Los páramos son una de las mayores fuentes de suministro de agua del país.
Los frailejones acumulan y conservan grandes cantidades hídricas que se canalizan para el consumo humano. Este recurso natural debe ser protegido contra la depredación que realiza la minería, incentivada por los programas impulsados por el Gobierno.
Es lo que sucede con el páramo de Pisba en Boyacá. La compañía Hunza Coal adquirió títulos mineros para la extracción de carbón, y con ese propósito no ha tenido reparo en destruir valiosas reservas forestales. Los procedimientos legales cumplidos por la compañía quedan en entredicho cuando los propios campesinos de la región son testigos del atropello ambiental que ocurre allí.
Ante dicha realidad, los habitantes de Tasco, Socotá, Socha y Mongua, que son los mayores afectados con la devastación ecológica, levantaron su voz de protesta contra los desmanes de la empresa minera. En vista de la tensión creada y de la decisión de los campesinos de vigilar los trabajos –con turnos de 24 horas en la vereda Calle Arriba–, Hunza Coal retiró su maquinaria.
Pero el peligro no está conjurado. El páramo de Pisba resulta muy llamativo para el negocio minero y atrae no solo a firmas poderosas, como la mencionada, sino a mineros informales que suelen hacer de las suyas cuando las autoridades son permisivas o bajan la guardia. Por este páramo, que alberga uno de los ecosistemas más ricos del país, pasó en 1819 el ejército patriota comandado por Bolívar y Santander, que iba a librar las batallas del Pantano de Vargas y Puente de Boyacá y obtendría la independencia de Colombia.
Es preciso que los ministerios de de Minas y Medio Ambiente, la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y demás organismos que tienen que ver con este asunto de tan complejos resortes, extremen el rigor tanto en el trámite de las licencias de explotación minera, como en la ejecución de los trabajos, para evitar los atentados contra la naturaleza que se cometen en este páramo emblemático. Colombia tiene una gran fortuna y no sabe apreciarla: es el único país del mundo que posee el 50% de los páramos de todo el planeta.
Lo que sucede en Boyacá fue lo mismo que sucedió con el páramo de Santurbán en Santander. Allí se organizó un fuerte movimiento ciudadano que dio al traste con la acción depredadora. En el momento, esta se encuentra detenida. Pero hay que mantener el ojo abierto a fin de que al paso de los días no vuelva a surgir la misma amenaza.
Situación similar ocurre con la laguna de Tota, cuyas aguas han llegado a niveles alarmantes a raíz, sobre todo, de las siembras de cebolla, hasta el punto de temerse por su extinción. Era un desastre que se veía llegar y al cual no se le puso remedio eficaz. En diciembre de 1986 –hace 26 años– escribí la columna titulada Salvemos la laguna de Tota. Este tesoro boyacense amenaza desaparecer por el abuso de los depredadores y la indiferencia de las autoridades y la ciudadanía.
En el 2011, cuando el Gobierno iniciaba su política minera, Carlos Villegas Uribe renunció a la Secretaría de Cultura del Quindío por no compartir los programas que venían en camino para la región. Explicó así el motivo de su retiro: “…defender el paisaje cultural cafetero del espíritu depredador de la megaminería (una de las locomotoras del Gobierno nacional que sólo dejará un Quindío lleno de famélicos quindianos tiznados de hollín)”.
Recuerdo este episodio con el ánimo de que se tome conciencia sobre la dimensión nacional del problema. La locomotora de la minería parece que arrastrara una inmensa mancha negra que se riega por los mayores santuarios ecológicos del país.
Los páramos son una de las mayores fuentes de suministro de agua del país.
Los frailejones acumulan y conservan grandes cantidades hídricas que se canalizan para el consumo humano. Este recurso natural debe ser protegido contra la depredación que realiza la minería, incentivada por los programas impulsados por el Gobierno.
Es lo que sucede con el páramo de Pisba en Boyacá. La compañía Hunza Coal adquirió títulos mineros para la extracción de carbón, y con ese propósito no ha tenido reparo en destruir valiosas reservas forestales. Los procedimientos legales cumplidos por la compañía quedan en entredicho cuando los propios campesinos de la región son testigos del atropello ambiental que ocurre allí.
Ante dicha realidad, los habitantes de Tasco, Socotá, Socha y Mongua, que son los mayores afectados con la devastación ecológica, levantaron su voz de protesta contra los desmanes de la empresa minera. En vista de la tensión creada y de la decisión de los campesinos de vigilar los trabajos –con turnos de 24 horas en la vereda Calle Arriba–, Hunza Coal retiró su maquinaria.
Pero el peligro no está conjurado. El páramo de Pisba resulta muy llamativo para el negocio minero y atrae no solo a firmas poderosas, como la mencionada, sino a mineros informales que suelen hacer de las suyas cuando las autoridades son permisivas o bajan la guardia. Por este páramo, que alberga uno de los ecosistemas más ricos del país, pasó en 1819 el ejército patriota comandado por Bolívar y Santander, que iba a librar las batallas del Pantano de Vargas y Puente de Boyacá y obtendría la independencia de Colombia.
Es preciso que los ministerios de de Minas y Medio Ambiente, la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y demás organismos que tienen que ver con este asunto de tan complejos resortes, extremen el rigor tanto en el trámite de las licencias de explotación minera, como en la ejecución de los trabajos, para evitar los atentados contra la naturaleza que se cometen en este páramo emblemático. Colombia tiene una gran fortuna y no sabe apreciarla: es el único país del mundo que posee el 50% de los páramos de todo el planeta.
Lo que sucede en Boyacá fue lo mismo que sucedió con el páramo de Santurbán en Santander. Allí se organizó un fuerte movimiento ciudadano que dio al traste con la acción depredadora. En el momento, esta se encuentra detenida. Pero hay que mantener el ojo abierto a fin de que al paso de los días no vuelva a surgir la misma amenaza.
Situación similar ocurre con la laguna de Tota, cuyas aguas han llegado a niveles alarmantes a raíz, sobre todo, de las siembras de cebolla, hasta el punto de temerse por su extinción. Era un desastre que se veía llegar y al cual no se le puso remedio eficaz. En diciembre de 1986 –hace 26 años– escribí la columna titulada Salvemos la laguna de Tota. Este tesoro boyacense amenaza desaparecer por el abuso de los depredadores y la indiferencia de las autoridades y la ciudadanía.
En el 2011, cuando el Gobierno iniciaba su política minera, Carlos Villegas Uribe renunció a la Secretaría de Cultura del Quindío por no compartir los programas que venían en camino para la región. Explicó así el motivo de su retiro: “…defender el paisaje cultural cafetero del espíritu depredador de la megaminería (una de las locomotoras del Gobierno nacional que sólo dejará un Quindío lleno de famélicos quindianos tiznados de hollín)”.
Recuerdo este episodio con el ánimo de que se tome conciencia sobre la dimensión nacional del problema. La locomotora de la minería parece que arrastrara una inmensa mancha negra que se riega por los mayores santuarios ecológicos del país.