Un contrato está hecho cuando ha sido firmado por las partes que están capacitadas para cumplir sus cláusulas.
Someterlo a aprobación de terceros —que ni siquiera conocen o comprenden sus intríngulis— es el modo más seguro de no celebrar contratos.
Pues el acuerdo de La Habana es un contrato entre el Gobierno de Colombia y las Farc, que no necesita de constituyente, “congresito”, referendo, consulta, papeletas en octubre, ni otra ninguna ocurrencia de nuestros zorros políticos.
Habría, sin embargo, dos motivos para pedir que un acuerdo de paz sea refrendado: uno jurídico, si el texto crea obligaciones a cargo de terceros; otro político, si quienes firman no representan en efecto a esos terceros.
En lo jurídico, el Gobierno no puede comprometerse a nada que desborde sus funciones. Esto implica que el acuerdo no podrá cambiar la Constitución, ni clausurar el Congreso, ni reemplazar a los jueces. Implica que las otras ramas del poder no quedarán amarradas por el texto. E implica que una reforma radical (algo, digamos, que toque la Constitución) tendría que pasar por el Congreso —y no necesaria ni preferiblemente por el referendo o la constituyente—.
En lo político, es obvio que muchos colombianos se sienten traicionados o desconfían de Santos, e incluso es de prever que la mayoría votaría en contra del acuerdo. Pero sucede que Santos justamente fue reelegido para la paz con las Farc, que el presidente es jefe del Estado y “simboliza la unidad nacional”, que la ley lo autoriza expresamente para pactar la paz y —si faltara— que las fórmulas para refrendar el acuerdo son a cuál menos sensatas:
- La constituyente (o el congresito) podrían dejar intactos o podrían reescribir los acuerdos de La Habana; lo primero sería muy inútil y lo segundo sería muy dañino.
- El referendo (o la consulta) nos llevarían al absurdo de contestar con un simple “sí” o “no” a un mamotreto con centenares de ideas sobre cosas humanas y divinas.
Y sin embargo los políticos insisten en su absurdo: Santos en el referendo que prometió por desespero en su campaña, las Farc en la constituyente que han anhelado desde su fundación, Uribe en el “congresito” donde su grupo tendría mucho peso. Cada uno tratando de sacar ventaja, todos haciendo demagogia populista, todos poniendo en grave riesgo la paz que Colombia necesita como el aire.
El compromiso de refrendar el acuerdo no tiene base jurídica o política y existe solamente en una parte: en el punto 6.6 del documento que suscribieron las partes al comenzar el proceso de La Habana. Y por aquello de que “las cosas se deshacen como se hacen”, bastaría que el Gobierno y las Farc acordaran ignorar ese punto para librarnos a ellos y a nosotros de un enredo que en el mejor de los casos no añade nada y en el menos mejor desbarata el proceso.
* Hernando Gómez Buendía, Director de razonpublica.com.
