Los impuestos y el gasto del Estado son el resumen del pacto constitutivo de cada sociedad.
El pacto, en teoría, se basa en la eficiencia y la equidad: la mínima distorsión de la economía, el máximo beneficio para los pobres. Estas dos metas pueden contradecirse, y de ahí las escuelas enfrentadas y tecnicismos de los economistas.
Pero en la práctica el pacto es el retrato de la capacidad de presión de cada grupo. Y en el caso de Colombia es el resumen fosilizado de una historia de afugias, atajos y vivezas que nos fueron armando esta maraña kafkiana que hoy tenemos.
Para empezar: no se pagan impuestos. Con 17 % de tributos sobre el PIB, estamos lejos del 30% (Estados Unidos) o del 60% (Suecia) necesario para financiar nuestro flamante “Estado social de derecho”. Lo anterior fue más cierto desde la Colonia y hasta no hace mucho, porque en los últimos 20 años se duplicó el tamaño del Estado colombiano. Y en este lapso se ve muy bien cómo funciona nuestro “pacto social”.
El asunto no comienza por la eficiencia o la equidad sino por las afugias del Estado —y de los congresistas, que viven de aumentar el gasto en clientelismo—. Y los ingresos del fisco no se rigen por aquellos principios complicados, sino por otro bastante más sencillo: cobrarle al que se deje y donde sea más fácil recaudar.
Lo más fácil es aumentar la deuda pública, que hoy se acerca al 50 % del PIB y que en efecto enriquece a los banqueros. Lo segundo es recaudar regalías —que no son un impuesto sino un pago por llevarse el petróleo o el carbón—, de modo que en los últimos diez años no aumentaron los tributos pero el Estado está gastando el 29% del PIB (o sea 12 puntos más de lo que cobra por impuestos: nos estamos comiendo el patrimonio de las próximas generaciones).
Lo tercero es cobrarles a los consumidores desorganizados, es decir, a la clase media y a los pobres: por eso desde su invento en 1974, la cobertura y tarifas del IVA han venido subiendo hasta aportar hoy un 30% del recaudo. Otro 35% viene del impuesto a la renta, que suena equitativo, pero en efecto lo pagan los accionistas grandes o pequeños de las empresas formales, de modo que las personas naturales —es decir, los ricos— pagan apenas el 1% sobre el PIB (cuando en la OECD pagan el 8,4%).
Ni hablar de grupos de presión especializados, de los terratenientes que dominan el Congreso y han evitado que se cobre el predial; de los tres billones que bajo Uribe “salimos a deberles” a las mineras; de los descuentos, exenciones y subsidios que “se cuelan” en cada reforma tributaria; del circo o la tristeza repetida al ver cuánto recaudan y quién paga en 32 departamentos y 1.300 municipios de Colombia.
Sin añadir la corrupción de la DIAN. Y sin siquiera mencionar el gasto público, esa piñata enorme donde cada vivo y cada fuerza viva saca más de lo que pone.
¡Qué ingenuidad creer que otra misión de expertos nos va hacer la reforma “estructural”!
