Durante la fase más aguda del conflicto interno, Colombia entrenó a decenas de miles de hombres en el uso de las armas, en la obediencia y en estrategia militar. Como estos jóvenes ponían en riesgo la vida, podían salir jubilados del ejército después de veinte años de servicio. A algunos los sancionaban antes disciplinariamente o no resistían tanto tiempo y salían sin pensión. Esto produjo una masa de miles de hombres entre los 25 y los 45 años cuya única educación es el combate. Sus carencias en cualquier tipo de formación profesional diferente a la lucha armada ha hecho que muchos de ellos tengan como única perspectiva laboral servir de escoltas, entrar en servicios de vigilancia privada mal pagados o aceptar un trabajo mejor pago en otros países como mercenarios de guerra.
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El escándalo más grave de esta práctica fue el operativo en que participaron 26 exmilitares colombianos que terminaron matando al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Después del magnicidio, mataron a siete de los 26 y 13 están presos. Otros se fugaron. Es posible que no todos ellos supieran a lo que iban, pero en todo caso fueron condenados como si supieran. Colombia, aunque hubieran cometido un crimen, les prestó asistencia consular, como debe ser.
Hay exmilitares colombianos combatiendo como mercenarios en guerras que ellos difícilmente entienden. No se hacen contratar por motivos ideológicos, sino por el bando que mejor les pague. En Emiratos Árabes llegó a haber hace años casi 850 exmilitares nuestros combatiendo con el ejército de ese país. Hoy en día hay colombianos en Yemen, a sueldo de los sauditas. Los hay en Rusia, pagados por los rusos para atacar a Ucrania. Los hay en Medio Oriente, peleando con Israel o contra Israel. Los hay en Ucrania, combatiendo contra los rusos que ocupan territorio ucraniano.
Ser mercenario, en Colombia, no es ilegal. Estos jóvenes no son malos; simplemente lo único que saben hacer, y para lo único que los hemos educado, es para la guerra. Así se ganan la vida y van a guerras ajenas para mantenerse y mandar plata a la familia en Colombia. Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, radicó en el Congreso un proyecto de ley para castigar con cárcel a los colombianos que se vayan de mercenarios. Muy bien. Al hacerlo, Murillo reconoció que este oficio, hasta el día de hoy, no está prohibido y, precisamente por eso, para prohibirlo, radicó el proyecto de ley. Pero como esta ley no ha sido expedida, y de aprobarse no puede ser retroactiva, los exmilitares colombianos que sean mercenarios en el exterior hoy, deben ser apoyados, si tienen problemas jurídicos, por el mismo ministerio de Murillo.
El pasado 18 de julio dos exsoldados profesionales en retiro, José Aron Medina Aranda y Alexander Ante, llegaron al aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Estaban en tránsito para seguir a Colombia. Habían llegado en un vuelo que venía de Varsovia haciendo escala en Madrid. En realidad, venían de Ucrania donde habían completado un contrato de meses como mercenarios. Desde el aeropuerto venezolano les mandaron a sus familiares videos y fotos anunciándoles, contentos, que ya estaban más cerca de sus hogares. Desde ese mismo día por la noche se perdió el contacto con ellos y ambos soldados desaparecieron.
El miércoles pasado, 28 de agosto, los mismos dos exmilitares colombianos aparecieron detenidos en Moscú y serán juzgados como mercenarios. Rusia es el país que más mercenarios contrata en el mundo, pero allá es ilegal ser mercenario. La condena puede ser de 15 años. Evidentemente Venezuela secuestró y luego les entregó a los rusos a los colombianos Medina y Ante. Hasta el 28 de agosto ser mercenario no era delito en Colombia. Todavía no lo es. Por eso es execrable que nuestro Gobierno, en este caso en cabeza de Murillo, no haya hecho nada cuando los exsoldados desaparecieron en Venezuela. Y nada ahora que aparecieron en Rusia.
