Quienes hemos transitado por las plazas, pasillos, aulas y distintos espacios de la Universidad Pedagógica Nacional —UPN — nos hemos encontrado con paredes que contienen imágenes de personas, grupos, expresiones simbólicas y trazos que reflejan sentidos simbólicos, estéticos, políticos y pedagógicos relacionados con expresiones de la memoria y que además reflejan lo que implica la defensa de lo público.
El pasado 23 de septiembre firmé la Resolución 1039 de 2026, mediante la cual declaramos a la UPN como un lugar de memoria para construir paz. Asimismo, esta normativa establece el 29 de septiembre como “Día de la Pedagogía de la Memoria”, reconociendo como espacios protegidos los lugares, procesos e iniciativas de memoria construidos por familiares, colectivos y comunidades, y garantizando la participación de las familias en las decisiones relacionadas con estos espacios.
El acto realizado esta semana fue el reconocimiento institucional de un trabajo que nuestra comunidad ha sostenido durante décadas. Antes de cualquier resolución estuvieron: familias, colectivos de estudiantes, profesores(as), trabajadores(as) y egresados(as), organizaciones de víctimas y de derechos humanos, quienes se negaron a permitir que el silencio terminara de borrar las vidas que la violencia intentó arrancarnos.
¿Por qué una universidad dedicada a formar maestras y maestros debe reconocerse como lugar de memoria? Una posible respuesta surge al transitar de la memoria a la historia. La investigación adelantada por el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (CEPAZ) sobre el periodo comprendido entre 1968 y 2000 documentó violencias directas, estructurales y simbólicas contra integrantes de nuestra comunidad.
En 1973 fueron expulsados 51 estudiantes en una sola jornada; en 1980, el ingreso de la fuerza pública dejó cerca de 400 personas detenidas; durante el Estatuto de Seguridad, estudiantes de Ciencias Sociales fueron llevadas a consejos verbales de guerra. Entre 1981 y 1999, la desaparición forzada, el homicidio y el exilio interrumpieron proyectos de vida de integrantes de nuestra comunidad.
Esta historia no fue exclusiva de la UPN. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad mostró que las universidades colombianas fueron atravesadas por el conflicto armado. Documentó 588 estudiantes universitarios asesinados entre 1962 y 2011, y 194 víctimas de tortura entre 1977 y 1994.
Uno de los daños más persistentes ha sido precisamente la estigmatización. Durante décadas se instaló un relato que asoció el pensamiento crítico, la movilización estudiantil y la protesta con la insurgencia. Sus consecuencias fueron profundas: persecución, silenciamiento, militarización y debilitamiento de las comunidades. La Comisión de la Verdad advirtió que la Universidad debe seguir siendo un lugar donde una sociedad sea capaz de tramitar sus conflictos a través del pensamiento, la palabra, el debate y la construcción democrática.
Por eso la memoria tiene una dimensión profundamente pedagógica.
Recordar a Cristina del Pilar Guarín, Antonio Camacho Rugeles, Eduardo Loffsner Torres, al profesor Darío Betancourt Echeverry y a quienes han padecido las violencias significa restituirles un lugar en nuestra historia colectiva. Desde 2017, el Mural de la Memoria reúne algunos de estos rostros junto con símbolos escogidos por sus familias. Varias conmemoraciones ocurren, significativamente, en las fechas de sus natalicios y no en las de su muerte o desaparición. Recordamos sus vidas y aquello que hicieron, pensaron, enseñaron, soñaron y construyeron.
El profesor Alfonso Tamayo nos ha planteado que mirar por el espejo retrovisor tiene sentido en cuanto esa mirada nos permita avanzar hacia la emancipación y comprender las condiciones que han hecho de Colombia una sociedad profundamente desigual y excluyente. Una Universidad que forma educadores y educadoras no puede enseñar la historia del país ubicándose por fuera de ella. Somos parte de esa historia y tenemos también responsabilidades frente a su transformación. La memoria constituye entonces una garantía de no repetición.
La Resolución 1039 compromete a nuestra Universidad, a las unidades académicas, las dependencias administrativas y los distintos estamentos, quienes deberán incorporar la pedagogía de la memoria en sus apuestas formativas. Promoveremos investigaciones y publicaciones junto con familiares y organizaciones de víctimas; acompañaremos las conmemoraciones y continuaremos reconociendo los lugares de memoria construidos por nuestra comunidad.
Como rector y maestro, asumo esta declaratoria como un compromiso con quienes ya no están, con quienes permanecieron buscando verdad y justicia y con las generaciones que llegarán a nuestras aulas.
Hubo tiempos en los que las paredes de la Universidad se pintaban de blanco para borrar sus murales. Hoy decidimos institucionalmente proteger esos lugares. Pero sabemos que ninguna resolución, placa o acto conmemorativo puede sustituir lo fundamental: una comunidad que decide recordar.
Recordamos para cuidar la vida, para enseñar, para que la guerra no vuelva a habitar nuestras universidades. Y hacemos memoria para que la paz deje de ser solamente una promesa y pueda convertirse, desde la educación, en una experiencia cotidiana y colectiva para el Por-Venir.
*Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.