De acuerdo con un artículo publicado por la revista Semana en su edición número 1396, se menciona en él la celebración de una reunión liderada por el señor Presidente, Álvaro Uribe, en el Conpes, con la asistencia de la mayoría de sus ministros, para darle vía libre a la aprobación de una partida por nada menos que de 1,8 billones de pesos para la modificación de una veintena de concesiones viales, adjudicadas la mayoría de ellas hace ya algunos años, y, lo más sorprendente, con menos de un año otras cuantas.
La razón para esta controversial aprobación radica en que a varios de los consorcios que se ganaron las licitaciones lo hicieron con unos precios muy bajos en relación con sus competidores. Por esto les permitirán ahora cambiarlos y adicionar los montos totales en cifras hasta de 200.000 millones de pesos, sin mediar una nueva licitación, a menos que los contratistas no acepten las condiciones que les exija el Gobierno, momento en el cual como que sí habrá una nueva licitación.
"De suceder esto, el tiempo que se buscó ganar con lo expedito e inusual que ha sido este proceso se habrá perdido, porque se necesitará si quiera un año para alistar las licitaciones requeridas", concluye Semana.
En aras de la honestidad de quien escribe, advierto que lo aprobado, a pesar de lo extraño e inusual, se basa en que el año pasado se sancionó en la Ley de Contratación Estatal, la cual fue promovida por el ministro de Transporte, señor Andrés Uriel Gallego, un párrafo que reza así: Se admite ampliar el plazo de las concesiones de obras públicas hasta en un 60 por ciento y sin restricción alguna en el monto de las mismas.
Para que esto suceda, el Conpes deberá dar un "concepto previo favorable" soportado en un estudio técnico y económico del contrato que se va a modificar. Con este cheque en blanco otorgado por la Ley, entran los interventores, los expertos y un consejo directivo integrado por Mintransporte, Minhacienda, Planeación y el Inco, a ratificar el proyecto antes de ser presentado de nuevo al Conpes para su aprobación definitiva.
Todos los desesperados esfuerzos descritos nos permiten sospechar el remordimiento del Ministerio de Transporte por no haber adjudicado las obras en forma correcta, es decir, con buenos estudios de ingeniería, financieros y con previsiones para los desastres naturales. En síntesis, al menor costo unitario y no al menor costo total.
Hace algunos meses insistimos en esta columna en la solución que se acostumbra en todas las naciones del mundo, salvo en Colombia, para adjudicar las grandes obras de ingeniería. Por doquiera les adjudican los contratos a quienes presenten los menores precios unitarios y, paralelamente, les nombran unos auditores con reconocida capacidad técnica y experiencia para evitar que cobren, por ejemplo, más metros cúbicos que los removidos realmente o que ejecuten obras innecesarias. Estimo que, ante las realidades y dificultades de toda contratación, los precios unitarios mínimos se administrarían con mayor flexibilidad, eficacia y transparencia que el precio total fijo.
