En 2018, en Escazú (Costa Rica), 17 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron un acuerdo para proteger el medio ambiente de la región, el cual deberá ser ratificado por al menos 11 países. Chile, Perú, Brasil y México ya lo rechazaron y Colombia debería hacer lo mismo, por vulnerar la autonomía legal de quienes lo ratifiquen. Esta autonomía la transfiere el acuerdo a la retorcida Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sus objetivos son: “1. Garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos al acceso a la información ambiental. 2. Asegurar el acceso a la información ambiental. 3. Garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 4. Crear y fortalecer las capacidades de protección del derecho de cada persona a vivir un medio ambiente sano y con desarrollo sostenible”.
Algunos dudosos beneficios adicionales para los defensores de Escazú: “La democracia ambiental es esencial en la construcción de un país más equitativo donde quienes defienden el ambiente puedan ejercer su labor con garantías institucionales. (…) Además, contiene herramientas para que los Estados protejan adecuadamente a los defensores del ambiente y para que se les reconozca y fortalezca su labor (…) Muchas de las disposiciones de Escazú ya están dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno. Por tanto, su firma y ratificación podrían armonizar muchas normas que se encuentran dispersas por el enmarañado marco legal”.
¿Cuál es el proceso para ratificar este acuerdo? 1. Se somete a cuatro debates en el Congreso para ratificar el convenio mediante una ley ordinaria. 2. Aprobada la ley, pasa a sanción presidencial. 3. Una vez sancionada pasa a la Corte Constitucional para verificar que no haya vicios de fondo ni de forma. 4. La Cancillería deposita el documento, finalmente, ante el secretario de las Naciones Unidas en Nueva York.
En el programa La Hora de la Verdad, el senador entrevistado Alejandro Corrales dijo y repitió en forma muy clara: “Con la ratificación del acuerdo se le está dando a cualquier comunidad, ONG e incluso a cualquier individuo —nacional o extranjero— el derecho a demandar a cualquier gobierno. Esto es muy delicado porque cualquier persona podría llegar a demandarnos ante la CIDH, por cualquier demanda suya no atendida en forma debida, en su concepto, en Colombia”.
Con el argumento de proteger el medio ambiente, ratificar el acuerdo de Escazú les permitiría al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, y a sus amigos impedir la aspersión aérea con glifosato, porque se podrían afectar las cuatro maticas de maíz y fríjol que intercalan para demostrar que el popular herbicida afecta los cultivos de pancoger. Víctimas de Escazú serán también vitales e inaplazables proyectos hidroeléctricos, viales, de fracking y de minería.
También encuentran albergue en el acuerdo citado las consultas previas a comunidades con pocos miles de habitantes, por medio de las cuales pueden oponerse a las inversiones en sus regiones por razones políticas o por ignorancia, soslayando los grandes beneficios que se derivarían para millones de colombianos.
En 2018, en Escazú (Costa Rica), 17 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron un acuerdo para proteger el medio ambiente de la región, el cual deberá ser ratificado por al menos 11 países. Chile, Perú, Brasil y México ya lo rechazaron y Colombia debería hacer lo mismo, por vulnerar la autonomía legal de quienes lo ratifiquen. Esta autonomía la transfiere el acuerdo a la retorcida Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sus objetivos son: “1. Garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos al acceso a la información ambiental. 2. Asegurar el acceso a la información ambiental. 3. Garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 4. Crear y fortalecer las capacidades de protección del derecho de cada persona a vivir un medio ambiente sano y con desarrollo sostenible”.
Algunos dudosos beneficios adicionales para los defensores de Escazú: “La democracia ambiental es esencial en la construcción de un país más equitativo donde quienes defienden el ambiente puedan ejercer su labor con garantías institucionales. (…) Además, contiene herramientas para que los Estados protejan adecuadamente a los defensores del ambiente y para que se les reconozca y fortalezca su labor (…) Muchas de las disposiciones de Escazú ya están dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno. Por tanto, su firma y ratificación podrían armonizar muchas normas que se encuentran dispersas por el enmarañado marco legal”.
¿Cuál es el proceso para ratificar este acuerdo? 1. Se somete a cuatro debates en el Congreso para ratificar el convenio mediante una ley ordinaria. 2. Aprobada la ley, pasa a sanción presidencial. 3. Una vez sancionada pasa a la Corte Constitucional para verificar que no haya vicios de fondo ni de forma. 4. La Cancillería deposita el documento, finalmente, ante el secretario de las Naciones Unidas en Nueva York.
En el programa La Hora de la Verdad, el senador entrevistado Alejandro Corrales dijo y repitió en forma muy clara: “Con la ratificación del acuerdo se le está dando a cualquier comunidad, ONG e incluso a cualquier individuo —nacional o extranjero— el derecho a demandar a cualquier gobierno. Esto es muy delicado porque cualquier persona podría llegar a demandarnos ante la CIDH, por cualquier demanda suya no atendida en forma debida, en su concepto, en Colombia”.
Con el argumento de proteger el medio ambiente, ratificar el acuerdo de Escazú les permitiría al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, y a sus amigos impedir la aspersión aérea con glifosato, porque se podrían afectar las cuatro maticas de maíz y fríjol que intercalan para demostrar que el popular herbicida afecta los cultivos de pancoger. Víctimas de Escazú serán también vitales e inaplazables proyectos hidroeléctricos, viales, de fracking y de minería.
También encuentran albergue en el acuerdo citado las consultas previas a comunidades con pocos miles de habitantes, por medio de las cuales pueden oponerse a las inversiones en sus regiones por razones políticas o por ignorancia, soslayando los grandes beneficios que se derivarían para millones de colombianos.