:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/c677242e-34d8-4bcb-b24d-f77d1c8e7815.png){kind=small}
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, electo el 12 de febrero y posesionado este 16 de junio, vino a Colombia la semana pasada a anunciar el cierre del examen preliminar que su oficina viene desarrollando sobre Colombia desde 2004.
Dicho examen ha sido muy positivo para el país y contribuyó a lograr que el Acuerdo de Paz no se basara en la impunidad, sino en la aceptación de un sistema de justicia transicional. Gracias a ello, la Fiscalía de la CPI ha acompañado este sistema para fortalecerlo y preservarlo frente a los ataques o la falta de colaboración por parte de sectores opuestos al Acuerdo, incluido el Gobierno.
El cierre del examen preliminar es producto de los avances logrados por la justicia transicional; es decir, por la JEP y los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a pesar de la deficiente colaboración, cuando no de la franca oposición del Gobierno y de su partido.
El fiscal de la Corte Penal Internacional le pidió al presidente de Colombia que firmara un acuerdo en el cual el Gobierno reconoció el rango constitucional que tiene el Sistema Integral, y la Fiscalía de la CPI enfatizó su compromiso de participar en un proceso a largo plazo, tanto de apoyo como de aprendizaje de los procesos nacionales de rendición de cuentas. Sobre esas premisas, el fiscal dejó claro que el cierre del examen queda sujeto a una posible reconsideración posterior, como consecuencia de lo cual el Gobierno se comprometió a continuar salvaguardando la estructura y el marco constitucional y legislativo establecido para la JEP, asegurar el presupuesto necesario para su implementación y prevenir cualquier interferencia con sus funciones.
Esto tendrá que producir efectos sobre las propuestas que parlamentarios del partido de gobierno vienen haciendo para reformar y debilitar a la JEP, frente a las cuales el Gobierno adquirió con el fiscal de la CPI la obligación de enfrentarlas. Algunos de ellos han dicho que el acuerdo no limita sus atribuciones y han anunciado que insistirán en sus propuestas de modificar o suprimir la JEP. Peor para ellos, pues en el documento quedó establecido que la Fiscalía de la CPI podrá reabrir el examen, o incluso presentar casos sobre Colombia ante la CPI, en caso de que ocurra cualquier cambio significativo de las circunstancias, como obstaculizar el progreso de los procedimientos pertinentes, obstruir el mandato o el funcionamiento adecuado de la JEP, o cualquier revisión o suspensión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz.
Si bien se cerró el examen, el Gobierno y los sectores contrarios al Acuerdo de Paz quedaron advertidos de que cualquier ataque contra este o cualquier intento de modificación del sistema de justicia transicional puede dar lugar a la reapertura del examen preliminar o a la presentación de casos de Colombia ante la CPI.
Así las cosas, aunque el fiscal de la CPI no fue propiamente solidario con las víctimas y acabó neciamente un procedimiento que ha favorecido la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición para ellas, el cierre del examen está acompañado paradójicamente de un espaldarazo a la JEP. Hay que hacer valer este espaldarazo.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).