Dos malas ideas

Yo no sé si Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega son o no son inocentes. Tal vez lo sean.

Y por esa razón el Centro Democrático propone crear un tribunal para volver a juzgar a estos y otros militares condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado. La idea suena muy justa.

Pero en efecto es absurda. Con la misma razón habrían de crearse tribunales para juzgar de nuevo a todas las personas que parezcan haber sido condenadas sin justicia... Y tribunales adicionales para reprocesar las condenas de esos nuevos tribunales. Y así sucesivamente: tan sólo Dios, si existe, puede ejercer una justicia infalible.

Lo demás son tribunales humanos, segunda instancia y debido proceso, que es lo que han tenido aquellos tres señores oficiales. Y es lo que deben tener todos los acusados por los delitos tocantes al conflicto armado.

Pero resulta que estos delitos están sujetos a tratados internacionales, porque el castigo de los crímenes de guerra es patrimonio de la humanidad: independientemente de si el juez es ordinario o especial, civil o militar, colombiano o extranjero, las penas tienen que ser igualmente rigurosas.

Por eso es también absurda la propuesta del Gobierno para que el fuero militar se amplíe y evitemos que nuestros generales acaben siendo tratados peor que los guerrilleros.

La idea es insensata porque el fuero militar no puede referirse a los delitos de guerra. La justicia militar se ocupa de las faltas contra la disciplina o la eficacia de las fuerzas armadas: insubordinación, deserción, irse a dormir en vez de prestar guardia... Esto requiere jueces militares y procedimientos especializados, que aquí o en Indochina constituyen el fuero militar.

Pero nada se gana con que los jueces militares decidan si un soldado es responsable de masacres, homicidios fuera de combate, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otro delito en el contexto de un conflicto armado.

Uno podría, sí, montar la farsa de un tribunal de amigos que absuelva a los militares. Colombia tal vez lo haga y hasta quizás se salga con la suya, pero eso, por supuesto, no sería justo, ni sería respetable, ni impediría que una corte internacional les eche mano a los culpables.

De modo que los jueces militares —los del Centro Democrático o los del fuero ampliado del Gobierno— tendrían que aplicar exactamente los mismos criterios que establecen la Constitución, el Código Penal y los tratados internacionales para juzgar y sancionar esos horrores. Lo cual implicaría que los militares acaben siendo castigados con más dureza que los guerrilleros.

La propuesta de Uribe y la de Santos resuelven el problema que no es. El problema consiste en rebajar las penas para los militares, y para eso existe la “justicia transicional”, la que perdona a cambio de la paz, la misma que valdría para los guerrilleros, la que está autorizada y existe ya en Colombia, la que no necesita del tapujo ni el enredo de Uribe ni el de Santos.