Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El proyecto del Gobierno en materia de salud se basa en tres principios ideológicos, tiene un altísimo costo, un camino viable y un peligro enorme.
El primer principio es fortalecer la prevención en salud, que había sido desmontada en Colombia y, por supuesto, es mejor que la medicina curativa; de aquí la idea de construir y financiar la operación de 2.500 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).
La segunda intención es mejorar las deplorables condiciones laborales del personal de salud, y por eso, en lugar de contratos por prestación de servicios, los médicos y enfermeras serían empleados de nómina o incluso podrían convertirse en servidores públicos.
El tercer principio del proyecto es aumentar la intervención del Estado en la gestión de los recursos y servicios del sector. De aquí ante todo la idea de eliminar o reducir las funciones de las EPS, que por lo mismo ha sido el tema principal de los debates y proyectos alternativos de los congresistas (empezando por el de los socios no izquierdistas de la coalición, que modifica el 68 % de los artículos).
Independientemente de su validez, estos tres principios son propios de un gobierno de izquierda, la concreción en materia de salud de una ideología que triunfó en las urnas. Pero estos tres principios tienen un punto en común: cuestan mucho dinero.
La población colombiana ha envejecido y hoy predominan las enfermedades degenerativas y cardiovasculares, o sea que la salud preventiva no ahorrará tanto como dice la ministra. Y en todo caso: según el memorando de los cuatro “ministros disidentes”, la reforma tendría un costo adicional de $144 billones durante los próximos 10 años; el presidente Petro replicó con su propio estimativo de “apenas” $111 billones entre 2024 y 2033; $11 o $14 billones anuales, la cuarta o quinta parte del presupuesto nacional hoy destinado a salud, más de media reforma tributaria del 2022 o medio punto adicional del PIB.
Pero el proyecto va a salir adelante. Las ideologías son dogmáticas y al mismo tiempo imprecisas en cuanto a fórmulas concretas; de aquí que, en contravía de lo que muchos creen, este Gobierno esté dispuesto a negociar los “detalles” de la reforma, siempre que algo se avance en las tres direcciones mencionadas. Dicho de otra manera: es seguro que saldrá una reforma del Congreso, es seguro que con ella tendremos más salud preventiva, personal mejor pagado y más presencia directa del Estado, es seguro que va a aumentar el gasto —y es seguro también que el Gobierno reclamará esa reforma como un triunfo político, porque obedece a sus promesas de campaña—.
Lo cual nos trae al gran peligro de la reforma que saldrá del Congreso. El mayor logro social de Colombia en las últimas décadas se refiere sin duda a la salud: la población asegurada pasó del 25 % en 1990 al 97,6 % en 2022 y la esperanza de vida ha aumentado en ocho años. Para lograr esto tuvimos que agigantar el gasto en salud (del 1 % del PIB en los años 80 a 7,5 % el año pasado) y crear un sistema complicado donde las EPS se encargan de que la plata alcance de algún modo: no invirtiendo en atención primaria, rebajando los salarios de médicos y enfermeras, retrasando las citas, haciendo que la gente tenga que usar tutelas…
La reforma negociada en el Congreso podría desbaratar ese sistema que a punta de trancazos y retoques ha venido mejorando la salud en Colombia, y acabar de dañar la situación de un servicio que ya se está dañando. Este es el gran peligro.
(Ahondo en este análisis histórico en “Entre la independencia y la pandemia, Colombia 1810 a 2020”).
* Director de la revista digital Razón Pública.
