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24 Apr 2022 - 12:00 p. m.

Los secretos de Arcano 6

Hace ya dos años que el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales obtuvo la libertad (condicional) de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Incomprensible, teniendo en cuenta que Arias Cabrales estuvo a cargo de la operación de retoma del Palacio de Justicia donde, como todo el país ya sabe, 98 personas inocentes murieron, varias fueron torturadas y/o ejecutadas, y 11 desaparecidas. Arias Cabrales fue condenado por la justicia ordinaria a 35 años de cárcel por cinco de esas desapariciones, pero está en libertad.

Han pasado 36 años ya desde lo ocurrido ese 6 y 7 de noviembre de 1985, pero nada cambia. El Estado sigue estando en manos de hombres que, como Arias Cabrales, han hecho de Colombia un país sumido en la violencia, ahogado de tanto sufrimiento, y que se benefician de un aparato de (in)justicia dedicado a perpetuar la impunidad.

Para acogerse a la JEP, el general retirado asumió el compromiso del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es decir, prometió que aportaría a la verdad, previo al beneficio que le fue concedido.

Los secretos de Arcano 6
Foto: Scanner

Sin embargo, la magistrada Claudia Saldaña, de la JEP -que, ¡oh sorpresa!, viene de la Justicia Penal Militar y está a cargo del caso de Arias Cabrales-, no le ha exigido ni siquiera después de dos años que cumpla con el compromiso que ella bien sabe debía ser previo a la concesión de la libertad. La situación actual desde la JEP en este caso es: libertad y beneficios para el victimario, desinterés por las víctimas y la verdad.

A ella y a los demás magistrados a cargo tampoco parece interesarles la exhaustiva investigación presentada, el pasado mes de diciembre de 2021, por la organización londinense Forensic Architecture (cuyos trabajos suelen tener valor probatorio en tribunales alrededor del mundo), en asocio con la Comisión de la Verdad, que expone de manera detallada lo sucedido con las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en 1985.

En tan solo dos años de trabajo, esta organización académica interdisciplinaria e independiente expuso lo que, en 36, la Fiscalía General de la Nación, con excepción de las investigaciones de Ángela María Buitrago y José Darío Cediel, se ha negado a hacer: poner en evidencia que las personas desaparecidas, torturadas y asesinadas fueron víctimas de un minucioso plan de inteligencia militar y posiblemente también del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En los videos que hacen parte de la investigación realizada por la organización y que se pueden ver en el enlace : https://forensic-architecture.org/investigation/enforced-disappearance-at-the-palacio-de-justicia, se ve claramente a civiles, con carpeta en mano, coordinando con el ejército lo que iba sucediendo con cada una de las personas que salían vivas del Palacio de Justicia. Los crímenes de los que fueron ese día víctimas personas inocentes, obedecieron a una práctica que se ha repetido una y varias veces por hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Por eso, lo que sucedió hace pocos días en el Putumayo, en donde los pobladores de la zona se vieron confrontados con el horror de descubrir que quienes los atacaban no eran actores al margen de la ley, que sería suficientemente dramático, sino los representantes de la ley, no es algo ni nuevo, ni aislado en Colombia. Podríamos comparar muchos otros sucesos, masacres, ataques en los que el ejército colombiano ha estado involucrado y veríamos una y otra vez, los paralelos en todos ellos. Es por eso que ni el ministro de Defensa, ni el Ejecutivo se pronuncian. Es por eso, que la Fiscalía nunca investiga. El sistema del que hacen parte está diseñado para blindarse, protegerse unos a otros y que en el país siga vivo el terror estatal.

Cada vez más gente tiene claridad de que Colombia ha sido y es un país gobernado y controlado por manos criminales con unas Fuerzas Armadas a su servicio y una inteligencia que no protege a la población de posibles ataques, sino que es usada para reprimir, amenazar y eliminar a quien cuestiona al Estado.

Esta podría ser la razón por la que ni la JEP ni la Fiscalía han reaccionado a las investigaciones de Forensic Arquitecture y tampoco avanza en sus propias investigaciones.

En la Fiscalía no han querido actuar con relación a otros generales y altos oficiales incluso vinculados ya a la investigación sobre los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. No los llama a responder y no resuelve su situación jurídica.

En la JEP, la magistrada Saldaña, parece haberse olvidado rápidamente de que ella está ahí para administrar justicia y responderles a las víctimas, no a sus generales.

Las imágenes de 1985 presentadas en la investigación de Forensic Architecture muestran dos de los hombres vestidos de civil que acompañaron la operación de retoma del Palacio de Justicia, ubicados a lo largo del cordón militar y que interactuaban como los demás uniformados con los rehenes que iban saliendo del edificio y eran llevados hasta la casa del florero o a ambulancias.

Estas fotos responden a uno de estos hombres con carpeta en mano:

Estas tres imágenes muestran a otro de ellos, usando chaleco de organización humanitaria.

Algunos de los rehenes que fueron llevados a las ambulancias que este sujeto acompañó, aparecieron después muertos o nunca se supo de su paradero.

Nadie desde el Estado se ha preocupado por averiguar quiénes son estos señores de las imágenes. Tanto Arias Cabrales como ellos gozan de libertad y posiblemente confían en un sistema que siempre los ha protegido.

Ya que la magistrada Saldaña y los demás magistrados de la JEP a cargo del caso de Arias Cabrales no parece tener ni afán, ni interés en que Arias Cabrales cuente lo que sabe, entonces ella quizás sí nos pueda responder: ¿Por qué después de dos años no ha llamado al militar retirado a declarar? ¿Por qué goza de ese beneficio sin haber aportado nada a la verdad? ¿Hasta cuándo piensa la JEP perjudicar a las víctimas y dar amparo a un militar del que está demostrado (con una sentencia judicial) que es responsable de los crímenes más horrendos? ¿Por qué no se ha priorizado este caso que tiene que ver con una de las peores masacres ocurridas en Colombia y la peor en términos de institucionalidad?

Son muchas las personas que quieren ver a la JEP actuando. La JEP debe preguntar a ARCANO 6 (nombre que asumió Jesús Armando Arias Cabrales en las comunicaciones radiales entre militares durante la retoma del Palacio de justicia) como comandante de las operaciones de retoma: ¿Quiénes son los señores de las imágenes? ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién les dio la autorización? ¿A qué arma del ejército, organismo de inteligencia de la policía o departamento de seguridad pertenecen? ¿Dónde están hoy? ¿Qué más sabe?

Queremos ver el compromiso de la JEP con las víctimas.

!Queremos verla actuar YA!

Helena Uran Bidegain

Por Helena Uran Bidegain

Latinoamericanista, analista política, autora
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