilante para prevenir riesgos de impunidad en esta materia cuando se ponga en marcha la Jurisdicción Especial prevista en el Acuerdo de Paz. En consecuencia, estará atenta a verificar “si existe alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por (…) la Jurisdicción Especial para la Paz, como las relativas a la responsabilidad del superior, que podría socavar su capacidad para proceder de manera genuina en relación” con estos casos.
El informe de noviembre de 2016 también alerta sobre los escasos avances y la ausencia de información detallada en materia de investigación y juzgamiento de casos de desplazamiento forzado y de delitos sexuales y de género, perpetrados tanto por miembros de las Farc, como del Eln y de la fuerza pública. Es claro entonces que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia ordinaria tienen que estar a la altura de los parámetros de la justicia penal internacional. En estos asuntos no suele haber un cuarto aviso.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
Por tercera vez, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le ha dicho a Colombia que no ve suficientes resultados en materia de justicia contra los principales responsables de los mal llamados “falsos positivos”, o sea, los asesinatos perpetrados por militares contra civiles para ser presentados engañosamente como guerrilleros muertos en combate.
“Desde 2012, dos coroneles, dos tenientes coroneles, 12 mayores, ocho capitanes y 29 tenientes han sido condenados por este tipo de conducta”, afirma en el informe publicado el pasado 14 de noviembre. Se trata de un “examen preliminar” sobre Colombia que desde 2004 efectúa esa Fiscalía en relación con crímenes de lesa humanidad y de guerra (estos últimos a partir de 2009), que eventualmente serían presentados ante la Corte si en nuestro país no se hace justicia sobre ellos.
El informe reconoce que se han iniciado investigaciones contra 14 comandantes y que un caso contra un general ha pasado a la etapa de juicio, pero advierte que “no ha recibido información detallada de las autoridades colombianas acerca de los casos que estarían siendo investigados”. En su informe de 2012, esa Fiscalía había reprochado enérgicamente al Estado el hecho de que “los procesos han fracasado ostensiblemente en enfocarse sobre las personas que habrían tenido la mayor responsabilidad por la comisión de estos crímenes”. En el de 2013 anunció que “seguiría supervisando el progreso de estas investigaciones para ver si ellas arrojan luz sobre el contexto y las circunstancias de estos crímenes y si al final buscan esclarecer la presunta responsabilidad de altos mandos por la comisión de los más graves crímenes, bien sea como perpetradores o en virtud de su responsabilidad como comandantes”.
Es que, además, la cantidad de asesinatos cometidos bajo esta modalidad es descomunal: 4.190 víctimas tiene registradas la Fiscalía colombiana, en relación con 2.241 casos que está investigando, según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con datos a julio de 2016. Y se han dictado, hasta febrero de 2016, 817 sentencias contra 961 miembros de la fuerza pública, pero ninguno de ellos de alto rango.
Por ello, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se manifiesta vigilante para prevenir riesgos de impunidad en esta materia cuando se ponga en marcha la Jurisdicción Especial prevista en el Acuerdo de Paz. En consecuencia, estará atenta a verificar “si existe alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por (…) la Jurisdicción Especial para la Paz, como las relativas a la responsabilidad del superior, que podría socavar su capacidad para proceder de manera genuina en relación” con estos casos.
El informe de noviembre de 2016 también alerta sobre los escasos avances y la ausencia de información detallada en materia de investigación y juzgamiento de casos de desplazamiento forzado y de delitos sexuales y de género, perpetrados tanto por miembros de las Farc, como del Eln y de la fuerza pública. Es claro entonces que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia ordinaria tienen que estar a la altura de los parámetros de la justicia penal internacional. En estos asuntos no suele haber un cuarto aviso.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)