Nuestra triste oposición

No a la impunidad para los guerrilleros. No a su participación en política. No al deshonor de nuestras Fuerzas Armadas.

Estas son las tres consignas de la campaña que acaba de iniciar el Centro Democrático, como la única fuerza organizada de oposición al presidente Santos. Pero este movimiento de “resistencia civil” no hace más que apelar al sentido genuino de justicia para esconder su dramática incongruencia moral. Y esta es la triste oposición que tenemos.

Veamos la primera consigna. Todos sentimos o habríamos de sentir indignación ante la impunidad para los jefes de las Farc. Recordar uno cualquiera de sus crímenes atroces —Bojayá, el collar bomba, los diputados del Valle…— hace temblar de indignación en nombre de las víctimas. Y en esto tiene toda la razón el Centro Democrático.

Pero aquí empieza la incongruencia moral. Hay otras víctimas de crímenes atroces —El Salado, Mapiripán, las motosierras…— que Álvaro Uribe perdonó de manera gratuita y prematura. Sin plebiscitos, sin misiones de la ONU, sin campañas masivas de “resistencia civil”, el presidente Uribe y sus aliados fueron los abogados de los paramilitares para esquivar cada objeción que por entonces opusieron la Corte Constitucional y los defensores de derechos humanos. El resultado fue la farsa de “Justicia y Paz”, que se resume en unas pocas cifras: 42.000 homicidios acumulados, 32.000 paramilitares desmovilizados, 3.600 cabecillas identificados, cerca de 900 judicializados, 36 condenados en primera instancia, 22 condenados en firme, ocho años de pena máxima, y libertad para casi todos a partir del 2015.

De modo, pues, que quienes encabezan el no a la impunidad para los crímenes de guerra son quienes menos autoridad moral tienen para oponerse a perdonar los crímenes de guerra. Esto es triste.

Paso a la segunda consigna del Centro Democrático. Una de las falacias jurídicas de Uribe en favor de las Auc fue tratar de otorgarles estatus político porque su delito era el de “sedición” —o sea, el de tramar golpes de Estado, cuando en efecto estaban ayudándole al Estado—. Por eso es incongruente que él sea quien se opone a que los autores del delito político de “subversión” sean tratados como tales. Y es incongruente exigir que se les prive de derechos políticos cuando su ley de Justicia y Paz no hizo lo mismo con los paramilitares. Esto es triste.

Y vengo al deshonor para las Fuerzas Armadas. La indignación de Uribe se debe a que los militares serían cobijados por la misma justicia que se pactó en La Habana para los guerrilleros. Es decir: por esa misma impunidad de crímenes de guerra que él no puede aceptar para los guerrilleros. Es muy triste.

Lo de veras deshonroso para las Fuerzas Armadas de Colombia es que quien fue su adalid y supremo comandante las rebaje a confundir los criminales militares con los cientos de miles de oficiales, soldados y policías que entregaron o expusieron su vida en defensa de esa ciudadanía que por obra de sus líderes anda tan tristemente confundida.

* Director de la revista digital Razón Pública.