Los paros en Colombia se aceleraron desde finales de 2012.
Este año lo iniciamos con el paro de los cafeteros y ahora recientemente con los de los agricultores, los transportadores, los maestros… Los costos de estas manifestaciones de descontento son de tres clases: los políticos, los de los propios sectores en paro y los costos para los contribuyentes que pagamos impuestos.
En mi opinión, los costos políticos son los más graves, porque denotan incompetencia del Estado para prever los problemas e incapacidad para resolverlos en forma oportuna. En diversos sectores de la economía va ganando terreno la idea de que la única manera de llamar la atención del Gobierno radica en suspender actividades, destruir propiedades privadas y bloquear las vías.
Nefastas repercusiones políticas tendrá la solución de los paros por medio de la suspensión de las fumigaciones a los cultivos de coca en el Catatumbo. Allá se creó, sin reconocerlo expresamente, una nueva modalidad de zona de reserva campesina controlada por las Farc.
El desplome de la popularidad del presidente Santos es un típico costo político que marcha contra su reelección. Esta impopularidad la consideran otros como un gran beneficio político para el país.
Los costos por 15 días de paro de los transportadores los estimaron ellos mismos en $900.000 millones. Los costos para el sector agropecuario superan los $200.000 millones. En resumen, a los sectores en paro les costó este más de un billón de pesos.
Los costos de los acuerdos del Gobierno con los sectores en paro no se conocen. A nadie parece preocuparle esto. Deduzco de manera indirecta que superan estos acuerdos los $3 billones, porque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, resolvió suspender la reducción programada para enero de 2014 del impuesto del 2 por mil sobre las transacciones financieras con el fin de destinarlos a los acuerdos firmados con el agro.
La negación del plazo para aplicar el fallo que limitó la facultad del Ejecutivo para definir el precio de la gasolina y una reducción de $1.000 en el galón de gasolina, se avecinaría a los $6 billones, según el Ministro citado. A lo anterior se le debe adicionar la incertidumbre en las erogaciones para unas 310.000 pensiones de jubilación causadas y represadas por la caótica Colpensiones. De $30 billones que cuestan estas en 2013 podrían saltar a los $50 billones en 2014, según cifras oficiales. Más los incalculables, los billonarios desembolsos para el confuso sector de la salud.
De lo anterior deducimos los legos que el hueco fiscal para el 2014 bien puede acercarse hoy a los $20 billones, cerca del 10% de presupuesto aprobado. Y cabe preguntarnos las razones por las cuales los presidentes economistas como Gaviria, Samper y Santos no han brillado en el manejo de la economía colombiana.
Los paros en Colombia se aceleraron desde finales de 2012.
Este año lo iniciamos con el paro de los cafeteros y ahora recientemente con los de los agricultores, los transportadores, los maestros… Los costos de estas manifestaciones de descontento son de tres clases: los políticos, los de los propios sectores en paro y los costos para los contribuyentes que pagamos impuestos.
En mi opinión, los costos políticos son los más graves, porque denotan incompetencia del Estado para prever los problemas e incapacidad para resolverlos en forma oportuna. En diversos sectores de la economía va ganando terreno la idea de que la única manera de llamar la atención del Gobierno radica en suspender actividades, destruir propiedades privadas y bloquear las vías.
Nefastas repercusiones políticas tendrá la solución de los paros por medio de la suspensión de las fumigaciones a los cultivos de coca en el Catatumbo. Allá se creó, sin reconocerlo expresamente, una nueva modalidad de zona de reserva campesina controlada por las Farc.
El desplome de la popularidad del presidente Santos es un típico costo político que marcha contra su reelección. Esta impopularidad la consideran otros como un gran beneficio político para el país.
Los costos por 15 días de paro de los transportadores los estimaron ellos mismos en $900.000 millones. Los costos para el sector agropecuario superan los $200.000 millones. En resumen, a los sectores en paro les costó este más de un billón de pesos.
Los costos de los acuerdos del Gobierno con los sectores en paro no se conocen. A nadie parece preocuparle esto. Deduzco de manera indirecta que superan estos acuerdos los $3 billones, porque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, resolvió suspender la reducción programada para enero de 2014 del impuesto del 2 por mil sobre las transacciones financieras con el fin de destinarlos a los acuerdos firmados con el agro.
La negación del plazo para aplicar el fallo que limitó la facultad del Ejecutivo para definir el precio de la gasolina y una reducción de $1.000 en el galón de gasolina, se avecinaría a los $6 billones, según el Ministro citado. A lo anterior se le debe adicionar la incertidumbre en las erogaciones para unas 310.000 pensiones de jubilación causadas y represadas por la caótica Colpensiones. De $30 billones que cuestan estas en 2013 podrían saltar a los $50 billones en 2014, según cifras oficiales. Más los incalculables, los billonarios desembolsos para el confuso sector de la salud.
De lo anterior deducimos los legos que el hueco fiscal para el 2014 bien puede acercarse hoy a los $20 billones, cerca del 10% de presupuesto aprobado. Y cabe preguntarnos las razones por las cuales los presidentes economistas como Gaviria, Samper y Santos no han brillado en el manejo de la economía colombiana.