Una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en diciembre pasado, resulta muy aleccionadora frente al persistente asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se trata de la desaparición forzada de Víctor Isaza Uribe, un sindicalista de 33 años que se encontraba detenido en la cárcel de Puerto Nare, de donde fue secuestrado el 19 de noviembre de 1987 por un grupo de aproximadamente diez hombres armados. No se ha vuelto a saber de su paradero y su caso permanece impune, luego de tres décadas. Por ello, se ordenó impartir justicia y reparar a la familia de Víctor.
La Corte declaró al Estado responsable de esta desaparición no solo porque Víctor estaba bajo su custodia y debía garantizar su seguridad, sino porque en la zona actuaban de manera notoria los grupos paramilitares, en connivencia con agentes de la fuerza pública (párr. 142 a 146 de la sentencia). Esta localidad del Magdalena Medio estaba fuertemente militarizada con efectivos del Ejército y de la Armada. Pero además la Corte supo que en Colombia han existido desde hace 50 años o más, y existen todavía, unos manuales militares que promueven “la activación de grupos paramilitares para combatir un ‘enemigo’ que incluía a personas y organizaciones que ejercían o reclamaban sus derechos a través de la acción colectiva” (párr. 128). Es decir, líderes sindicales y, en general, líderes sociales.
La Corte advirtió que la desaparición de Víctor Isaza, trabajador de Cementos Nare durante 13 años, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción (Sutimac), estuvo precedida por el asesinato de siete miembros del sindicato, empezando por el de su presidente un año antes, en diciembre de 1986 (párr. 50 y 51 y notas 50 y 52). Luego de la desaparición de Víctor, y hasta septiembre de 1989, fueron asesinados otros 11 miembros (nota 53). Así, “exterminaron completamente dos juntas directivas del sindicato de Cementos del Nare” (párr. 50).
Ellos hacían parte de los más de 500 sindicalistas asesinados en el país y denunciados desde 1986 hasta 1990 (párr. 123), que hoy superan la cifra de 3.000. Muchos de ellos han sido atribuidos, por empresarios y por diversas autoridades, a líos de faldas. Esto último no lo dice la sentencia, pero sí consta en los documentos de la OIT y es semejante al argumento con el que se suele descalificar el asesinato de líderes sociales.
Para la Corte “es evidente que en Colombia persiste la violencia contra organizaciones sindicales” y que “las políticas y programas adoptados por el Estado aún no son efectivos”. En consecuencia, le ordena fortalecerlos, “en coordinación y consulta con las organizaciones sindicales”, e informar al respecto anualmente a la Corte, durante tres años (párr. 191).
Además, a fin de aclarar si la actual doctrina militar puede aún poner en riesgo a la población civil, la Corte “estima imprescindible que el Estado garantice el derecho de la sociedad colombiana de conocer en una amplia deliberación pública” el contenido de dicha doctrina y establecer sus límites (párr. 207). Hoy más que nunca urge esta deliberación. Es un elemental asunto de seguridad ciudadana.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en diciembre pasado, resulta muy aleccionadora frente al persistente asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se trata de la desaparición forzada de Víctor Isaza Uribe, un sindicalista de 33 años que se encontraba detenido en la cárcel de Puerto Nare, de donde fue secuestrado el 19 de noviembre de 1987 por un grupo de aproximadamente diez hombres armados. No se ha vuelto a saber de su paradero y su caso permanece impune, luego de tres décadas. Por ello, se ordenó impartir justicia y reparar a la familia de Víctor.
La Corte declaró al Estado responsable de esta desaparición no solo porque Víctor estaba bajo su custodia y debía garantizar su seguridad, sino porque en la zona actuaban de manera notoria los grupos paramilitares, en connivencia con agentes de la fuerza pública (párr. 142 a 146 de la sentencia). Esta localidad del Magdalena Medio estaba fuertemente militarizada con efectivos del Ejército y de la Armada. Pero además la Corte supo que en Colombia han existido desde hace 50 años o más, y existen todavía, unos manuales militares que promueven “la activación de grupos paramilitares para combatir un ‘enemigo’ que incluía a personas y organizaciones que ejercían o reclamaban sus derechos a través de la acción colectiva” (párr. 128). Es decir, líderes sindicales y, en general, líderes sociales.
La Corte advirtió que la desaparición de Víctor Isaza, trabajador de Cementos Nare durante 13 años, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción (Sutimac), estuvo precedida por el asesinato de siete miembros del sindicato, empezando por el de su presidente un año antes, en diciembre de 1986 (párr. 50 y 51 y notas 50 y 52). Luego de la desaparición de Víctor, y hasta septiembre de 1989, fueron asesinados otros 11 miembros (nota 53). Así, “exterminaron completamente dos juntas directivas del sindicato de Cementos del Nare” (párr. 50).
Ellos hacían parte de los más de 500 sindicalistas asesinados en el país y denunciados desde 1986 hasta 1990 (párr. 123), que hoy superan la cifra de 3.000. Muchos de ellos han sido atribuidos, por empresarios y por diversas autoridades, a líos de faldas. Esto último no lo dice la sentencia, pero sí consta en los documentos de la OIT y es semejante al argumento con el que se suele descalificar el asesinato de líderes sociales.
Para la Corte “es evidente que en Colombia persiste la violencia contra organizaciones sindicales” y que “las políticas y programas adoptados por el Estado aún no son efectivos”. En consecuencia, le ordena fortalecerlos, “en coordinación y consulta con las organizaciones sindicales”, e informar al respecto anualmente a la Corte, durante tres años (párr. 191).
Además, a fin de aclarar si la actual doctrina militar puede aún poner en riesgo a la población civil, la Corte “estima imprescindible que el Estado garantice el derecho de la sociedad colombiana de conocer en una amplia deliberación pública” el contenido de dicha doctrina y establecer sus límites (párr. 207). Hoy más que nunca urge esta deliberación. Es un elemental asunto de seguridad ciudadana.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).