El gobierno del presidente Iván Duque terminará muy alejado de pasar a la historia como un mandato destacado. “Ha presidido sin gobernar”, afirman algunos. Múltiples son las razones de estos resultados insatisfactorios para el 70% de los colombianos, aun cuando no siempre ha sido culpa del señor presidente, tal como ha sucedido con la pandemia del COVID-19 o como con su falta de mayorías idóneas en el Congreso para aliviar los déficits económicos y para reformar la justicia, la salud y las pensiones.
Al gobierno de Duque le ha faltado carácter y astucia para prever y controlar los focos de vandalismo. Carácter y astucia para mantener y restaurar el orden, para proteger la infraestructura y la propiedad tanto pública como privada, articulando los esfuerzos del Gobierno central, de los departamentos y de las Fuerza Pública, para merecer ingresar a la historia con pie derecho.
La gran mayoría de los colombianos reconocen que el narcotráfico es el principal problema del país con graves repercusiones sobre nuestras empresas y, sin embargo, el gobierno de Duque nunca ha priorizado protegerlas por medio de las aspersiones aéreas con glifosato.
Al finalizar su mandato, ya debería marchar muy avanzado en las aspersiones citadas con el fin de evitar que prosigan socavando, entre los dineros lavados del narcotráfico y el libre comercio con sus competencias desleales, nuestra producción doméstica y su empleo digno, por medio del contrabando directo, del contrabando técnico, de las subfacturaciones…
“Nos afecta ver que la Justicia premia a quienes han cometido los peores crímenes de nuestra historia bajo el abuso de la palabra paz”, dijo Duque cuando era candidato sobre una Justicia que le ha obstaculizado cumplir sus promesas.
Estimo que reformar a cabalidad nuestra Justicia es un reto clave para el último año de Duque, ya que nos apremia poder transformar nuestro nefasto sistema jurídico, el cual no nos merece ninguna confianza, porque eterniza sus soluciones o legisla en forma insensata como en sus prohibiciones para fumigar con glifosato y extraer petróleo por medio del fracking, generando así un escenario propicio para el incumplimiento de las normas y el empobrecimiento del país.
A pesar de lo anterior, sí van a continuar fracasando las fallidas reformas a la ley estatutaria para la administración de la Justicia emprendidas durante no menos de los últimos 12 años, a juzgar por el texto de reforma aprobado el pasado 15 de junio en Plenaria del Senado con 48 votos.
Algunos autorizados expertos consideran el texto aludido como extenso, típico de la literatura jurídica colombiana, encaminado para continuar demorando o engavetando los fallos judiciales y para continuar invadiendo labores exclusivas de los congresistas, como la aprobación de las 16 curules para las supuestas víctimas de las Farc. Pero, eso sí, texto encaminado a exigir más y más recursos sin claridad para asegurarnos que fallarán con mayor eficacia.
