La Corte Suprema y el periodismo libre

Y ahora resulta que entre las funciones de la Corte Suprema de Justicia está también la de denunciar, como un cuerpo, a los periodistas de opinión.

Con inmensa arrogancia y a través de un comunicado la Sala de Casación Penal de la Corte ha anunciado, en bloque, que demandará a Cecilia Orozco por injuria y calumnia. Un juez de rango inferior —en cuya carrera la Corte tiene alguna incidencia— deberá conocer esta denuncia, con lo cual se configura una presión indebida sobre el funcionario. Tendrá que ser un juez muy valiente el que se decida a ir en contra del Tribunal Supremo. Si se supone que en materia penal esa Sala tiene la última palabra, y la denuncia es de tipo penal, ¿cómo podrá defenderse la acusada? Tal vez su única defensa será la jurisprudencia de otras cortes más sensatas.

Si esta demanda prospera querrá decir que hay para el periodismo un límite insuperable: no se podrá criticar a los jueces. Los de toga se vuelven intocables. Hace un mes ocurrió algo parecido, ya no con una periodista, sino con la activista Mónica Roa, y con otra rama del poder público. En este caso fue la procuradora delegada, Ilva Myriam Hoyos, quien arremetió contra una ciudadana particular, también por el supuesto delito de injuria y calumnia. Esta denuncia, si se puede, fue incluso más absurda, pues se demandaba el contenido de una tutela interpuesta por Roa y otras 1.200 mujeres, en la que se pedía que la procuradora delegada dejara de mentir sobre los métodos anticonceptivos de emergencia y que cumpliera con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto.

Tanto la denuncia de la procuradora delegada, como la de la Corte Suprema, han recibido el apoyo del procurador general de la Nación. Es él, de algún modo, quien está propiciando y ambientando estos métodos totalitarios de combate a la libre expresión del pensamiento y a la libertad de opinión. Si este estilo se impone, la arrogancia institucional de la justicia conseguirá lo que no han conseguido los políticos de las ramas Legislativa y Ejecutiva que durante años han intentado acallar la prensa por este mismo tipo de denuncias. Estábamos acostumbrados a que los políticos (senadores, alcaldes, presidentes, ministros) nos llevaran a los juzgados. Casi siempre sin éxito, afortunadamente, porque cuando las opiniones están sustentadas en hechos y en verdades, y no en la intención de calumniar ni de injuriar, los jueces han fallado casi siempre a nuestro favor. Pero las denuncias de unos jueces de alto rango que lleguen ante otros jueces de rango inferior tienen más posibilidades de silenciar a la prensa.

Se dirá que esta es una defensa también corporativa, de un periodista de opinión hacia una colega del mismo oficio y además del mismo diario. Se dirá que los arrogantes somos nosotros al pensar que podemos injuriar sin límite e impunemente. Por supuesto que el ejercicio del periodismo de opinión tiene deberes y no puede sobrepasar el límite de la verdad. Pero el territorio de lo opinable, de lo que no puede decidirse fácilmente sobre su veracidad absoluta, es el territorio más grande que existe. En casi todos los asuntos humanos no hay una verdad matemática que pueda sostenerse como definitiva. Si yo digo que la Corte es “arrogante”, ésta puede debatir y sostener que es humilde y comedida. Pero no existen detectores absolutos de arrogancia y de humildad y ahí nos movemos en el terreno de lo opinable. Si yo denunciara por injuria a los críticos literarios que me han dicho idiota, inepto, tonto, me pasaría la vida en los juzgados.

Las afirmaciones de Orozco están en ese mismo terreno. Los jueces de la Corte Suprema pueden debatir con ella, desmentirla, demostrar que está equivocada y dejarla así como una periodista sesgada e incompetente. Pero denunciarla ante la Fiscalía es pisar ya el terreno de la mordaza y la intimidación. Como ha dicho la relatoría sobre libertad de expresión de la OEA, “lo ofensivo debe ser refutado, no silenciado”.