Conocí el Chocó en 1990. En Quibdó la pobreza se traslucía en niños famélicos, de mirada taciturna y vientres abombados —invadidos de parásitos—, que se deslizaban por las calles como testimonios vivientes del eterno abandono en que ha vivido la población. Y me maravillé ante el espectáculo del torrentoso Atrato —el más caudaloso de Colombia—, que bordea la ciudad y representa el mayor medio de transporte de la región. “El río Atrato parece que gimiera, en sus sordos lamentos, siglos de esclavitud”, anoté en el artículo “El Chocó merece más” (El Espectador, 24-IX-1990). En los 27 años que han transcurrido desde entonces, la situación del departamento sigue siendo dramática.
El contraste entre los dos extremos que allí se tocan no puede ser más desconcertante. De una parte está el patrimonio ecológico, constituido por la biodiversidad y la minería, y de la otra, la miseria y la degradación humana. Políticos, gobernantes y los implacables explotadores de la naturaleza parece que se hubieran coaligado a lo largo del tiempo para extraer la fortuna a costa de la esclavitud de los moradores, la mayoría pertenecientes a comunidades negras e indígenas.
El Atrato tiene una extensión de 750 kilómetros y pasa por territorios del Chocó (69%) y de Antioquia (31%). Durante su recorrido se vigoriza con más de 300 afluentes, entre ríos y quebradas. Desde Quibdó hasta Urabá son navegables 508 kilómetros en embarcaciones de alta capacidad, y se convierte además en vía que conduce a Turbo y el puerto de Cartagena. En la cuenca habitan más de 470.000 personas que subsisten de la pesca, la minería y la agricultura en pésimas condiciones.
El Chocó, una de las zonas más lluviosas del mundo, es el único departamento de Colombia que tiene dos océanos: Pacífico y Caribe. Es territorio de agua, y asimismo de enfermedades, analfabetismo, pobreza extrema, corrupción y desempleo. La malaria, la tuberculosis y la desnutrición infantil son males crónicos que diezman a las familias y menoscaban la ilusión de vivir. Los políticos se roban los presupuestos para la salud, y nada pasa.
En medio de este panorama aterrador, fue puesta una tutela que busca recuperar el Atrato. Parecía una acción infructuosa, de las tantas que se han intentado y se han hundido en los ríos legendarios. Sin embargo, tuvo éxito en la Corte Constitucional. En el fallo de la sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016 (publicado en mayo de 2017), el alto tribunal “reconoce al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta de derechos”. Colombia se convierte en el tercer país del mundo en el que se protegen los derechos de un río como si fueran los derechos de una persona.
Esto, en buen romance, significa que el Estado debe desalojar de aquel territorio la minería ilegal y la contaminación, purificar las aguas de los ríos y dispensar condiciones dignas a los miles de habitantes que han vivido entre el abandono, la insalubridad, el hambre y la miseria. Antioquia se proclamó guardiana y actora de este programa de largo alcance. Corresponde al próximo gobierno responder por lo que ya es mandato de la ley. Ojalá sentencia tan providencial no se convierta en letra muerta. Será la Corte Constitucional la que garantice su ejecución.
escritor@gustavopaezescobar.com
Conocí el Chocó en 1990. En Quibdó la pobreza se traslucía en niños famélicos, de mirada taciturna y vientres abombados —invadidos de parásitos—, que se deslizaban por las calles como testimonios vivientes del eterno abandono en que ha vivido la población. Y me maravillé ante el espectáculo del torrentoso Atrato —el más caudaloso de Colombia—, que bordea la ciudad y representa el mayor medio de transporte de la región. “El río Atrato parece que gimiera, en sus sordos lamentos, siglos de esclavitud”, anoté en el artículo “El Chocó merece más” (El Espectador, 24-IX-1990). En los 27 años que han transcurrido desde entonces, la situación del departamento sigue siendo dramática.
El contraste entre los dos extremos que allí se tocan no puede ser más desconcertante. De una parte está el patrimonio ecológico, constituido por la biodiversidad y la minería, y de la otra, la miseria y la degradación humana. Políticos, gobernantes y los implacables explotadores de la naturaleza parece que se hubieran coaligado a lo largo del tiempo para extraer la fortuna a costa de la esclavitud de los moradores, la mayoría pertenecientes a comunidades negras e indígenas.
El Atrato tiene una extensión de 750 kilómetros y pasa por territorios del Chocó (69%) y de Antioquia (31%). Durante su recorrido se vigoriza con más de 300 afluentes, entre ríos y quebradas. Desde Quibdó hasta Urabá son navegables 508 kilómetros en embarcaciones de alta capacidad, y se convierte además en vía que conduce a Turbo y el puerto de Cartagena. En la cuenca habitan más de 470.000 personas que subsisten de la pesca, la minería y la agricultura en pésimas condiciones.
El Chocó, una de las zonas más lluviosas del mundo, es el único departamento de Colombia que tiene dos océanos: Pacífico y Caribe. Es territorio de agua, y asimismo de enfermedades, analfabetismo, pobreza extrema, corrupción y desempleo. La malaria, la tuberculosis y la desnutrición infantil son males crónicos que diezman a las familias y menoscaban la ilusión de vivir. Los políticos se roban los presupuestos para la salud, y nada pasa.
En medio de este panorama aterrador, fue puesta una tutela que busca recuperar el Atrato. Parecía una acción infructuosa, de las tantas que se han intentado y se han hundido en los ríos legendarios. Sin embargo, tuvo éxito en la Corte Constitucional. En el fallo de la sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016 (publicado en mayo de 2017), el alto tribunal “reconoce al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta de derechos”. Colombia se convierte en el tercer país del mundo en el que se protegen los derechos de un río como si fueran los derechos de una persona.
Esto, en buen romance, significa que el Estado debe desalojar de aquel territorio la minería ilegal y la contaminación, purificar las aguas de los ríos y dispensar condiciones dignas a los miles de habitantes que han vivido entre el abandono, la insalubridad, el hambre y la miseria. Antioquia se proclamó guardiana y actora de este programa de largo alcance. Corresponde al próximo gobierno responder por lo que ya es mandato de la ley. Ojalá sentencia tan providencial no se convierta en letra muerta. Será la Corte Constitucional la que garantice su ejecución.
escritor@gustavopaezescobar.com