Suena como si advirtiera las cosas cosas más profundas y patrióticas, cuando en efecto está diciendo las más idiotas y mezquinas.
Su caso no sería grave si no hubiera ascendido de abogado de baranda, si no leyera la ley desde su religión, si sus poderes no fueran tan confusos, si no se hubiera hecho reelegir, si hablara menos de lo que no le toca e hiciera más de lo que sí le toca, si “la opinión” no viviera de frases bonitas pero huecas, si los medios no le hicieran tanto bombo, si no aspirara a ser —y hasta pudiera ser— el próximo presidente de Colombia.
Pero ninguna de las anteriores. O sea que su caso sí es grave, que el que se dice ser un simple “advertidor” es en efecto el gran confundidor porque —faltando a su deber— tomó partido en el tema que más nos polariza, y porque saca conclusiones absurdas y egoístas de premisas que suenan contundentes y altruistas.
Como dirían sus mentores medievales, vamos a la premisa mayor: la paz no puede ser “un pacto entre dos cúpulas” sino un acuerdo entre “todos los sectores de la sociedad”. Después de tantas babas sobre la democracia y la participación y las bellezas de la Carta del 91, es difícil encontrar un ciudadano de izquierda o de derecha que no crea o al menos no recite tan bonita insensatez.
Porque sucede, por supuesto, que los acuerdos de paz se negocian entre los comandantes de los dos ejércitos. Otra cosa es que existan consultas dentro de cada bando, que los disensos internos sean intensos, que el comandante sea cuestionado, o hasta que el preacuerdo quede condicionado al voto ciudadano.
Y aquí viene la suprema mezquindad. Como no hay modo de que “todos los sectores” sean representados ni de que todos se sienten a negociar con las Farc, cada gremio o cada figurón que dice un “acuerdo entre todos” en realidad está pidiendo que negocien con él.
Por eso, junto con otros vanidosos respetables, aquel “advertidor” anda tejiendo “un pacto nacional por la paz” que tiene tres problemas: que ellos no representan a “la Nación”, que no podrán llegar a un pacto y que ese pacto no sería con las Farc.
La premisa menor es otra frase hueca de la Constitución: que el Ministerio Público debe “defender los intereses de la sociedad”. Y así resulta que la opinión personal de un señor que no fue elegido por “la sociedad” —y a quien la Constitución precisamente le prohíbe “tomar partido en controversias partidistas” (artículo 127)— se arroga el nombre de “la sociedad” para participar de manera descarada, persistente y sectaria en el debate más clara y más intensamente partidista que haya tenido Colombia en varias décadas.
La conclusión del silogismo es lunática: como el acuerdo de paz necesita un “blindaje jurídico y político”, el mundo entero —es decir, las Farc, el Tribunal de Roma, el Gobierno y todos los “sectores de la sociedad”— tendremos que confiar en que el blindaje lo asegura el autodesignado “advertidor” que nos mandó Dios o nos mandó el azar.
