El debate sobre las objeciones a la JEP está sacando a la luz los sinsentidos jurídicos, políticos y morales del país que entre todos construimos.
Un primer sinsentido es que la Corte sea quien hace las leyes en Colombia. Cada una de las objeciones de Duque se refiere a una cosa que no decía la ley, sino que la muy larga sentencia de la Corte “aclaró”, “precisó” o “interpretó”. O sea, en castellano, a una cosa que la Corte añadió.
Por eso ahora resulta que el presidente no objetó la ley, sino el fallo de la Corte Constitucional. Y que esa misma Corte sería quien decida si el proyecto cambiado que salga del Congreso se ciñe o no se ciñe a la Constitución que ella ya interpretó.
Otra belleza nuestra es meter tanto abogado en un asunto que no es de su incumbencia. Las objeciones de Duque son por inconveniencia, es decir, en castellano, porque a él le parece que esos artículos de la ley no le convienen al país. Este es un juicio estrictamente político, una diferencia de opinión entre el presidente y los congresistas que expidieron la ley.
Pues ahora resulta que Duque objetó por inconveniencia el fallo de la Corte Constitucional. O sea que Duque tiene una diferencia política con los magistrados, que la Corte habría actuado como un tribunal político, que tomó partido en un asunto de conveniencia y no de constitucionalidad.
Por eso los uribistas acusan a la Corte de estar politizada y los antiuribistas dicen que Duque se rebeló contra la Constitución. ¡Toda una crisis institucional!
Otra perla consiste en que la ley pueda caerse si el Senado o la Cámara aceptan una sola de las muchas objeciones que se le ocurra hacer a un presidente. Basta entonces con que el nuevo gobierno tenga —o compre— unos votos en una de las cámaras para que tumben un inciso y con eso deshagan la obra de su antecesor. En este caso se caería la Ley Estatutaria de la JEP, o sea que la JEP no podría funcionar, o sea que no hay JEP, o sea que los ocho años de Santos no sirvieron para nada.
Lo cual nos trae a sinsentidos más profundos. El Acuerdo de Paz fue un convenio entre Santos y las Farc que el pueblo colombiano no aceptó y que el Congreso sin embargo “blindó” mediante varias reformas constitucionales. Esas reformas precisamente hicieron que la Corte fallara como falló en las materias que ahora objeta Duque.
Y, sobre todo, las reformas no podían “blindar” el Acuerdo por la simple razón de que un nuevo Congreso puede volver a cambiar la Constitución como a bien tenga.
Lo que de veras ocurrió fue muy sencillo: las elecciones las ganó el partido que se opuso al Acuerdo, y ahora está tratando de tumbarlo. Pero en vez de tumbarlo de frente —y de correr con las consecuencias—, está apelando a carambolas y a objeciones oscuras para el público.
Está apelando, además, al populismo para decir que la violencia contra los niños es una atrocidad peor que las masacres o los falsos positivos.
Y por su parte, los defensores de la JEP defienden la impunidad para todos esos crímenes, porque la JEP se inventó precisamente para darles un castigo menor a todos ellos. ¡Oh, país de los absurdos!
* Director de la revista digital Razón Pública.
El debate sobre las objeciones a la JEP está sacando a la luz los sinsentidos jurídicos, políticos y morales del país que entre todos construimos.
Un primer sinsentido es que la Corte sea quien hace las leyes en Colombia. Cada una de las objeciones de Duque se refiere a una cosa que no decía la ley, sino que la muy larga sentencia de la Corte “aclaró”, “precisó” o “interpretó”. O sea, en castellano, a una cosa que la Corte añadió.
Por eso ahora resulta que el presidente no objetó la ley, sino el fallo de la Corte Constitucional. Y que esa misma Corte sería quien decida si el proyecto cambiado que salga del Congreso se ciñe o no se ciñe a la Constitución que ella ya interpretó.
Otra belleza nuestra es meter tanto abogado en un asunto que no es de su incumbencia. Las objeciones de Duque son por inconveniencia, es decir, en castellano, porque a él le parece que esos artículos de la ley no le convienen al país. Este es un juicio estrictamente político, una diferencia de opinión entre el presidente y los congresistas que expidieron la ley.
Pues ahora resulta que Duque objetó por inconveniencia el fallo de la Corte Constitucional. O sea que Duque tiene una diferencia política con los magistrados, que la Corte habría actuado como un tribunal político, que tomó partido en un asunto de conveniencia y no de constitucionalidad.
Por eso los uribistas acusan a la Corte de estar politizada y los antiuribistas dicen que Duque se rebeló contra la Constitución. ¡Toda una crisis institucional!
Otra perla consiste en que la ley pueda caerse si el Senado o la Cámara aceptan una sola de las muchas objeciones que se le ocurra hacer a un presidente. Basta entonces con que el nuevo gobierno tenga —o compre— unos votos en una de las cámaras para que tumben un inciso y con eso deshagan la obra de su antecesor. En este caso se caería la Ley Estatutaria de la JEP, o sea que la JEP no podría funcionar, o sea que no hay JEP, o sea que los ocho años de Santos no sirvieron para nada.
Lo cual nos trae a sinsentidos más profundos. El Acuerdo de Paz fue un convenio entre Santos y las Farc que el pueblo colombiano no aceptó y que el Congreso sin embargo “blindó” mediante varias reformas constitucionales. Esas reformas precisamente hicieron que la Corte fallara como falló en las materias que ahora objeta Duque.
Y, sobre todo, las reformas no podían “blindar” el Acuerdo por la simple razón de que un nuevo Congreso puede volver a cambiar la Constitución como a bien tenga.
Lo que de veras ocurrió fue muy sencillo: las elecciones las ganó el partido que se opuso al Acuerdo, y ahora está tratando de tumbarlo. Pero en vez de tumbarlo de frente —y de correr con las consecuencias—, está apelando a carambolas y a objeciones oscuras para el público.
Está apelando, además, al populismo para decir que la violencia contra los niños es una atrocidad peor que las masacres o los falsos positivos.
Y por su parte, los defensores de la JEP defienden la impunidad para todos esos crímenes, porque la JEP se inventó precisamente para darles un castigo menor a todos ellos. ¡Oh, país de los absurdos!
* Director de la revista digital Razón Pública.