Reformas del presidente Petro

Un escritor de nombre Reinhold Niebhur dijo: “Dios nos dio paciencia para aceptar con serenidad las cosas que no podemos cambiar, coraje para cambiar las cosas que deben ser cambiadas y sabiduría para distinguir la una de la otra”. Pero los colombianos votamos por no distinguir entre la una y la otra.

Porque el presidente Petro ha solicitado, por ejemplo, apoyo para reformar con serenidad cosas que él mismo no está en capacidad ni siquiera de mejorar, como el desempleo, la pobreza y el narcotráfico; paciencia para continuar conviviendo con cosas que apremian ser reformadas por él, como la Justicia; y confianza en sus mayorías en el Congreso para aprobar o dilatar sus absurdos programas de gobierno cuando la frustración le proteste en las calles.

“Hoy las principales decisiones políticas dentro del Estado no se toman en el Congreso sino en la Corte. Nueve jueces deciden sobre las políticas públicas más fundamentales, a puerta cerrada, sin representación popular, sin responder ante nadie y sin control político ni supervisión judicial. Es evidente la politización del sistema judicial y una feroz caída en la calidad de los magistrados que son escogidos por sus afinidades ideológicas con el gobierno de turno y no por sus cualidades como juristas”. Rafael Nieto Loaiza.

“Mientras Estados Unidos con 327 millones de habitantes, tiene una única corte, con 9 magistrados, Colombia tiene con 50 millones seis altas cortes con 129 magistrados en propiedad y centenares de auxiliares… y 1′884.000 casos pendientes, sin resolver”. Rafael Nieto Loaiza.

Las reformas del presidente Gustavo Petro comenzarán por aumentar el número de jueces hoy de 11 por cada 100.000 habitantes hasta llegar a 15. Defenderá la acción de tutela. Creará un sistema de justicia adicional, la Justicia Agraria.

No soy abogado, pero considero que cada día que pasa se torna más inaplazable una reforma a la ineficaz y costosísima justicia colombiana, por culpa de su congestión, de su impunidad, de su mora judicial, del difícil acceso a ella, de su falta de seguridad jurídica y de su nefasta politización.

En 1994 se despenalizó el consumo de dosis personales de sustancias alucinógenas. Como consecuencia de esto, no puede una empresa hoy someter a exámenes de laboratorio a los operarios de equipos de los cuales depende la vida de una o más personas para saber si han consumido sustancias alucinógenas, por ejemplo, los pilotos de aviones de pasajeros, los conductores de buses, los cirujanos...

No comprendo cómo un grupo de soldados armados no puede defenderse de agresiones graves, como secuestros liderados por ciudadanos cocaleros, porque presenta el uso de las armas que portan las fuerzas del orden una desproporcionalidad manifiesta frente a los machetes de los cocaleros. No comprendo cómo capturan las Fuerzas del Orden a delincuentes con pruebas y hechos contundentes y nuestros jueces los dejan en libertad.

Caótica la prohibición de la Corte Constitucional de las aspersiones aéreas de los cultivos de coca con glifosato, a pesar de emplearlo para todos los cultivos agrícolas del país. La coca es la madre del contrabando en Colombia, del dólar barato causante de la quiebra de numerosas empresas domésticas, del desempleo, de la miseria, de los robos y de los atracos, con frecuencia, para sobrevivir…

Miopes los obstáculos de la Corte Constitucional para dificultar la extracción de petróleo en Colombia por medio del fracking. Entiendo que, sin fracking, en el año 2026 estaremos importando gas y en el año 2028 importaremos petróleo. Las exportaciones de petróleo participan con el 40% de estas, unos US$ 18.000 millones de dólares por año.

Entiendo que las tutelas proceden en otros países solamente cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial. Pero la “tutelitis” nos paralizó la justicia, puesto que proceden estas contra los derechos fundamentales y no fundamentales y proceden hoy hasta para las acciones de tutela contra las sentencias de tutela.

No olvidemos: sin justicia no hay democracia y sin democracia no se progresa.