Después de un terremoto, volver a clases no puede significar fingir que nada ocurrió. La escuela es un espacio que la sociedad intenta recuperar porque allí se sostienen cuerpos, se reconstruyen vínculos y se habita en comunidad. Por eso, la pregunta no puede limitarse a cuándo regresan niños(as), jóvenes, maestros(as), directivas y familias. Debemos preguntarnos: ¿en qué condiciones regresan las maestras y los maestros que sostienen vidas en las escuelas?
Las medidas tomadas por el Ministerio de Educación Nacional para atender la emergencia educativa en Colombia reconocen que la continuidad educativa requiere flexibilidad y enfoque territorial. Contemplan acompañamiento psicosocial, reorganización temporal de la planta docente, distintas modalidades y medidas especiales para educadores(as) directamente afectados(as). Este es un punto de partida.
Convertir estas orientaciones en una política efectiva y afectiva exige reconocer la dimensión del desastre: infraestructuras escolares destruidas, territorios devastados y, sobre todo, tragedias humanas. En medio de estas situaciones traumáticas permanecen nuestros maestros y maestras, también afectados, pero presentes en sus comunidades, abrazando la orfandad, tejiendo redes y desplegando prácticas de cuidado.
La experiencia internacional muestra que no es razonable descargar la recuperación educativa exclusivamente sobre quienes habitan los territorios afectados. Japón lo entendió después del terremoto y tsunami de 2011. Su Ministerio de Educación asignó más de mil docentes adicionales a escuelas públicas y pidió a regiones no afectadas enviar maestros(as) y personal escolar a zonas golpeadas. Ese apoyo permitió distribuir responsabilidades, aliviar la carga de los docentes afectados y brindar una atención más cercana al estudiantado.
Turquía tomó una decisión semejante tras los terremotos de febrero de 2023. Cerca de 20.000 docentes y 4.000 orientadores y profesionales de apoyo psicológico se ofrecieron para trabajar en las provincias afectadas. En semanas se organizaron espacios educativos en carpas y contenedores, aulas hospitalarias y puntos de apoyo académico. También se atendieron necesidades de alojamiento y se facilitaron traslados de docentes que no podían permanecer en las zonas afectadas.
Estas experiencias dejan una lección sencilla: cuando una comunidad educativa atraviesa una emergencia extraordinaria, necesita capacidades extraordinarias. No basta con reabrir un edificio ni trasladar la clase a una pantalla. Hay que sostener a quienes hacen posible que los procesos formativos continúen en medio de la adversidad.
Colombia no tiene que comenzar de cero. El Sistema Integrado de Educación Media y Superior (SIMES) ofrece una base para responder territorialmente. Esta estrategia articula entidades territoriales y comunidades en zonas rurales; ha ampliado la oferta de grados octavo a undécimo en 279 sedes, beneficiado a más de 50.000 estudiantes y viabilizado 303 nuevos cargos docentes, con presencia en 23 territorios.
¿Por qué no poner esa capacidad de articulación al servicio de la emergencia?
El SIMES podría activarse como una red de respuesta educativa, vinculando Secretarías de Educación, Escuelas Normales Superiores, universidades públicas, facultades de educación y organizaciones comunitarias para identificar riesgos, necesidades y capacidades instaladas, y movilizar maestros(as), orientadores(as) y equipos psicosociales hacia los territorios donde hagan falta.
No se trata de reemplazar docentes afectados ni de precarizar el trabajo mediante voluntariados permanentes. Se trata de permitir relevos temporales, nuevos nombramientos cuando sean necesarios, acompañamiento psicológico y condiciones dignas para quienes se desplacen. Las universidades públicas podemos acompañar la reconstrucción pedagógica mediante escuelas itinerantes, aulas temporales, educación en albergues y estrategias híbridas mientras se recuperan las infraestructuras.
Orlando Fals Borda nos enseñó a pensar el conocimiento desde los territorios y con las comunidades, no sobre ellas. Ese principio adquiere hoy un sentido concreto. El maestro(a) no puede ser visto únicamente como recurso humano, gestor de riesgos o encargado de restablecer el servicio educativo. Maestros y maestras están comprendiendo las problemáticas que nos atraviesan, activando iniciativas comunitarias, desafiando la adversidad y enseñando nuevas narrativas sobre solidaridad, justicia y cuidado.
La reconstrucción de una escuela comienza mucho antes de levantar sus paredes. Empieza cuando una comunidad vuelve a encontrarse, cuando un niño recupera la confianza y cuando una maestra puede entrar al aula sabiendo que su vida también está siendo sostenida.
Proteger el derecho a la educación significa también proteger a quienes lo hacen posible. Así como se planea la reconstrucción material, se requiere un frente social, pedagógico y cultural con centros regionales de apoyo que permitan socializar y sistematizar experiencias pedagógicas alternativas. El SIMES para la emergencia podría ser una alternativa si cuenta con voluntad política y financiación.
Desde la Universidad Pedagógica Nacional hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que cuente con nuestra Universidad como institución asesora, de acuerdo con lo establecido por la Ley 30 de 1992, y articulemos la formulación, acompañamiento e implementación de respuestas pedagógicas frente a la emergencia. Para este propósito, ponemos a disposición nuestras capacidades educativas, pedagógicas, investigativas, técnicas y de extensión, con el fin de contribuir a la construcción de respuestas territoriales y promover acciones colectivas de cuidado.
*Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
Por Helberth Choachí González
