¿Usted notaría un chanchullo?

A nadie se le niega una notaría. A nadie que sea alguien… o represente los intereses de alguien. Las notarías se inventaron para que la fe pública respaldara los apetitos políticos, para que se enriquecieran los amigos de los cacaos de turno o a modo de efectivas suturas en las bocas de quienes no deben contar lo que saben.

Se hicieron para todo, porque, como dicen de los silleteros, “es Colombia la que pasa” por las notarías. Y pasa, eso sí, pagando, pues se cuentan con los dedos de una mano los servicios que no se cobran en esta especie de servitecas de la inutilidad.

Con la loca idea de que, en un campo reservado para pagar favores y enriquecer particulares, tuvieran cabida los más capaces (¿“gobernaré con los más honestos y los más capaces”?), es decir, los abogados más preparados y conocedores del derecho notarial, se abrió el concurso para elegir cerca de 860 notarios. Concurso que privilegia el conocimiento, los méritos profesionales y la experiencia.

Y pasó lo que tenía que pasar: que los notarios de a dedo, por lo general bastante escasos de habilidades intelectuales –cuando no morales- para eso que llaman “guardar la fe pública”, dedicaron sus energías a meterle palos a la rueda. Desde entonces lo han hecho todo: tentar conciencias de jueces en provincia, dilatar los cronogramas de entrevistas, presentar docenas y docenas de amañadas tutelas, señalar inconsistencias en los exámenes del concurso, mover como peones a senadores con aspiraciones presidenciales, presentar proyectos de ley para cambiar a media marcha las reglas de juego (logrando, como lo hicieron el pasado 9 de octubre, que esos proyectos encabezaran la agenda de una plenaria), colarse en el concurso estando inhabilitados (“59 de los 864 notarios que integran la nómina actual se presentaron al concurso de méritos con la aspiración de no perder su chanfa, pese a que sanciones disciplinarias y administrativas los inhabilitaban para hacerlo”, según reveló la revista Cambio) y movilizar a la cúpula de la Unión Notarial de Colombia para que se sumara a la oscura campaña (en defensa del 20 por ciento de sus miembros, de malas calificaciones en los exámenes, desconociendo el derecho del 80 por ciento restante, ese sí dueño de respetables calificaciones).

La batalla, que los Darth Vader de esta historia comenzaron librando con sofisticados sables láser, ha llegado a los terrenos de la cruceta engrasada. Los enemigos de la transparencia se dedican ahora, como los atracadores de poca monta, al oficio de cascareros, y en ejercicio de esa nueva faceta han alentado un proceso ante la juez cuarta administrativa de Ibagué para que se esfumen en el aire los cinco puntos que la ley concede a los participantes que puedan demostrar la autoría de textos en Derecho con certificación de editor o imprenta.

Extraña que quien más insiste en echar por tierra esa posibilidad legal de puntaje es el Ministerio Público, a través de un procurador delegado. Sucede que el procurador Edgardo Maya es integrante del Consejo Superior, encargado de administrar la carrera notarial. Él, junto con los otros miembros del Consejo, hizo la convocatoria para el concurso y fijó las reglas de juego. ¿Qué presentación tiene que la Procuraduría se sume ahora a quienes pretenden burlar la ley y darles espacio y aire a los menos preparados, a los rajados del concurso? Todo ello en detrimento de 190 participantes que, a la luz de las reglas de juego, lograron esos cinco puntos presentando certificaciones de sus editores.

Si la juez de Ibagué acepta las insistentes solicitudes del agente del Ministerio Público, conseguiría lo que no se obtuvo ni con triquiñuelas en el Congreso: modificar las reglas en un punto en que ya está por terminar la selección, ahora que hay una mínima esperanza de que las cosas se hagan como la decencia manda y la ley ordena.

Señor Procurador: es tarde para equivocar el camino. No permita que sus subordinados se conviertan en instrumento de marrulleros y no desampare la claridad y el respeto a los derechos de quienes no tienen más padrinos que su propio saber. Esta vez se le pide no tanto que procure como que actúe. Usted puede. Si quiere.

Para Robert Ripley: La juez de Ibagué, Clara Deisy Ubaque Roa, merece un reconocimiento por su osadía. Para vergüenza de la Justicia, está confirmado que ella aspiraba a ser notaria. La Universidad de Pamplona certifica que no cumplió con los requisitos mínimos. ¿Decidiendo en beneficio propio, doctora Ubaque? Alguien me puede pasar el código penal…