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21 Jan 2022 - 4:57 p. m.

Los límites de la impunidad

Cuatro mil casos de tortura, 27 asesinatos y dos casos de agresión sexual son cifras a las que los colombianos están acostumbrados cuando se habla de crímenes atribuidos a miembros de las Fuerzas Militares del país.

Sin embargo, estas vergonzosas cifras corresponden, en esta ocasión, al número de crímenes imputados a Anwar Raslan, excoronel del ejército sirio, quien sirvió y se identificó con el régimen autocrático de Bashar al Assad, en el que las violaciones del derecho internacional humanitario han sido recurrentes durante más de 11 años.

Raslan, de 58 años, autor y cómplice de la destrucción de miles de vidas, fue recientemente condenado por la jueza Anne Kerber del alto tribunal de Coblenza, Alemania, en una demanda interpuesta por abogados sirios con el apoyo del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos -ECCHR- haciendo uso de la Jurisdicción Universal, un instrumento de la justicia internacional que permite a fiscales procesar a responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio y tortura, es decir, crímenes contra la humanidad cometidos en otro lugar.

No hay discusión en cuanto a que la situación que han tenido que vivir los sirios es de la peor degradación. Al mismo tiempo, sería de miopes no ver que existen paralelos entre el (ab)uso que hacen del poder el ejército y los servicios secretos de inteligencia sirio y el colombiano. Las 6.402 personas ejecutadas de manera sistemática para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio colombiano entre 2002 y 2008, como estableció la JEP, es uno de los datos que hace posible la comparación.

La condena contra el excoronel Raslan, tal como sucedió con la captura de Augusto Pinochet en 1998 mientras se encontraba en Inglaterra, sienta un precedente que deja en claro que en cualquier momento la Jurisdicción Universal puede ser empleada para procesar también a colombianos responsables de crímenes de lesa humanidad.

Colombia comparte con Siria los puestos más altos de las listas de países con mayor número de desplazamiento forzado en el mundo, por cuenta de la violencia. En ambos casos se trata de millones de personas y muchas de las razones de estos desplazamientos, están relacionadas con la violencia estatal y un régimen que en vez de proteger a su gente se va contra ellos, los desecha y/o los expulsa.

No sé qué sucede en la esfera íntima de todo familiar o víctima de crímenes de lesa humanidad, cuando quienes cometen daño y sufrimiento son llamados a rendir cuentas, pero a mí, me llena de esperanza cuando la balanza de la justicia se inclina hacia el lado correcto.

No únicamente quienes hemos sido violentados debemos tener muy presente este instrumento del derecho internacional, que debería ser una herramienta clave para los abogados de derechos humanos colombianos dentro de sus estrategias en la lucha contra la impunidad, sino que además los perpetradores no deberían olvidar tan fácilmente que por mucho que crean que nunca rendirán cuentas dentro de las fronteras de sus países, siempre estarán en riesgo de ser procesados por tribunales extranjeros.

Conozco por fuerza mayor el recorrido que algunas víctimas tenemos que hacer en nuestros países en busca de que nuestro derecho a verdad y justicia sea respetado. Nosotros acudimos a tribunales nacionales, siguiendo el principio clásico del derecho que exigen un vínculo de conexión entre el hecho cometido y el Estado que juzga.

Sin embargo, tras años de espera sin respuesta, decidimos acudir a un tribunal regional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Una corte con jueces de diferentes países de la región.

Aunque la Corte IDH falló a favor nuestro y en contra del Estado colombiano, condenado como autor de los crímenes más horrendos en torno a la re-toma del Palacio de Justicia, los gobernantes colombianos se han resistido a actuar con dignidad, y por el contrario, aprovechan que la condena sea contra el Estado y sin efecto punitivo contra los autores directos (materiales e intelectuales) para brindarles su protección, y dejar nuevamente a las víctimas solas. Por esto, militares activos y en retiro al igual que civiles involucrados en crímenes como los que llevaron a la condena del excoronel sirio Anwar Raslan, disfrutan de la libertad en Colombia.

La justicia impartida a través de la Corte IDH, así como otras cortes regionales, representa un apoyo inmensurable a las víctimas de crímenes de Estado. Valida sus reclamos, pero a un nivel macro, porque la condena, cuando se da, se da contra todo el aparato del Estado y no contra los perpetradores.

La justicia impartida haciendo uso de la Jurisdicción Universal, en cambio, permite que cuando una víctima demanda por crímenes de lesa humanidad sufridos en algún lugar del mundo, un tribunal de otra parte procese y condene al responsable por la propia naturaleza del crimen y con efectos punitivos, sin que la soberanía sea un obstáculo para impartir justicia.

Esta condena a una persona responsable de crímenes que me afectan a mí y a toda la humanidad, me genera gran satisfacción, no porque el excoronel pasará varios años de su vida tras las rejas, sino porque manda un mensaje a todos los que atentan contra los derechos de otros, les recuerda que su poder tiene límites y que también ellos son vulnerables, pues en la justicia universal no existen fronteras y, por tanto, siempre podrán ser condenados.

* Latinoamericanista

@HelenaUranBideg

Helena Uran Bidegain

Por Helena Uran Bidegain

Latinoamericanista, analista política, autora
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