Que nos quedamos sin saber la verdad, que no hay sino versiones contradictorias, que la justicia no operó en este caso.
Este pareció ser el saldo del diluvio de crónicas, entrevistas y debates que rodearon el horrible aniversario. Pero en efecto sí sabemos la verdad, las versiones distintas no se excluyen, y la justicia colombiana operó como acostumbra.
Para no confundirse hay que mirar los momentos sucesivos de esta historia:
1. La toma del Palacio fue una decisión del M-19, que por lo mismo es moral y políticamente responsable de todos los episodios que siguieron a este acto. La insurrección armada en Colombia no era una guerra justa, y por eso las personas que militaron o apoyaron al M-19 fueron coautores de estos y de todos los horrores que tuvieron lugar en esa guerra.
En materia penal y como de costumbre, una ley de amnistía liberó de responsabilidad a los exguerrilleros que no habían muerto. Y los ciudadanos que desde entonces han votado por ellos incumplieron su deber de exigirles su responsabilidad política.
2. En una decisión dramática, pero legítima, el Gobierno se negó a negociar y por lo mismo ordenó la retoma del Palacio. Muchos creen —con razones— que la tragedia pudo haberse evitado, y otros creen —con razones— que el Estado no debía negociar con terroristas. Era un acto potestativo del presidente, y en todo caso la justicia colombiana (Comisión de Acusaciones) se abstuvo de condenarlo.
3. El Ejército retomó el Palacio a sangre y fuego —y es aquí donde cabe más debate—. Hubo grave ineptitud y pudo haber violaciones del derecho de guerra, porque no todo se vale en combate. El uso torpe o excesivo de la fuerza en medio de un operativo militar legítimo es un punto muy esquivo del derecho de gentes, pero ningún juez civil o militar en Colombia o afuera ha creído en 30 años que haya bases para procesar a ningún oficial o soldado por estos hechos.
4. La operación desastrosa del Gobierno merecía un juicio ante el Congreso. Betancur no dio la orden de evitar los excesos ni dio la orden de cesar el fuego, o no lo obedecieron y hubo un “golpe de Estado”: de todos modos el presidente asumió la responsabilidad, y el Congreso —o en su caso la Corte Suprema— han debido exigírsela. Aunque en justicia habría que añadir que merecían juicio la ventanilla de López, las torturas de Turbay, las ausencias de Barco, la Catedral de Gaviria, los dólares de Samper, el trato entre Pastrana y Tirofijo, los de Uribe con las Auc y otras acciones —más deliberadas— de nuestros presidentes.
5. Los desaparecidos en manos de las fuerzas militares son un capítulo aparte de asesinatos fuera de combate. Las condenas penales hasta ahora se han referido exclusivamente a estos crímenes, aunque quedan vacíos y aunque el esfuerzo por encubrir se siga manteniendo: lo habitual en la justicia de Colombia.
Ese fue nuestro pasado. Y ese es nuestro futuro.
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Como hizo notar el doctor De la Calle a propósito de mi columna anterior, el Gobierno y las Farc no han pactado que el tribunal de paz sea escogido por una comisión bipartita. Rectifico y aclaro que para bien y para mal el acuerdo sobre justicia en realidad no existe.
* Director de Razón Pública.
