El artículo publicado por ALnavío, diario de Madrid, firmado por el señor Antonio Chinchetru, el pasado 12 de julio, está encabezado así: “Los inversores extranjeros no se fían de la Colombia de Juan Manuel Santos. Su gobierno prometió que el acuerdo con las Farc atraería inversiones extranjeras. Sin embargo, estas se han hundido, al tiempo que se disparará el gasto público para financiar lo pactado con el grupo guerrillero”. A continuación, mi resumen de la extensa y bien documentada publicación.
Ha difundido Santos la idea de que su acuerdo de paz con las Farc, rechazado por la mayor parte de la población, va a suponer un impulso para la economía de Colombia. Ya en diciembre de 2015, presentó el Departamento de Planeación Nacional -DPN- un informe según el cual el crecimiento del Producto Interior Bruto -PIB- se incrementaría entre 1,1% y 1,9% por año, gracias al final del conflicto, incremento que será causado en especial por la Inversión Extranjera Directa -IED.
Entre enero y marzo de 2017, primer trimestre completo tras la firma del acuerdo, se registró el menor crecimiento de este período en relación con los ocho años anteriores. Por culpa de las erróneas políticas económicas del actual presidente.
Durante el primer trimestre del año en marcha, la IED resultó siendo menor en 46,5% que en el mismo período de 2016. El Ejecutivo justificó esta reducción a causa de los ingresos extraordinarios del año pasado por la venta de Isagén al fondo canadiense Brookfield, por la suma de 1.925 millones de dólares, argumento cierto. Pero igualmente cierto resulta que, durante el primer trimestre de 2015, en el cual no se presentó ninguna operación de este calado, la IED fue de 3.160 millones de dólares, un 20,4% superior al primer trimestre de 2017.
El acuerdo de paz no les resulta convincente ni al señor Chinchetru, ni a los inversionistas extranjeros. Reconoce, en principio, que un escenario sin conflicto con las Farc, debería ser beneficioso para la economía colombiana. Pero para eso deben darse numerosas condiciones. Una de ellas radica en que se desmovilicen, y existen temores más que fundados de que esto no vaya a ser así o que se reintegren a organizaciones del crimen organizado.
Además, sigue activo el Eln y la implementación de los acuerdos aumenta el temor a las expropiaciones de terrenos a los propietarios legales para ver cómo les quitan la titularidad para entregarlos a los grupos armados que los asaltaron y se asentaron en ellos.
Para rematar, concluye nuestro autor, el gobierno de Santos ha puesto la economía al borde del precipicio sin aportar los beneficios prometidos. El DNP prevé un incremento del gasto público de 130 billones de pesos para los próximos 15 años, nada menos que el 10,7% del PIB del período. El Ejecutivo prevé en forma ingenua que el 20% de esto será sufragado por fondos de cooperación internacional.
No lo incluye nuestro autor en su artículo, pero dichos fondos provendrán en gran medida del elevado endeudamiento del Gobierno Central, endeudamiento que les permitirá a las firmas calificadoras de riesgo degradar las inversiones en Colombia, a tal extremo, que se ahuyentarán aún más los inversionistas extranjeros.
El artículo publicado por ALnavío, diario de Madrid, firmado por el señor Antonio Chinchetru, el pasado 12 de julio, está encabezado así: “Los inversores extranjeros no se fían de la Colombia de Juan Manuel Santos. Su gobierno prometió que el acuerdo con las Farc atraería inversiones extranjeras. Sin embargo, estas se han hundido, al tiempo que se disparará el gasto público para financiar lo pactado con el grupo guerrillero”. A continuación, mi resumen de la extensa y bien documentada publicación.
Ha difundido Santos la idea de que su acuerdo de paz con las Farc, rechazado por la mayor parte de la población, va a suponer un impulso para la economía de Colombia. Ya en diciembre de 2015, presentó el Departamento de Planeación Nacional -DPN- un informe según el cual el crecimiento del Producto Interior Bruto -PIB- se incrementaría entre 1,1% y 1,9% por año, gracias al final del conflicto, incremento que será causado en especial por la Inversión Extranjera Directa -IED.
Entre enero y marzo de 2017, primer trimestre completo tras la firma del acuerdo, se registró el menor crecimiento de este período en relación con los ocho años anteriores. Por culpa de las erróneas políticas económicas del actual presidente.
Durante el primer trimestre del año en marcha, la IED resultó siendo menor en 46,5% que en el mismo período de 2016. El Ejecutivo justificó esta reducción a causa de los ingresos extraordinarios del año pasado por la venta de Isagén al fondo canadiense Brookfield, por la suma de 1.925 millones de dólares, argumento cierto. Pero igualmente cierto resulta que, durante el primer trimestre de 2015, en el cual no se presentó ninguna operación de este calado, la IED fue de 3.160 millones de dólares, un 20,4% superior al primer trimestre de 2017.
El acuerdo de paz no les resulta convincente ni al señor Chinchetru, ni a los inversionistas extranjeros. Reconoce, en principio, que un escenario sin conflicto con las Farc, debería ser beneficioso para la economía colombiana. Pero para eso deben darse numerosas condiciones. Una de ellas radica en que se desmovilicen, y existen temores más que fundados de que esto no vaya a ser así o que se reintegren a organizaciones del crimen organizado.
Además, sigue activo el Eln y la implementación de los acuerdos aumenta el temor a las expropiaciones de terrenos a los propietarios legales para ver cómo les quitan la titularidad para entregarlos a los grupos armados que los asaltaron y se asentaron en ellos.
Para rematar, concluye nuestro autor, el gobierno de Santos ha puesto la economía al borde del precipicio sin aportar los beneficios prometidos. El DNP prevé un incremento del gasto público de 130 billones de pesos para los próximos 15 años, nada menos que el 10,7% del PIB del período. El Ejecutivo prevé en forma ingenua que el 20% de esto será sufragado por fondos de cooperación internacional.
No lo incluye nuestro autor en su artículo, pero dichos fondos provendrán en gran medida del elevado endeudamiento del Gobierno Central, endeudamiento que les permitirá a las firmas calificadoras de riesgo degradar las inversiones en Colombia, a tal extremo, que se ahuyentarán aún más los inversionistas extranjeros.