La gran discusión económica de los últimos siglos (desde cuando empezó la disputa entre capitalismo y socialismo) tiene que ver con el tamaño del Estado y la libertad del mercado. En las mismas marchas que llenan las calles, las discusiones públicas y privadas, y las páginas de los periódicos, lo que está en discusión —en últimas— es lo que le compete hacer al Estado y lo que deben hacer o esforzarse por hacer los particulares. Esto vale para Colombia y Chile, pero también para Hong Kong y Venezuela.
Para no enredar el análisis, voy a dejar por fuera un tema fundamental, que es el de la corrupción. No importa si el régimen es capitalista o socialista, creo que el Estado debe proveerle a toda la población agua potable y transporte público de calidad. Si el dinero destinado a un acueducto o a un sistema de transporte urbano se lo roba una camarilla política (socialista en Venezuela o capitalista en Colombia), el resultado es el peor imaginable: estamos ante unos gángsters y en tal caso no vale la pena siquiera discutir de ideología. Aquí voy a suponer que el conflicto está entre dos tendencias económicas que proponen soluciones no corruptas, sino ideales.
Si en el caso de la religión uno suele ser cristiano, musulmán, ateo o judío según como lo eduquen en la casa, en el caso del sistema político y económico solemos inclinarnos más hacia el socialismo o el capitalismo según lo que creemos que más nos conviene. Más que por la educación, pensamos por las circunstancias de nacimiento. Si nacemos privilegiados, en general no queremos perder los privilegios que tenemos. Si crecemos en condiciones muy duras, no nos molestaría un sistema (un Estado) que nos diera como por arte de magia parte de lo que otros tienen. El caso es que estas dos visiones son muy limitadas y obtusas pues ambas se limitan a la codicia: quiero un sistema que me conserve lo que tengo; quiero un sistema que me dé lo que no tengo. Lo primero se llama plutocracia; lo segundo, demagogia y populismo.
Y de lo que se trata es de encontrar una forma de gobierno que le brinde a la mayoría de las personas la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades, inclinaciones, intereses. No un Estado que conserve a toda costa los privilegios, ni un Estado que despoje y reparta la riqueza de los privilegiados, porque en ninguno de los dos casos crece la riqueza. Se necesita un sistema que propicie el crecimiento de toda la torta de manera que más personas participen en la creación y en el disfrute de esas nuevas riquezas. Que de ellas no se apropie una camarilla política ni una pequeña élite económica que de todo se apodera.
La igualdad y la justicia que un Estado puede ofrecer no consiste en darle a todo el mundo la misma casa y el mismo sueldo —haga lo que haga—, sino en propiciar condiciones básicas para que la mayor parte de la población pueda desarrollar sus capacidades. Y esto solo se da si el Estado asegura educación básica, gratuita y de calidad para todos (primaria y secundaria), y educación profesional o superior para los más dotados (sin que esto dependa de su origen económico, sino de las capacidades de cada cual). Ese mismo Estado debe proveer lo básico en salud, alimentación y transporte para los que no lo tienen. Pero de ahí en adelante no debe temerle a la desigualdad.
Lo que no comparto con la izquierda radical es su odio fijo y obsesivo contra el mercado. Su prejuicio y desconfianza contra el mérito y el éxito. Su creencia obtusa de que si la gente va más al restaurante A que al restaurante B o C, todo se debe a un misterioso lavado de cerebro publicitario, y no a que en A (en términos de calidad y precio) la comida es mejor. Una vez el Estado asegure las oportunidades básicas, la experiencia histórica real muestra que funcionan mejor las sociedades donde hay libertad de mercado. Nos guste o no, estas crean más libertad, más riqueza y más prestigio justificado. Pues no es lo mismo un burro que un gran profesor.
La gran discusión económica de los últimos siglos (desde cuando empezó la disputa entre capitalismo y socialismo) tiene que ver con el tamaño del Estado y la libertad del mercado. En las mismas marchas que llenan las calles, las discusiones públicas y privadas, y las páginas de los periódicos, lo que está en discusión —en últimas— es lo que le compete hacer al Estado y lo que deben hacer o esforzarse por hacer los particulares. Esto vale para Colombia y Chile, pero también para Hong Kong y Venezuela.
Para no enredar el análisis, voy a dejar por fuera un tema fundamental, que es el de la corrupción. No importa si el régimen es capitalista o socialista, creo que el Estado debe proveerle a toda la población agua potable y transporte público de calidad. Si el dinero destinado a un acueducto o a un sistema de transporte urbano se lo roba una camarilla política (socialista en Venezuela o capitalista en Colombia), el resultado es el peor imaginable: estamos ante unos gángsters y en tal caso no vale la pena siquiera discutir de ideología. Aquí voy a suponer que el conflicto está entre dos tendencias económicas que proponen soluciones no corruptas, sino ideales.
Si en el caso de la religión uno suele ser cristiano, musulmán, ateo o judío según como lo eduquen en la casa, en el caso del sistema político y económico solemos inclinarnos más hacia el socialismo o el capitalismo según lo que creemos que más nos conviene. Más que por la educación, pensamos por las circunstancias de nacimiento. Si nacemos privilegiados, en general no queremos perder los privilegios que tenemos. Si crecemos en condiciones muy duras, no nos molestaría un sistema (un Estado) que nos diera como por arte de magia parte de lo que otros tienen. El caso es que estas dos visiones son muy limitadas y obtusas pues ambas se limitan a la codicia: quiero un sistema que me conserve lo que tengo; quiero un sistema que me dé lo que no tengo. Lo primero se llama plutocracia; lo segundo, demagogia y populismo.
Y de lo que se trata es de encontrar una forma de gobierno que le brinde a la mayoría de las personas la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades, inclinaciones, intereses. No un Estado que conserve a toda costa los privilegios, ni un Estado que despoje y reparta la riqueza de los privilegiados, porque en ninguno de los dos casos crece la riqueza. Se necesita un sistema que propicie el crecimiento de toda la torta de manera que más personas participen en la creación y en el disfrute de esas nuevas riquezas. Que de ellas no se apropie una camarilla política ni una pequeña élite económica que de todo se apodera.
La igualdad y la justicia que un Estado puede ofrecer no consiste en darle a todo el mundo la misma casa y el mismo sueldo —haga lo que haga—, sino en propiciar condiciones básicas para que la mayor parte de la población pueda desarrollar sus capacidades. Y esto solo se da si el Estado asegura educación básica, gratuita y de calidad para todos (primaria y secundaria), y educación profesional o superior para los más dotados (sin que esto dependa de su origen económico, sino de las capacidades de cada cual). Ese mismo Estado debe proveer lo básico en salud, alimentación y transporte para los que no lo tienen. Pero de ahí en adelante no debe temerle a la desigualdad.
Lo que no comparto con la izquierda radical es su odio fijo y obsesivo contra el mercado. Su prejuicio y desconfianza contra el mérito y el éxito. Su creencia obtusa de que si la gente va más al restaurante A que al restaurante B o C, todo se debe a un misterioso lavado de cerebro publicitario, y no a que en A (en términos de calidad y precio) la comida es mejor. Una vez el Estado asegure las oportunidades básicas, la experiencia histórica real muestra que funcionan mejor las sociedades donde hay libertad de mercado. Nos guste o no, estas crean más libertad, más riqueza y más prestigio justificado. Pues no es lo mismo un burro que un gran profesor.