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La historia no se puede predecir porque depende de innumerables variables y de incidentes pequeños que producen consecuencias gigantescas.
Y sin embargo hay tendencias duraderas, y hay “pistas” sobre incidentes capaces de cambiar el curso de la historia. El proceso de paz parecería uno de ellos. O por lo menos eso cree la izquierda cuando sueña con los cambios que implicarán los acuerdos de La Habana. Y es lo que teme la derecha cuando piensa que las Farc van a tomarse a Colombia.
Pero las pistas reales dicen una cosa muy distinta: que después de tanto sudor y tanto ruido, el proceso de paz va a terminar en la desmovilización de las Farc, pero no en cambios políticos o sociales de mayor envergadura.
Por supuesto que reducir la violencia es un logro importantísimo; pero, igual que en cualquier paz negociada, el acuerdo de La Habana no hará más que reflejar la “correlación objetiva” de fuerzas entre las partes. Y esa correlación está tajantemente del lado del Estado.
Las Farc eran “un gigante militar pero un enano político”. Uribe golpeó tan duramente su poder militar que por eso se sentaron a la mesa, y hoy en La Habana son la parte débil política y militarmente. De esta manera el acuerdo final tendrá todo lo necesario —pero sólo lo necesario— para permitir que las Farc se desmovilicen. Y eso es exactamente lo que se ha ido recogiendo en la agenda y en los acuerdos anunciados hasta ahora.
Los puntos más difíciles son la justicia penal y la participación política de los comandantes. Pero después de tantos debates, tecnicismos (y contratos) ya se avizora el resultado factible: algunos mandos serán confinados a una zona que les sirva de “cárcel” (probablemente vigilados/protegidos por una fuerza internacional), desde donde podrán organizar su movimiento político en asocio con los mandos que no hayan sido condenados, y quizá con cierto apoyo financiero del Estado. No es poca cosa, pero no es la gran cosa, porque las ex Farc serán otra fuerza política minoritaria.
Claro está que la izquierda espera —y la derecha teme— grandes cambios en materia de tierras, de apertura política, de drogas y de víctimas. Pero en primer lugar, una lectura objetiva de los preacuerdos no muestra ni una coma de “castro-chavismo”. En segundo lugar, estos acuerdos irán a referendo popular, donde es casi seguro que no sean aprobados. Y en tercer lugar, aún aprobados, el Estado tiene muy poca capacidad para cumplirlos, como demuestra la Ley de Tierras y de Víctimas.
Y aquí viene el “incidente” decisivo: que el próximo presidente es Vargas Lleras. Será la nueva reelección de Uribe, y su tarea será minimizar los alcances del acuerdo y mantener la vía de derecha que Colombia ha tenido desde siempre.
Con un avance de veras importante: las carreteras e infraestructura para integrar las regiones y acabar el proceso de construcción nacional que comenzó Rafael Núñez. No con plata de Colombia, sino con los fondos internacionales que necesitan invertir en un país que entonces sí será “seguro y emergente”. Pero ese es otro capítulo.
El autor es el director de Razón Pública.
