Los avances sociales de Colombia en estas décadas se deben, casi todos, a la Constitución de 1991.
El reconocimiento de las minorías étnicas y religiosas, los derechos de la mujer y de la población LGBT, el acceso extendido a salud y educación, la defensa de los derechos civiles ante intentos francamente autoritarios…
Pero esa fue una consecuencia no pensada de tres ideas sueltas de los constituyentes. La primera —y la más deliberada— fue el catálogo muy largo de derechos. La segunda fue crear una Corte especializada en la Constitución. Y la tercera —escondida por allá en algún inciso— fue por supuesto la acción de tutela.
El resultado de esta carambola fue convertir a los jueces en defensores del progreso social. No fueron los gobernantes, ni la ciudadanía, ni el movimiento popular, ni los partidos de izquierda quienes lograron reducir las injusticias y atemperar en algo la exclusión. A punta de “tutelazos” —y más que en ningún país— la protección de los débiles ha corrido por cuenta de los jueces.
Es una forma del llamado “activismo judicial”. Aplicando —mejor dicho: interpretando— la Carta de manera progresista, los tribunales obligan al Gobierno, al Congreso y aun a los particulares a proveer servicios o garantizar derechos que estaban enunciados en esa Constitución. ¡Mi aplauso para los jueces!
Pero aquí vienen los peros. Que los derechos sociales cuestan, y que la plata no alcanza para todos. Que la tutela es entonces como una lotería —y no como un servicio de verdad general y equitativo—. Que el gobierno de los jueces quebranta el equilibrio de poderes. Que, más aún, los jueces no son elegidos ni representan al pueblo soberano.
Esas son objeciones conceptuales. Y a ellas se agregan las que vienen del trópico: el abuso de poder por parte de los jueces y el natural intento de los “poderes fácticos” por controlar la escogencia de los jueces. Lo que tenía que pasar en Colombia. Y lo que está pasando en Colombia:
—Abusos de poder. Los carruseles, las pensiones obscenas, los micos en las reformas constitucionales, los paros judiciales, los choques entre las cortes, la feria de vanidades, los escándalos, la corrupción extendida, la impunidad de los jueces aún más extendida.
—Captura del Poder Judicial. Una justicia politizada frente a los procesos de paz, frente a los ataques de Uribe, frente al uso del cuantioso presupuesto, frente a las listas e intrigas para postular funcionarios o promover los ascensos en la Rama Judicial…
…y por este camino ya se nota que a las cortes están llegando magistrados de segunda o, que aunque no lo sean, interpretan la Constitución en el sentido menos progresista, o más retardatario, o menos favorable a los avances sociales.
Llegamos pues al fin de la burbuja. El atajo de 1991 ya logró lo que podía lograr y ahora está pasando su factura. Es lo que pasa cuando un país pretende construir democracia pero también pretende hacerlo sin el pueblo.
