Las pruebas del atentado contra el Centro Comercial Andino, reveladas por la revista Semana, mencionaron que los ocho sindicados hasta ahora son en su mayoría abogados y sociólogos de universidades públicas, casi todos vinculados o egresados de la Universidad Nacional.
El grupo del atentado al Andino se autodenomina Movimiento Revolucionario Popular -MRP. No supera las 40 personas. Funciona en tríadas, es decir, pequeñas células integradas por tres o cuatro personas. Los miembros de una tríada no se conocen con los de la otras tríadas. Pero todas las tríadas sí tienen un ideólogo común.
Tan pronto como fueron capturados, afirmaron los rectores, sus abogados, algunos medios de comunicación y las asociaciones estudiantiles, que se trataba de unos inocentes a quienes les estaban imputando delitos de concierto para delinquir, terrorismo, hurto, porte ilegal de armas y secuestro. Asimilaron el caso al de Alberto Júbiz Hasbún, quien permaneció cinco años en prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán, hasta que se demostró su inocencia. O sea, los sindicados son una injusticia más de nuestra incompetente Justicia.
Afirmó la revista aludida algo bien contradictorio: “Se trata de un grupo anárquico de extrema izquierda que carece de cualquier tipo de ideología y que simplemente busca generar caos por medio del terrorismo...Generalmente son buenos estudiantes y profesionales respetados que mantienen relaciones normales con su círculo familiar… Aprovechan coyunturas específicas, como los diálogos de paz y la temporada de elecciones, para efectuar sus ataques”.
Ningún grupo puede ser de extrema izquierda y carecer de ideología y, menos aún, generar caos por deporte, por buenos estudiantes y familiares que sean. Los capturados están señalados de participar en 14 ataques con explosivos en Bogotá entre 2015 y 2017. Ya la Policía los venía siguiendo desde hace un año.
Quien escribe es egresado de la Universidad Nacional en Medellín y tras retornar al país con una especialización en el exterior, dicté cerca de 10 años clase en la Nacional y hasta escribí con otro colega, Eduardo Valencia, un librito sobre la Economía de la Ingeniería que fue texto en algunas universidades del país. Un día cualquiera me llamaron y me dijeron: “usted ha sido suspendido como profesor, porque pertenece al sistema”. La razón verdadera, pertenecer al sistema, laborar para una empresa privada y profesar ideas capitalistas democráticas.
No ocultemos la realidad. En algunas universidades del país existe un sesgo ideológico inaceptable en estos centros académicos. No es de extrañar, en consecuencia, que allí germinen las semillas de algunos movimientos terroristas y que en ellas se gradúen los magistrados y jueces que fallan y dictan sentencias más nocivas que los delincuentes que pretenden juzgar. O que impidan el progreso del país como acontece con sus consultas previas a las comunidades, con el fin de que unos ignorantes aprueben obras públicas y explotaciones mineras inobjetables, necesarias.
