La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos publicó el 5 de julio el “Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia” correspondiente al período abril-junio de 2020. Es el segundo de cuatro que se propone publicar este año, por instrucciones del presidente de la República.
Es una iniciativa que se debe valorar positivamente, así como su realización, pues implica concentrar energías en la documentación, el análisis y la reflexión sobre este problema, uno de los más graves del país, y diseñar políticas para hacerle frente. Además, permite conocer qué piensa el Gobierno al respecto, lo cual facilita la conversación o el debate sobre esta delicada materia. También cabe apreciar que el documento haya incluido informaciones y observaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de la Defensoría del Pueblo (especialmente las alertas tempranas 026 de 2018 y 018 de 2020) y de organizaciones no gubernamentales —Somos Defensores, CINEP, Indepaz y la Misión de Observación Electoral (MOE)—.
Cabe asimismo extrañarse de ver que según el Gobierno estos homicidios están disminuyendo, cuando es evidente que han aumentado dramáticamente. El informe se aferra a las cifras de casos comprobados por Naciones Unidas, que son 37 de enero a junio, mientras que Indepaz registra 153; CINEP, 47; la MOE, 61 hasta el 31 de mayo, y Somos Defensores, 47 hasta el 30 de abril. Además, el propio informe advierte que hay 49 casos en trámite de verificación, lo que podría llevar el total, según las cuentas del Gobierno, a 86 durante el semestre, que es muy superior a los 53 homicidios que la Consejería reconoce para igual período de 2019.
El documento advierte que la clasificación de casos pendientes de verificación “no quiere decir que los hechos violentos no hayan ocurrido; lo que indica es que el perfilamiento de las víctimas de estos homicidios está en proceso de verificación a efectos de determinar si ejercían el rol de liderazgo para la defensa de los derechos humanos”. Además, Naciones Unidas tiene menos capacidad para hacer esa verificación que el Gobierno, por lo cual este debería hacer una verificación al menos provisional, sin esperar el pronunciamiento de Naciones Unidas. No es de ninguna manera sano, en tales condiciones, concluir que el fenómeno se esté reduciendo, pues así se nublan sus dimensiones y se debilita la energía para combatirlo.
Llama también la atención la forma inapropiada como se presentan las medidas que el Gobierno dice haber adoptado y la poca eficacia de los resultados. Se reseñan números, fechas y lugares de reunión con diversas entidades, como las Mesas Territoriales de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, el Plan de Acción Oportuna y otras instancias, pero no se indica qué mecanismos se adoptaron en ellas, ni qué transformaciones produjeron. Solo en relación con la Policía hay datos más precisos sobre capturas, bajas y otras acciones. ¿Por qué entonces la matanza continúa? Tampoco se dice una palabra sobre medidas económicas y sociales, más allá de las coercitivas, para enfrentarla.
Quizás hace falta todavía mucho pelo pa’l moño. Grave.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos publicó el 5 de julio el “Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia” correspondiente al período abril-junio de 2020. Es el segundo de cuatro que se propone publicar este año, por instrucciones del presidente de la República.
Es una iniciativa que se debe valorar positivamente, así como su realización, pues implica concentrar energías en la documentación, el análisis y la reflexión sobre este problema, uno de los más graves del país, y diseñar políticas para hacerle frente. Además, permite conocer qué piensa el Gobierno al respecto, lo cual facilita la conversación o el debate sobre esta delicada materia. También cabe apreciar que el documento haya incluido informaciones y observaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de la Defensoría del Pueblo (especialmente las alertas tempranas 026 de 2018 y 018 de 2020) y de organizaciones no gubernamentales —Somos Defensores, CINEP, Indepaz y la Misión de Observación Electoral (MOE)—.
Cabe asimismo extrañarse de ver que según el Gobierno estos homicidios están disminuyendo, cuando es evidente que han aumentado dramáticamente. El informe se aferra a las cifras de casos comprobados por Naciones Unidas, que son 37 de enero a junio, mientras que Indepaz registra 153; CINEP, 47; la MOE, 61 hasta el 31 de mayo, y Somos Defensores, 47 hasta el 30 de abril. Además, el propio informe advierte que hay 49 casos en trámite de verificación, lo que podría llevar el total, según las cuentas del Gobierno, a 86 durante el semestre, que es muy superior a los 53 homicidios que la Consejería reconoce para igual período de 2019.
El documento advierte que la clasificación de casos pendientes de verificación “no quiere decir que los hechos violentos no hayan ocurrido; lo que indica es que el perfilamiento de las víctimas de estos homicidios está en proceso de verificación a efectos de determinar si ejercían el rol de liderazgo para la defensa de los derechos humanos”. Además, Naciones Unidas tiene menos capacidad para hacer esa verificación que el Gobierno, por lo cual este debería hacer una verificación al menos provisional, sin esperar el pronunciamiento de Naciones Unidas. No es de ninguna manera sano, en tales condiciones, concluir que el fenómeno se esté reduciendo, pues así se nublan sus dimensiones y se debilita la energía para combatirlo.
Llama también la atención la forma inapropiada como se presentan las medidas que el Gobierno dice haber adoptado y la poca eficacia de los resultados. Se reseñan números, fechas y lugares de reunión con diversas entidades, como las Mesas Territoriales de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, el Plan de Acción Oportuna y otras instancias, pero no se indica qué mecanismos se adoptaron en ellas, ni qué transformaciones produjeron. Solo en relación con la Policía hay datos más precisos sobre capturas, bajas y otras acciones. ¿Por qué entonces la matanza continúa? Tampoco se dice una palabra sobre medidas económicas y sociales, más allá de las coercitivas, para enfrentarla.
Quizás hace falta todavía mucho pelo pa’l moño. Grave.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).