En el cuadro a continuación aparecen los resultados electorales de la segunda vuelta de las elecciones celebradas en 2010 y en 2018. En tal cuadro figuran las dos coaliciones que votaron en dichos eventos. La coalición de la derecha la integraron el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical. Y por la de la izquierda votaron Colombia Humana, Polo Democrático, Alianza Verde y el partido FARC. En ambas coaliciones participaron otros partidos políticos no mencionados por ser poco significativos.
Como se observa en el cuadro anterior, de continuar creciendo los partidos de la izquierda al elevado interés compuesto del 10,50% por año, nuestro próximo presidente, muy posiblemente, será un dictador socialista bolivariano, por una ventaja cercana a los 700.000 votos. Me preocupa el bajo crecimiento de los partidos de la coalición de derecha al modesto 1,82% por año, nada raro resultaría que no alcancen estos mi proyección.
Para proyectar aproximadamente los resultados electorales de la izquierda en la segunda vuelta del año 2022, empleé su tasa de crecimiento del 10,50% por año porque lamento admitir que cuenta hoy a su favor con el desempleo, el descontento y la angustia que nos han creado tanto la pandemia del coronavirus, como las protestas violentas en las calles de quienes bien saben que no pueden ganar elecciones en forma democrática.
No pueden seguir ignorando los numerales a continuación los partidos de la coalición de derecha, porque de seguir gobernándonos tan desunidos como nos gobiernan a la fecha, a partir de 2022 comenzaremos a buscar alimentos entre la basura, como en Venezuela.
1. En el Congreso proponen prohibir la aspersión aérea con glifosato de nuestro mar de coca, mar culpable de financiar los violentos paros recientes para someter el país al Eln y a las Farc residuales. También se financia el contrabando que quiebra las empresas domésticas, ahuyenta la inversión extranjera, nos eleva el desempleo y aumenta los votos por su coalición en 2022.
2. En el Congreso proponen prohibir la explotación de petróleo por medio del fracking, exportaciones sin las cuales el país se tornará inviable.
3. Reformar la justicia y las altas cortes para limitarles los poderes absurdos y su corrupción. Poderes que, en opinión de autorizados exmagistrados como Jesús Vallejo Mejía, nos acaban de eliminar totalmente la Constitución de 1991.
4. Respaldar y blindar jurídicamente nuestra Policía y nuestro Ejército.
5. Sorpresivo, insólito, nuestro Ministerio de Justicia acaba de proponer en el Congreso la unificación de los códigos Civil y Mercantil, para eliminar en Colombia nada menos que la seguridad jurídica, la libertad contractual, la propiedad privada y los derechos adquiridos, reforma preparada por los “sabios” de la Universidad Nacional, sin contar con las demás universidades del país.
6. El Congreso no debería ratificar el Acuerdo de Escazú, porque países como Chile, Perú, Brasil y México lo archivaron: “No lo ratificamos, porque consideramos que vulnera nuestra autonomía legal para transferirla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el poco convincente pretexto de proteger el medio ambiente”.
En el cuadro a continuación aparecen los resultados electorales de la segunda vuelta de las elecciones celebradas en 2010 y en 2018. En tal cuadro figuran las dos coaliciones que votaron en dichos eventos. La coalición de la derecha la integraron el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical. Y por la de la izquierda votaron Colombia Humana, Polo Democrático, Alianza Verde y el partido FARC. En ambas coaliciones participaron otros partidos políticos no mencionados por ser poco significativos.
Como se observa en el cuadro anterior, de continuar creciendo los partidos de la izquierda al elevado interés compuesto del 10,50% por año, nuestro próximo presidente, muy posiblemente, será un dictador socialista bolivariano, por una ventaja cercana a los 700.000 votos. Me preocupa el bajo crecimiento de los partidos de la coalición de derecha al modesto 1,82% por año, nada raro resultaría que no alcancen estos mi proyección.
Para proyectar aproximadamente los resultados electorales de la izquierda en la segunda vuelta del año 2022, empleé su tasa de crecimiento del 10,50% por año porque lamento admitir que cuenta hoy a su favor con el desempleo, el descontento y la angustia que nos han creado tanto la pandemia del coronavirus, como las protestas violentas en las calles de quienes bien saben que no pueden ganar elecciones en forma democrática.
No pueden seguir ignorando los numerales a continuación los partidos de la coalición de derecha, porque de seguir gobernándonos tan desunidos como nos gobiernan a la fecha, a partir de 2022 comenzaremos a buscar alimentos entre la basura, como en Venezuela.
1. En el Congreso proponen prohibir la aspersión aérea con glifosato de nuestro mar de coca, mar culpable de financiar los violentos paros recientes para someter el país al Eln y a las Farc residuales. También se financia el contrabando que quiebra las empresas domésticas, ahuyenta la inversión extranjera, nos eleva el desempleo y aumenta los votos por su coalición en 2022.
2. En el Congreso proponen prohibir la explotación de petróleo por medio del fracking, exportaciones sin las cuales el país se tornará inviable.
3. Reformar la justicia y las altas cortes para limitarles los poderes absurdos y su corrupción. Poderes que, en opinión de autorizados exmagistrados como Jesús Vallejo Mejía, nos acaban de eliminar totalmente la Constitución de 1991.
4. Respaldar y blindar jurídicamente nuestra Policía y nuestro Ejército.
5. Sorpresivo, insólito, nuestro Ministerio de Justicia acaba de proponer en el Congreso la unificación de los códigos Civil y Mercantil, para eliminar en Colombia nada menos que la seguridad jurídica, la libertad contractual, la propiedad privada y los derechos adquiridos, reforma preparada por los “sabios” de la Universidad Nacional, sin contar con las demás universidades del país.
6. El Congreso no debería ratificar el Acuerdo de Escazú, porque países como Chile, Perú, Brasil y México lo archivaron: “No lo ratificamos, porque consideramos que vulnera nuestra autonomía legal para transferirla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el poco convincente pretexto de proteger el medio ambiente”.