Perdedores

En todos los pleitos hay dos opiniones. Ambas son discutibles, y por eso es el pleito.

Por eso mismo se inventó el sistema judicial, y éste supone tres premisas absolutas: que el juez decida y las partes se sometan, que el juez sea imparcial y que ambos bandos puedan presentar sus argumentos. El resultado puede no ser justo, pero es lo más parecido a la justicia que los humanos han podido inventar.

En el caso de Petro se cumplió la tercera condición. Abogados amigos y enemigos han inundado los tribunales y los medios con tantas teorías y alegatos que no se sabe quién tiene la razón (o al menos yo no lo sé).

Pero quedó bien claro que los jueces no son imparciales y que las partes no acatan a los jueces. Comenzando por el presidente, que decidió saltarse a la CIDH. Lo hizo, por supuesto, con buenos argumentos (que la vida de Petro no está en riesgo, que las medidas cautelares no están en el tratado y que la CIDH se extralimitó), pero él no puede decidir sobre eso, precisamente porque no es el juez.

Ni es imparcial. Santos es candidato en campaña, Petro es oposición, Bogotá es Bogotá y Pardo es Pardo. Todo mundo sabía que Petro reclamaba medidas cautelares y Santos había dicho que acataría a la CIDH, pero no le gustó su decisión: tomó partido y, por pura coincidencia, tomó el partido que le conviene a él.

Como también, por pura coincidencia, las demás autoridades —y los jueces— han tomado el partido que les sirve mejor. Es lo más desconsolador de este episodio: en Colombia no hay estadistas, no hay jueces, no hay analistas, no hay periodismo independiente; hay abogados cuya interpretación “rigurosa” de la ley, por pura coincidencia, es la que uno podría predecir.

Eso, por supuesto, vale para el alcalde y sus buenos abogados. Pero vale también para el procurador: yo no sé si su decisión fue justa, pero sí sé cuáles son su ideología y sus nexos políticos, como también sé que habiendo tantos juristas no había necesidad de elegir y reelegir a uno tan controvertible para un cargo con semejante poder y discreción.

Vale para el fiscal general, cuya opinión, educada e imparcial, por coincidencia, es siempre opuesta a la del procurador: que hay que cumplir las medidas cautelares, que Petro no cometió delitos (aunque apenas comienza su investigación). Vale para los jueces de la tutelatón, que fallaron blanco y negro sobre los mismos hechos y bajo las mismas leyes. Vale para el magistrado Armenta, cuya esposa trabaja en el Distrito. Vale para los ires y venires del Consejo de Estado y los amigos “íntimos” del procurador. Vale para el Consejo Superior de la Judicatura que todos conocemos. Había valido para la Registraduría y los tribunales en la novela de las firmas de la revocatoria. Y está por ver si la Corte Constitucional mantiene o no su tesis de que la CIDH obliga al presidente.

En resumen: la política triunfó sobre el derecho, y con eso perdimos los simples ciudadanos.

Hernando Gómez Buendía*