Las prácticas frecuentes del gobierno del presidente Santos y de sus mayorías en el Congreso, consistentes en no respetar las normas establecidas, nos plantean hoy una pregunta que los colombianos pocas veces nos hemos hecho, ¿está en resigo acaso nuestra democracia?
La señal más clara para aventurar un sí a tal pregunta, emerge tanto del galimatías jurídico que aprovechan los magistrados politizados para sus sentencias exóticas, como de la presencia en el país de mayorías políticas dispuestas a hacer u omitir cualquier cosa para firmar, implementar o desarrollar una paz incierta con las Farc, organización que se reconoce a sí misma como marxista leninista.
Recordemos que metas inalcanzables, tal como se considera la paz con el narcotráfico como delito político sin sanciones y en connivencia con las autoridades, bien puede conducirnos a conflicto mayor que el padecido en décadas pasadas.
El gobierno de Santos resulta ser positivo para nuestra pregunta. Porque gana sus primeras elecciones con los votos de la “seguridad democrática”, traiciona sus electores y termina su primer mandato negociando su paz con las Farc y con el país convertido en un mar de coca, causa de todas las guerras. Gana su reelección infiltrando la campaña de su opositor con hackers pagados por el Estado. Pierde su plebiscito para aprobar su azaroso acuerdo de paz con las Farc y promete otro acuerdo con modificaciones para lograr un mayor consenso, y termina aprobando casi el mismo texto inicial por medio de sus mayorías parlamentarias cortas de vista.
Los constituyentes de 1991 establecieron reglas rigurosas y claras para modificar la Constitución, como los ocho debates, para darles tiempo a los señores congresistas para deliberar y reflexionar.
Como acertadamente lo prevé la representante Margarita María Restrepo Arango: “Ahora la Corte Constitucional, que en principio había dicho de manera clara y sin espacio para interpretaciones que el fast track sólo podía implementarse si el acuerdo era validado popularmente de manera directa, sale con la exótica y pintoresca tesis de que la refrendación a través del congreso es una modalidad de refrendación directa”.
Este episodio nos demuestra lo que vendrá en adelante, continúa la representante: “La construcción de ese nuevo Estado de transición que anuncia Timochenko y que Santos bendice con complicidad, no será otra cosa que un régimen arbitrario que se impondrá de manera ilegal, por encima de la voluntad popular. La pregunta que hoy todos nos hacemos es: ¿Santos y las Farc van a respetar el resultado electoral de 2018? Con el precedente que tenemos, no es descabellado pensar que la coalición Santos-Farc, que tendrá un reducido número de votos, se pase por la faja el resultado de las urnas y, en nombre de la paz haga otro fraude”. Cualquier cosa podemos esperar de hoy en adelante, cancelación de las elecciones o elecciones fraudulentas.
Las prácticas frecuentes del gobierno del presidente Santos y de sus mayorías en el Congreso, consistentes en no respetar las normas establecidas, nos plantean hoy una pregunta que los colombianos pocas veces nos hemos hecho, ¿está en resigo acaso nuestra democracia?
La señal más clara para aventurar un sí a tal pregunta, emerge tanto del galimatías jurídico que aprovechan los magistrados politizados para sus sentencias exóticas, como de la presencia en el país de mayorías políticas dispuestas a hacer u omitir cualquier cosa para firmar, implementar o desarrollar una paz incierta con las Farc, organización que se reconoce a sí misma como marxista leninista.
Recordemos que metas inalcanzables, tal como se considera la paz con el narcotráfico como delito político sin sanciones y en connivencia con las autoridades, bien puede conducirnos a conflicto mayor que el padecido en décadas pasadas.
El gobierno de Santos resulta ser positivo para nuestra pregunta. Porque gana sus primeras elecciones con los votos de la “seguridad democrática”, traiciona sus electores y termina su primer mandato negociando su paz con las Farc y con el país convertido en un mar de coca, causa de todas las guerras. Gana su reelección infiltrando la campaña de su opositor con hackers pagados por el Estado. Pierde su plebiscito para aprobar su azaroso acuerdo de paz con las Farc y promete otro acuerdo con modificaciones para lograr un mayor consenso, y termina aprobando casi el mismo texto inicial por medio de sus mayorías parlamentarias cortas de vista.
Los constituyentes de 1991 establecieron reglas rigurosas y claras para modificar la Constitución, como los ocho debates, para darles tiempo a los señores congresistas para deliberar y reflexionar.
Como acertadamente lo prevé la representante Margarita María Restrepo Arango: “Ahora la Corte Constitucional, que en principio había dicho de manera clara y sin espacio para interpretaciones que el fast track sólo podía implementarse si el acuerdo era validado popularmente de manera directa, sale con la exótica y pintoresca tesis de que la refrendación a través del congreso es una modalidad de refrendación directa”.
Este episodio nos demuestra lo que vendrá en adelante, continúa la representante: “La construcción de ese nuevo Estado de transición que anuncia Timochenko y que Santos bendice con complicidad, no será otra cosa que un régimen arbitrario que se impondrá de manera ilegal, por encima de la voluntad popular. La pregunta que hoy todos nos hacemos es: ¿Santos y las Farc van a respetar el resultado electoral de 2018? Con el precedente que tenemos, no es descabellado pensar que la coalición Santos-Farc, que tendrá un reducido número de votos, se pase por la faja el resultado de las urnas y, en nombre de la paz haga otro fraude”. Cualquier cosa podemos esperar de hoy en adelante, cancelación de las elecciones o elecciones fraudulentas.