Como se recuerda, en el año 2014 le presentó el presidente Santos al Congreso su ‘maravillosa’ reforma total a la salud, la misma que pasó a la Historia como otra más de su ya larga lista de reformas abortadas.
La atacaron y la hundieron los usuarios, los médicos, la izquierda, la derecha y las empresas del sector.
Tras este monumental fracaso, le informaron al país sus cortesanos que al sistema de salud le faltaba algo clave, fundamental, previo a cualquier reforma en este sector, esto es, una Ley Estatutaria que estableciera el acceso a la salud como un derecho fundamental y autónomo de los colombianos que no se pudiera limitar por la carencia de fondos.
Esta ley la aprobó el Congreso con sus mayorías populistas y una Corte Constitucional con mayorías inconsecuentes la declaró exequible, la misma inefable Corte que acaba de establecer que “la dosis personal de droga es la que necesite el usuario”. Sí; tanto para el usuario como para venderla.
Regresemos al tema de la Ley Estatutaria. Se ordena en ella que se preste el servicio de salud a todos los colombianos en condiciones de equidad, oportunidad y calidad y que el Estado garantice su financiación sin las limitaciones impuestas por la sostenibilidad fiscal.
Cuando un colombiano requiera atención de urgencia, debe esta brindarse sin exigirle papeles ni dinero. El sistema de salud debe garantizarles a todos los colombianos los tratamientos, los medicamentos con la tecnología formulada por los médicos. Lo que prescriban los médicos y los odontólogos se respetará.
El incumplimiento hoy de esta ley Estatutaria nos demuestra que sí se legisló en forma utópica. Prueba de ello: los numerosos hospitales o IPS al borde de la quiebra, las quejas de los usuarios, de los médicos y de las EPS intermediarias. El Gobierno señala como culpables a las EPS que le adeudan $5,8 billones a las IPS. Pero en el fondo de toda esta crisis emergen siempre los incumplimientos del Fosyga en sus pagos tanto al sector contributivo como al subsidiado. ¿Se demuestra así nuestra imposibilidad financiera para cumplir con esta ley populista?
En la página de la Organización Mundial de la Salud, se afirma que el 10% del PIB es el porcentaje promedio mundial y por año, de todos los gastos e inversiones tanto públicas como privadas en salud. Costa Rica, por ejemplo, gasta e invierte por año el 10% de su PIB, 1.000 dólares corrientes por habitante y por año. El Reino Unido, considerado como el mejor sistema de salud del mundo, reporta un 9% del PIB y 3.600 dólares corrientes por inglés y por año.
La OMS estima que a los gastos e inversiones totales para la salud en Colombia, tanto las públicas como privadas, les destinamos cerca del 7% del PIB. Estimo un PIB para 2016 de $850 billones. Con una tasa de cambio de 3.000 pesos/dólar le corresponden a la salud exiguos 400 dólares corrientes por colombiano y por año. A una tasa hipotética de 2.000 pesos/dólar canalizaríamos 600 dólares corrientes por colombiano y por año, nada extraordinario.
Mi conclusión. En la financiación insuficiente radica, quizá, la causal más importante para explicar la crisis del sector de la salud en Colombia. Tenemos más derechos fundamentales que posibilidades financieras. No sé si resulte muy exagerada mi apreciación: a la fecha funciona el sector de la salud más mal que hace dos años y todavía no se prevén mejoras futuras.
Como se recuerda, en el año 2014 le presentó el presidente Santos al Congreso su ‘maravillosa’ reforma total a la salud, la misma que pasó a la Historia como otra más de su ya larga lista de reformas abortadas.
La atacaron y la hundieron los usuarios, los médicos, la izquierda, la derecha y las empresas del sector.
Tras este monumental fracaso, le informaron al país sus cortesanos que al sistema de salud le faltaba algo clave, fundamental, previo a cualquier reforma en este sector, esto es, una Ley Estatutaria que estableciera el acceso a la salud como un derecho fundamental y autónomo de los colombianos que no se pudiera limitar por la carencia de fondos.
Esta ley la aprobó el Congreso con sus mayorías populistas y una Corte Constitucional con mayorías inconsecuentes la declaró exequible, la misma inefable Corte que acaba de establecer que “la dosis personal de droga es la que necesite el usuario”. Sí; tanto para el usuario como para venderla.
Regresemos al tema de la Ley Estatutaria. Se ordena en ella que se preste el servicio de salud a todos los colombianos en condiciones de equidad, oportunidad y calidad y que el Estado garantice su financiación sin las limitaciones impuestas por la sostenibilidad fiscal.
Cuando un colombiano requiera atención de urgencia, debe esta brindarse sin exigirle papeles ni dinero. El sistema de salud debe garantizarles a todos los colombianos los tratamientos, los medicamentos con la tecnología formulada por los médicos. Lo que prescriban los médicos y los odontólogos se respetará.
El incumplimiento hoy de esta ley Estatutaria nos demuestra que sí se legisló en forma utópica. Prueba de ello: los numerosos hospitales o IPS al borde de la quiebra, las quejas de los usuarios, de los médicos y de las EPS intermediarias. El Gobierno señala como culpables a las EPS que le adeudan $5,8 billones a las IPS. Pero en el fondo de toda esta crisis emergen siempre los incumplimientos del Fosyga en sus pagos tanto al sector contributivo como al subsidiado. ¿Se demuestra así nuestra imposibilidad financiera para cumplir con esta ley populista?
En la página de la Organización Mundial de la Salud, se afirma que el 10% del PIB es el porcentaje promedio mundial y por año, de todos los gastos e inversiones tanto públicas como privadas en salud. Costa Rica, por ejemplo, gasta e invierte por año el 10% de su PIB, 1.000 dólares corrientes por habitante y por año. El Reino Unido, considerado como el mejor sistema de salud del mundo, reporta un 9% del PIB y 3.600 dólares corrientes por inglés y por año.
La OMS estima que a los gastos e inversiones totales para la salud en Colombia, tanto las públicas como privadas, les destinamos cerca del 7% del PIB. Estimo un PIB para 2016 de $850 billones. Con una tasa de cambio de 3.000 pesos/dólar le corresponden a la salud exiguos 400 dólares corrientes por colombiano y por año. A una tasa hipotética de 2.000 pesos/dólar canalizaríamos 600 dólares corrientes por colombiano y por año, nada extraordinario.
Mi conclusión. En la financiación insuficiente radica, quizá, la causal más importante para explicar la crisis del sector de la salud en Colombia. Tenemos más derechos fundamentales que posibilidades financieras. No sé si resulte muy exagerada mi apreciación: a la fecha funciona el sector de la salud más mal que hace dos años y todavía no se prevén mejoras futuras.