Los siete pasos hacia la impunidad

Primero fue el Acto Legislativo 01 de 2015, que se inventó otro fuero penal para la Fuerza Pública.

El fuero que existía —y el que existe en el mundo— consiste en que sean militares quienes juzgan las faltas al servicio (como decir la desobediencia o la deserción) porque ponen en peligro la suerte del Ejército. Pero aquí se inventaron (1) que la justicia militar se ocupe de crímenes de guerra, (2) que estos juicios se rijan sólo por el DIH y (3) que la Policía quede cobijada. O sea que los uniformados se juzgarán a sí mismos por los crímenes en contra de terceros indefensos y sin plena sujeción a las leyes colombianas.

Segundo será la amnistía para las Farc. Perdonar la rebelión y sus delitos conexos (como el porte de armas) es parte obvia de una paz negociada, pero aquí entra a jugar el fallo de la Corte según el cual el narcotráfico es un delito conexo. O sea que no habrá extradiciones, cuando son tristemente el único castigo que de verdad existe.

Tercero será el Tribunal para crímenes de guerra que castigará sólo en “los casos más graves y representativos”, sólo a los “responsables directos” (no a su superior jerárquico), sin cárcel para el que confiese a tiempo y cárcel disminuida para quien lo haga a destiempo. Esta es la impunidad de la guerrilla que con razón han denunciado Uribe y Amnistía Internacional.

Pero estos críticos ignoran cuán difícil ha sido negociar con las Farc. Y acá nos topamos con el elefante que han logrado esconder bajo La Habana: el Estado colombiano no tiene nada que negociar —mucho menos su régimen penal— con los militares o civiles que están sujetos a su soberanía.

Así que el cuarto paso —el de gigante— hacia la impunidad comenzó con la propuesta de Gaviria para extender la “justicia transicional” a los demás actores del conflicto. Fue lo que Enrique Santos habló con Timochenko, y lo que dice el acuerdo publicado. Sólo que resultaría inaudito que los militares acaben siendo juzgados bajo unas reglas convenidas con las Farc.

De modo pues que los ministros de Defensa y Justicia firmaron un “compromiso” (¿?) para que los agentes del Estado tengan un tratamiento especial, “diferenciado, simultáneo y equitativo”. Fiesta en los cuarteles: el texto añade que los militares y policías presos por delitos de este tipo podrán pedir la revisión de sus sentencias (y salir libres por pena cumplida), que el superior jerárquico no responderá sino por acciones directas, y que las penas se cumplirán en instalaciones militares (ya de hecho ordenaron los traslados).

Pero hasta aquí no cabrían los paramilitares y sus cómplices civiles. Por eso el quinto paso sería el tribunal adicional que propone el uribismo para juzgar a militares y civiles, con cinco años de pena como máximo y revisión de las sentencias ya en firme.

El sexto paso lo están dando los abogados de las Farc Leyva y Santiago, cuando visitan a los presos por la “yidispolítica” para decirles que sus delitos fueron parte del conflicto armado y que por tanto saldrán de la cárcel.

Ni la ciudadanía ni los medios quieren verlo, pero las Farc y Uribe trabajan juntos para que nadie sea castigado. La paz que viene es una paz entre ellos, con Santos como intermediario, y el resto de nosotros sin más alternativa que la de agradecerla.

* Director de la revista digital Razón Pública.