Hay dos maneras de redactar la misma idea: A. Según las últimas encuestas el expresidente Uribe tiene un nivel de aprobación tan bajo como el de Santos. O bien, B. Según las últimas encuestas el expresidente Santos tiene un nivel de aprobación tan alto como el de Uribe. Por A o por B, lo cierto es que el proceso de paz y sus consecuencias, igual que en el momento del plebiscito, dividen al país en dos mitades casi perfectas: 50,3% y 49,7%. Tomar decisiones de gobierno que favorezcan solamente a ese 0,3% de mayoría es de una insensatez y fragilidad política enorme, sobre todo en un país y en un momento histórico en que las oleadas de apoyo y descontento varían sin cesar, como las mareas.
Si el presidente Duque objeta la ley estatutaria que creó la JEP y que fue avalada por la Corte Constitucional, o peor, si le hace caso al senador Uribe y no solo la objeta sino que la acaba (según un tuit irresponsable del exmandatario), por un lado demostraría que, en efecto, el presidente de Colombia no es él, sino un senador, y por el otro tiraría a la basura el logro que a nivel internacional despierta el mayor respeto y aplauso para nuestro país: haber desmovilizado y desarmado el movimiento guerrillero más antiguo y numeroso del mundo.
Néstor Humberto Martínez, el fiscal general, mejor conocido como “el doctor veleta”, feliz de que se hable de la JEP y no de Odebrecht (el escándalo por el cual todavía se tambalea en su puesto), olió que este tema podía ser polémico y no dudó un instante en echarle más leña al fuego con argumentos falaces que no son objeciones de oportunidad (las que puede aducir el presidente) sino de constitucionalidad (las cuales ya fueron falladas por la institución que decide en ese tema, la Corte Constitucional). Uno esperaría que el presidente esta vez no le haga caso a este experto en la rosa de los vientos y en los caprichos de Estados Unidos.
Lo que el país no ha reconocido y debe reconocer es que la Colombia de 2019 no es la de 1999. Que incluso con las acciones demenciales del Eln y con los crímenes atroces de líderes sociales, si bien ocurren las mismas cosas que hace 20 años, ha habido un cambio dramático –y muy positivo– en cuanto a la cantidad de esos crímenes. No habrá cambiado la calidad de los crímenes, pero sí la cantidad. Obviamente todos quisiéramos que no ocurriera ni un caso de secuestro, ni un caso de atentado terrorista, ni un solo asesinato de líderes sociales. Pero es distinto que ocurra el exterminio de 5.000 militantes de un partido a que haya 200 líderes asesinados; y es distinto que haya 6.000 secuestrados a que haya seis. ¿Lo ideal es que no haya ninguno? De acuerdo; pero hace 20 años estábamos mucho peor.
Lo que el país tampoco ha reconocido es que este cambio cuantitativo se debe a dos acuerdos con grupos ilegales que dejaron sin duda una gran estela de impunidad, pero que, a pesar de esta, mejoraron nuestra situación de guerra y paz. El primero fue la desmovilización de los paramilitares (casi 30.000, de los cuales hay un puñado preso en Estados Unidos y no por paramilitarismo, sino por narcotráfico), conseguida por el gobierno Uribe. Y el segundo fue el acuerdo de paz con las Farc, logrado por el gobierno Santos. Su nivel de impunidad (o de penas muy leves) será también alto, pero ese fue el precio que decidimos pagar para tener un país un poco más normal.
Si se le reconoce a Uribe ese primer paso en la pacificación de Colombia (con una correspondiente baja dramática en los índices de homicidios), con todas sus fallas e impunidades, y si se le reconoce a Santos el segundo paso, que fue la desmovilización y el desarme de la guerrilla más antigua del mundo (con un descenso dramático en el número de secuestros y con las tasas de homicidios más bajas de los últimos 50 años), también con todas sus fallas e impunidades, podemos seguir mirando hacia el futuro. Objetar la JEP, en cambio, sería mirar de nuevo hacia atrás.
