Millonarios del Estado

UNO DE LOS MEJORES NEGOCIOS QUE uno puede montar en Colombia, apenas comparable con el narcotráfico, es el de hacer cualquier tipo de contrato con el Gobierno (para una carretera, un barrio de vivienda popular, un empleo en la Procuraduría, un puente, un servicio de vigilancia) y después demandarlo por incumplimiento, por arbitrariedad, por abuso de poder, por cambio del diseño o de las condiciones, por cualquier nimiedad o negligencia, algo absolutamente común en un país de personas negligentes.

Hay abogados especialistas en demandar al Estado, que saben encaminar las cosas a través de jueces amigos, que tienen la paciencia para ir subiendo el negocio a las diversas instancias, en los más oscuros juzgados de descongestión, esperando a que se venzan términos y se cometa un error o una barbaridad, hasta que al final, al cabo de un plazo que pueden ser cinco o diez años, sacan a sus clientes victoriosos y ricos, con indemnizaciones de miles de millones de pesos. De ahí en adelante viven en la opulencia el resto de la vida, por cuenta de los impuestos que pagamos nosotros.

Hay un caso emblemático que acaba de ocurrir a finales del año pasado y que fue denunciado, sin eco alguno, por el ex magistrado de la Corte Constitucional Jorge Arango Mejía. Hace unos diez años un procurador delegado (cargo que es de libre nombramiento y remoción) fue destituido de la Procuraduría. Su nombre es Orlando de Jesús Solano Bárcenas, pero eso es lo de menos, pues casos como el suyo hay muchos. Dos o tres meses después este funcionario, con buenas palancas, fue designado como miembro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que estuvo fuera de la nómina oficial, si mucho, tres meses.

De todos modos, por esos tres meses de insubsistencia, el ex procurador delegado demandó a la Nación y un tribunal administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le dio la razón. Posteriormente el Consejo de Estado confirmó la sentencia. Y por esos tres meses que el señor Solano estuvo fuera de la nómina del Gobierno, ahora el erario nacional (todos nosotros) tenemos que cancelarle al señor tres mil millones de pesos en efectivo, más una jubilación vitalicia de nueve millones de pesos mensuales. Archimillonario por cuenta de todos nosotros, salvo una improbable tutela contra sentencias que tendría que examinar la Corte Constitucional.

Su caso, repito, es un ejemplo más. Muchas empresas, muchos privados y muchos abogados son expertos en estos pleitos contra el Estado que desangran a todo el país. Con tres mil millones podrían hacerse cien soluciones de vivienda social, y 250 personas serían menos miserables; con la jubilación que le darán al vivo, se pagarían además los servicios públicos mensuales de las cien viviendas. Y lo más grave es que los contratistas de carreteras y obras públicas, con estos mismos procedimientos, ganan mucho más en demandas por incumplimiento. El negocio no es hacer la obra, sino demandar al Estado y sentarse a esperar, si es necesario untándoles las manos a unos cuantos jueces.

Tendría que haber una ley que pusiera un tope a los montos de indemnización que paga el Estado. Así, los astutos que se enriquecen gracias a pleitos de avivatos, en los que se nos roba a todos los ciudadanos, no se pasarían la vida medrando por cuenta nuestra y por cuenta de la corrupción de muchos funcionarios.