Se salva un fraude bancario

Varias veces me he referido en esta columna a la ola de fraudes bancarios que azota al país. En la gran mayoría de los casos el perdedor es el cliente de la entidad financiera, a pesar de que son los defraudadores profesionales los que, valiéndose de sofisticados sistemas, clonan tarjetas y utilizan otros métodos de alta técnica para apoderarse de los depósitos confiados a los bancos.

A raíz de mis columnas han sido numerosos los lectores que han relatados sus propios descalabros, con una común coincidencia: las entidades alegan que la clave salió de la propia tarjeta y fue el usuario quien, al descuidar su seguridad, permitió que la utilizara otra persona. Cuando el estafado formula la queja, la respuesta es la misma. Si acude al defensor del cliente, este esgrime el mismo argumento. Y si eleva el reclamo a la Superintendencia Financiera, tampoco consigue nada.

Si entabla una denuncia, el juez fallará en su contra. Como la persona no puede demostrar lo contrario, debe resignarse a perder su dinero. Es muy raro el caso que se sale de esta regla. Así, de despacho en despacho, de negativa en negativa, de injusticia en injusticia, el cliente bancario en Colombia se encuentra desprotegido. Esto no sucede en otros países, donde las instituciones financieras deben contratar seguros amplios para proteger estos riesgos.

Por primera vez conozco un suceso donde el cliente, después de 8 años de alegato judicial, logra que el juzgado falle a su favor. Esto sucedió en Armenia. La estafada fue la señora Claudia Rosalba Bermúdez Ceballos, a quien le sacaron de su cuenta en Bancolombia más de 20 millones de pesos en varias cuantías, y la entidad desconoció el hecho de que los retiros habían sido perpetrados por otra persona en forma fraudulenta.

La respuesta que le dio Bancolombia fue la misma que en forma sistemática ofrecen la mayoría de organismos en estas contingencias: el descuido o negligencia del cliente, al permitir la exposición de la clave personal y el uso indebido de la tarjeta, fue lo que ocasionó el ilícito. Más tarde le notificaron que debía restituir el dinero, y como no tenía capacidad económica para hacerlo, se le anunció la acción judicial y su nombre fue reportado a Datacrédito como cliente morosa.

La señora Bermúdez, así bloqueada en su actividad comercial e incluso en su vida social, se vio obligada a cerrar su negocio, se afectaron su salud y su tranquilidad y entró en grave estado de depresión. Su indefensión era absoluta. Nadie le hacía justicia y, por el contrario, se le calificaba como una delincuente. Mayor indolencia no podía existir.

Con este mismo rasero se mide el robo cometido contra infinidad de personas inocentes que han confiado sus dineros a la banca y de la noche a la mañana los ven esfumarse sin tener quien las defienda y sin que cuenten con garantía alguna para recuperarlos. Imposible saber la magnitud de dineros usurpados en esta red de defraudaciones que no afectan a los bancos sino a sus clientes.

El pasado 4 de junio el proceso fue fallado por el Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Armenia, que condenó a la entidad bancaria a asumir el valor del fraude y pagar los perjuicios ocasionados a la usuaria. Dice la parte resolutiva: “Declarar civil y contractualmente responsable a Bancolombia S.A., sucursal Fundadores de esta ciudad, por su incumplimiento del contrato de tarjeta de crédito referido a los plásticos números…” Tuvieron que pasar ocho años para esta decisión.

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