Ministra TIC: ¿Qué hacer para que la tecnología transforme la vida del ciudadano?

En Colombia, día a día se ven ejemplos en los que la vida de los ciudadanos podría ser más sencilla si se implementaran adecuadamente los medios tecnológicos: un campesino que viaja tres horas para obtener un certificado que el Estado ya tiene, una madre que pierde una jornada laboral para reclamar una autorización o un emprendedor que debe llevar el mismo documento a varias entidades.

Ese tiempo invertido en trámites, filas, impresión de documentos y múltiples solicitudes no es un caso particular. Muestra que la brecha digital también se mide en tiempo perdido, oportunidades aplazadas y desconfianza acumulada. Por eso, las tecnologías de la información y las comunicaciones no pueden reducirse a una lista de plataformas: deben convertirse en infraestructura pública para ejercer derechos y hacer que las instituciones funcionen.

Para ello, una primera iniciativa es masificar los servicios de confianza digital, porque genera seguridad jurídica en los documentos electrónicos y permite que trámites presenciales se vuelvan virtuales. Herramientas como las firmas electrónicas y digitales, el estampado cronológico, los certificados SSL y los mecanismos de entrega electrónica deberían incorporarse por defecto en los procedimientos y documentos públicos que lo permitan. Estonia ofrece una referencia útil: todos sus servicios públicos están disponibles en línea y estima que el uso colectivo de firmas digitales ahorra anualmente el equivalente al 2 % de su producto interno bruto.

Colombia ya cuenta con una base jurídica en la Ley 527 de 1999 y con entidades de certificación digital que brindan estos servicios en condiciones de competencia, pero falta convertir esas herramientas en una política de adopción interoperable, accesible y medible, especialmente para entidades territoriales y pequeñas empresas.

Una segunda iniciativa es construir una identidad digital con niveles de confianza y alternativas inclusivas, siempre pensando en que ello no se convierta en un mecanismo de fraude. No todos los trámites implican el mismo riesgo: consultar información pública no exige la misma prueba de identidad que transferir dinero o acceder a una historia clínica. Por ende, el Gobierno debe partir de niveles de garantía proporcionales a la seguridad que se requiere y admitir varios mecanismos seguros, aplicables en escenarios físicos, virtuales e híbridos.

Tecnologías como la biometría facial o de voz pueden ser herramientas valiosas si están acompañadas de evaluaciones de impacto, minimización de datos, pruebas de precisión y sesgo, seguridad reforzada y canales alternativos para quien no pueda o no quiera utilizarlas. Su implementación puede verse fortalecida modernizando la Ley 527, expedida hace 27 años, para incorporar nuevas tendencias tecnológicas, como la Wallet de Identidad Digital que se está implementando en Europa.

En el plano internacional, además de la Wallet europea, un caso a resaltar es Singapur, que, mediante Singpass, demuestra el valor de una identidad digital de amplia adopción, o India, que muestra que una identificación oficial combinada con políticas de inclusión financiera puede ampliar el acceso a la banca o incluso para Colombia sería procedente un sistema por puntos para las licencias de conducción, lo cual hoy es común y ya se utiliza en países como España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia, Singapur, Brasil y Argentina. Incluso, a Colombia le serviría mucho un sistema de puntos acompañado de premios y sanciones por comportamiento ciudadano, como ya se viene haciendo de manera exitosa en China.

Una tercera iniciativa es completar la regulación de los Servicios Ciudadanos Digitales y promover su masificación. Aunque la normativa autoriza a las personas jurídicas privadas a prestar servicios ciudadanos digitales especiales previa habilitación, se requiere una regulación clara que permita aprovechar las capacidades del sector privado y generar condiciones de competencia.

En la práctica, la Agencia Nacional Digital continúa presentándose como articuladora y prestadora pública de los servicios ciudadanos digitales de interoperabilidad, autenticación y carpeta ciudadana, pero la penetración todavía es insuficiente, lo cual permite visualizar una oportunidad de masificación a través del sector privado, en aras de llegar a los ciudadanos de distintas regiones del país.

Por ello, dentro del marco del Decreto 620 de 2020, se deben promover condiciones que permitan integrar soluciones públicas y privadas con los sistemas de las entidades. El objetivo debe centrarse en consolidar sedes electrónicas apoyadas en servicios ciudadanos digitales, desmaterializando y automatizando trámites para crear un verdadero ecosistema digital, en lugar de mantener procedimientos fragmentados.

La transformación digital debe culminar en reglas sencillas como esta: el Estado no debería pedirle a una persona un dato o documento que ya obra en poder de otra entidad y puede consultarse legítimamente. El principio de una sola vez, aplicado con autorización, seguridad y trazabilidad, convierte la interoperabilidad en un derecho práctico.

Cumplir esa regla exige mucho más que conectar sistemas. Se necesitan datos de calidad, catálogos comunes, gestión del consentimiento cuando corresponda, registros de consulta, mecanismos de corrección y sanciones por uso indebido. A través de instrumentos como la carpeta ciudadana digital, cada persona debería poder ver qué información suya reposa en las entidades, con quién se ha compartido, con qué finalidad y cómo reclamar.

Si aquel campesino ya no debe viajar tres horas para entregar un papel que el Estado posee y si la madre puede resolver su trámite sin perder un día de trabajo, la transformación digital habrá dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una política de igualdad y dignidad.