Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En tiempos de elecciones la pregunta por los elementos claves para un gobierno democrático se convierte en un imperativo ético y político ineludible. Formar en la virtud, en la tradición heredada de Aristóteles, va más allá de la simple erudición. La formación se liga a la justicia, la prudencia, la sabiduría, la fortaleza y la templanza, como propósitos de quienes aspiran a gobernar para la búsqueda de una mejor sociedad.
Somos lo que la educación ha hecho de nosotros y nosotras. La educación y la cultura de un país van siempre de la mano, por eso la educación emancipadora y para la esperanza es crucial en tiempos oscuros para la humanidad, marcados por guerras globales, xenofobia institucionalizada, racismo estructural e imperialismo en ascenso.
En Colombia hemos avanzado mucho en educación a pesar de haberse concebido, de manera ambigua, como un servicio (definido por la competencia del mercado) y al mismo tiempo como un derecho progresivo (en razón de las obligaciones del Estado). Gracias a las luchas por los derechos de comunidades educativas, especialmente estudiantiles y magisteriales, se ha avanzado en una reinvención del derecho a la educación. Esa reinvención concibe a la educación como un derecho fundamental y como un bien común.
El gobierno actual ha dado algunos pasos para el fortalecimiento de la educación superior pública, en especial frente al acceso a sectores históricamente excluidos territorial y poblacionalmente. En esa línea, se destaca la destinación gradual del 1% del producto interno bruto (PIB) del país, garantizando su sostenibilidad con la sanción de la Ley 2568, originada en una iniciativa gubernamental que modifica los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992.
No obstante, persisten profundas desigualdades que impiden la garantía plena del derecho a la educación. Aspectos como la cobertura con equidad territorial, la atención a la primera infancia, la educación rural, la educación de personas adultas, la formación de los y las docentes, la educación en y para los derechos humanos, la relación entre la política educativa y la construcción de paz, las transformaciones curriculares de cara a los desafíos de la glocalización o la formación frente a los desafíos del cambio tecnológico, exigen una reflexión colectiva que nos permitan trazar rutas de trabajo que generen ajustes en la política pública educativa. Así la educación será un proyecto para la vida y una política de Estado para la democracia y el florecimiento de nuestro país.
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 72 de la Ley 115 de 1994, viene organizando y consolidando un Plan Decenal de Educación (2026-2036) cuyo propósito es orientar la política educativa a 10 años con nuevos desafíos y tensiones. Este Plan Decenal convoca a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las entidades públicas y privadas, a las instituciones, centros de investigación, partidos políticos y sindicatos, gremios, familias y sociedad en su conjunto, para participar en su diseño y elaboración.
La Universidad Pedagógica Nacional ha venido asesorando este propósito y ha puesto a disposición del Ministerio un equipo de expertas que profundizan, desde su experiencia investigativa, los métodos y estrategias académicas, pedagógicas, evaluativas y didácticas para escuchar las voces de las regiones, así como reconocer y sistematizar sus procesos de educación popular y crítica en orden a la presentación de las bases para una política pública en educación y en formación de docentes. El plan decenal podrá dibujarse como se construye un gran mapa: ordenado, con coordenadas claras y ecosistémico, que haga énfasis en tres ejes: a) el derecho a la educación, b) la financiación pública adecuada y c) la educación para la transformación social y la vida en democracia.
Desde estos lugares de enunciación, en el marco de la coyuntura electoral, queremos convocar al nuevo presidente o presidenta, a que considere en su plan de gobierno:
1. La incorporación del Plan Decenal de Educación como componente estructurante del nuevo Plan de Desarrollo.
2. La recuperación en la agenda legislativa de la Ley Estatutaria por la Educación, que abarque desde la educación inicial hasta la educación superior.
3. La reglamentación del Sistema General de Participaciones (SGP) para garantizar la complementariedad en la financiación de la educación con la interdependencia del derecho al agua.
4. Transformar el aseguramiento de la calidad, para orientar los proyectos educativos institucionales al abordaje de los problemas territoriales y el desarrollo del país.
5. Desarrollar una propuesta seria y documentada sobre pedagogía y política pública de formación de maestros y maestras de cara a los desafíos actuales de la educación superior: baja tasa de natalidad, brechas tecnológicas y la excesiva flexibilización/desregulación del sistema de formación que pueden amenazar la formación para la vida.
6. Vincular de manera decidida la financiación plena en ciencia y tecnología donde se vincule el saber y la formación docente para un proyecto de nación.
7.Construir relaciones académicas y científicas en el marco de la internacionalización y diplomacia universitaria para la solidaridad, basada en la reciprocidad y para un proyecto de humanidad que defienda los derechos humanos; no para la guerra y el neocolonialismo intelectual.
8. A adoptar iniciativas claras para la dignificación de la profesión docente.
Nota: en la Universidad Pedagógica Nacional creemos que la formación de profesionales, pasa por lo curricular, pero también por la dignificación del ejercicio docente y la existencia de espacios de autocuidado y cuidado mutuo. En esta perspectiva, celebramos nuestra primera carrera como un escenario de encuentro y disfrute deportivo, de fortalecimiento de lazos y como escenario pedagógico para pensarnos la Universidad que demanda el futuro.
