Avances en la dignificación de la educación superior pública en Colombia

Esta semana el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en la que se establece el modelo de financiación de la educación superior pública. Esta reforma ajusta los aportes de la nación con base en los costos reales de funcionamiento de las instituciones públicas y recoge una de las banderas históricas del movimiento estudiantil y profesoral que, durante décadas, ha denunciado la desfinanciación estructural del sistema educativo.

La Ley 30 de 1992 se puede leer como un dispositivo normativo que operó en la reorganización estructural de la educación superior en el contexto de la apertura económica que atravesó al país. Esta ley instituyó un nuevo régimen de sentido en el que la universidad dejó de concebirse prioritariamente como un bien público orientado a las necesidades de la sociedad, para ser progresivamente integrada a las lógicas e intereses del mercado.

Las consecuencias de este modelo fueron profundas. La educación superior pública experimentó un crecimiento sostenido en cobertura, matrícula, funciones misionales y demandas institucionales; aumentó la planta docente, el número de estudiantes y las necesidades de fortalecimiento en infraestructura, investigación y bienestar universitario. Sin embargo, los recursos transferidos por los gobiernos para su funcionamiento no crecieron al mismo ritmo, lo que creó un déficit histórico que hoy se estima en alrededor de 20 billones de pesos.

A ello se sumó el fortalecimiento de políticas de subsidio a la demanda mediante las cuales se desviaron recursos públicos hacia instituciones privadas, profundizando la desigualdad del sistema y debilitando el financiamiento de la educación superior estatal. Este conjunto de decisiones derivó en el marchitamiento de la universidad pública, obligada a operar bajo condiciones de escasez estructural y a adoptar lógicas de mercantilización que tensionaron su carácter público y su compromiso social.

La actual reforma orienta los aportes de la nación con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) lo que permitirá reconocer la realidad del sistema universitario estatal y avanzar, a largo plazo, hacia la meta de destinar el 1 % del PIB a la educación superior. Esto implica el fortalecimiento permanente de la base presupuestal, mediante un crecimiento gradual, y la orientación de los recursos hacia áreas estratégicas para la transformación del país, como la investigación y la innovación.

Asimismo, la reforma contribuye a dignificar la labor docente y a fortalecer el bienestar universitario, entendido desde una perspectiva de derechos y de cuidado de la comunidad universitaria. Esto se traduce en una ampliación de la cobertura en condiciones de dignidad y en el fortalecimiento de estrategias de permanencia y graduación, así como en el mejoramiento progresivo de la infraestructura física y tecnológica.

En conjunto, estas medidas hacen parte de la materialización de una concepción de la educación superior pública como un derecho fundamental y un bien común, y no como un servicio.

Bajo este gobierno y con el actual Ministerio de Educación Nacional, se ha fortalecido la educación pública y se ha dado un respiro para atender las necesidades educativas de miles de jóvenes y personas adultas; sin embargo, avanzar en la dignificación de la educación superior pública en Colombia implica algo más que exigir mayores recursos. Implica, sobre todo, disputar el sentido mismo de la universidad: su papel en la reproducción o en la transformación del orden social y su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, democrática y crítica, en la que estén en el centro las necesidades del país y no los intereses del gran capital.

*Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.