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Después de tres años de negociaciones, y de su bajonazo reciente en la encuestas, el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc está próximo a firmarse.
El acuerdo se suscribirá porque desde un principio las Farc estaban decididas a firmarlo. Después de 50 años de desangre inútil y guerra degradada, los comandantes por fin se convencieron de que no pueden llegar al poder por las armas. De modo que esta vez estaban decididos a negociar.
Negociar en serio significa aceptar que los acuerdos reflejen la relación de fuerzas que existe entre las partes. Y en este caso, están fuera de duda la inferioridad militar y la impopularidad política de las guerrillas: puede ser una píldora muy dura de tragar para los comandantes, pero reconocer la realidad es el precio de una paz negociada.
Esto no significa la rendición incondicional y por eso se convino una agenda de reformas sociales y garantías para los exguerrilleros. Una lectura cuidadosa de los preacuerdos sobre desarrollo rural, participación política, narcotráfico y derechos de las víctimas muestra cómo en efecto ellos reflejan la relación de fuerzas entre el Gobierno y las Farc: ningún cambio socialista, pero sí planes progresistas en beneficio de los campesinos y movimientos populares que de algún modo están más cerca de esta fuerza guerrillera.
Esos preacuerdos se refieren a terceros, y se diría por eso que fueron los más fáciles. Pero seguía el hueso más duro de roer, el del futuro de los propios jefes guerrilleros. Por eso el proceso pareció estancarse durante más de un año. Y por eso ahora estamos en la etapa final.
Ocupados o distraídos por la violencia, las encuestas y los simplismos de ciertos figurones, los medios no registraron los avances discretos pero firmes de este último año. Y sobre todo no notaron el hecho que marca el comienzo de la última etapa en un proceso de paz negociada: la colaboración activa entre las partes para defenderlo e impedir su ruptura.
El Gobierno y las Farc, por supuesto, declaran que el proceso aún podría romperse. Pero los dos están ahora trabajando juntos —y decididamente— para sacar adelante el acuerdo. Yo veo cinco novedades principales:
—Negociar simultáneamente sobre todos los temas que faltan;
—El Gobierno destapó su propuesta de justicia para los guerrilleros, que le daría gusto a todo mundo (no amnistía ni rebaja de penas, pero sí prioridades escogidas por una “comisión independiente”, no extradición y penas no carcelarias);
—Participación formal de la ONU y Unasur por primera vez en la historia;
—Negociación entre mandos militares sobre cese final al fuego, concentración, desmovilización, entrega de las armas (lo que le gustó a Uribe) y protección de los exguerrilleros (a cargo nada menos que del general Naranjo);
—Cese unilateral por parte de las Farc, que irá siendo acompañado por el “desescalamiento” por parte del Estado, es decir, por la disminución de las acciones militares.
No es el final, pero sí es el comienzo del final.
*Director de Razón Pública.
